La situación de la niñez y la adolescencia vulnerable en la ciudad de Rosario sigue siendo foco de reclamos. En las últimas horas, a la denuncia de los trabajadores de salud pública de Rosario –que motivó el llamado a una mesa de diálogo de parte de la secretaría de Niñez y las tres direcciones: Rosario, Santa Fe e Interior– se sumó el reclamo del Colegio de psicólogas y psicólogos de Rosario, Segunda Circunscripción y de organizaciones sociales que trabajan en permanente contacto con niñeces y adolescencias vulnerables.
El Colegio de psicólogas y psicólogos es una de las instituciones de la ciudad a la cual estuvo dirigido el documento emitido por los profesionales de la salud, a fin de solicitar su intervención. En el mismo, se enumeraron serias irregularidades de la gestión oficial en relación con la tramitación de casos que involucran a niñas, niños y adolescentes vulnerables.
Natalia Palma, vicepresidenta del Colegio, explicó, en diálogo con Rosario3, que desde esa institución vienen evaluando tanto “las condiciones de las prácticas como la presencia del Estado a través de las políticas públicas que implementa”.
Según describió, el Colegio viene elaborando un análisis minucioso, con la asesoría legal propia y el aporte de trabajadoras y trabajadores del campo de las infancias y las adolescencias, y señaló que el decreto 2737/22 reglamentario de la Ley 12.967 de Protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes “atrasa y va en contra de la Convención de los derechos del niño y de la Ley de salud mental”.
En ese sentido, el Colegio indica que se trata de “una lógica que opera desde el estigma hacia niñas, niños y adolescentes, dada la superpoblación de niñeces en situación de internaciones que denota una patologización y judicialización de las situaciones, contrario a los claros lineamientos de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Conisma) y sus recomendaciones sobre el acompañamiento de infancias y adolescencias, tanto desde lo comunitario como desde la construcción de un entramado intersectorial”.
En relación con lo denunciado por profesionales de la salud, Palma señaló que a partir de escuchar a las y los trabajadores, observaron un “claro retroceso en la territorialidad”, e indicó que si bien se reúnen en mesas de trabajo y participan de reuniones barriales con otros actores institucionales para discutir sobre políticas públicas, “estos análisis se ven sobrepasados muchas veces por la realidad”.
También apuntaron a la precarización laboral de trabajadores que cumplen tareas en el área de Niñez. Con respecto a los centros residenciales –que, en su mayoría, no son del Estado, sino que operan a través de la tercerización– “el problema que los afecta es la falta de lineamientos de las políticas públicas”, dijeron, pero remarcaron que la intención no es señalar a los trabajadores. “Hay un claro modo de operar que no es el de la prevención y los cuidados. Sin recursos y sin lineamientos claros –subrayan– el límite está en las condiciones de las prácticas”.
Desde el Colegio solicitan con énfasis que el decreto 2737/22 ya aludido “sea derogado” y reclaman: “mayor creación de cargos para salud y educación, pase a planta permanente de las y los trabajadores precarizados y que se cumplan las legislaciones vigentes, ya que constituyen el marco de exigibilidad para las políticas públicas con perspectiva en derechos humanos”.
En el medio están niñas, niños y adolescentes esperando respuestas
Una mirada cercana y puntual sobre el tema es la de las organizaciones sociales que trabajan codo a codo con mujeres y niñeces en situación de vulnerabilidad, ya que al acompañarlos en el momento de la denuncia y durante el período posterior a la intervención judicial, son testigos de las limitaciones del sistema y del perjuicio que esto causa en las personas damnificadas.
“La crisis del sistema de protección de las infancias y adolescencias viene desde hace tiempo. Ya en la gestión de Miguel Lifschitz (2015-2019) se veía un déficit marcado en la atención del área, algo que se profundizó a partir de la pandemia”, afirma la referente de la organización Ampliando Derechos, Nora Giacometto.
“Y en la actualidad –añade– a esto hay que agregar que la realidad en el territorio está atravesada por el narcotráfico y la violencia y los más perjudicados son niñas, niños y adolescentes”.
Además, desde la organización vienen observando falta de coordinación entre los dispositivos provincial y municipal de Niñez. “No se trabaja coordinadamente y existen enormes trabas burocráticas que dificultan la intervención y la resolución de situaciones”, resalta Giacometto y relata, a modo de ejemplo: “A nosotros nos han llamado para que participemos de alguna situación. A los quince días del llamado se realiza la primera reunión, a la que asisten representantes de ambos dispositivos (provincial y municipal), el centro de salud barrial, organizaciones que intervinieron y la escuela, entre otros. Se habla de lo sucedido. A los quince días de esa fecha, se hace una nueva reunión en la que se presenta y lee un informe, luego de lo cual se pacta una nueva reunión para dentro de quince días y así sucesivamente”.
Los casos se extienden en el tiempo, su resolución se demora y en el medio hay niñas, niños y adolescentes que están esperando saber, por ejemplo, si los van a separar de la madre o si los derivarán a la abuela o a otra familia. Son cuestiones que los llenan de incertidumbre y al prorrogarse tanto la solución, también se acrecienta su incertidumbre y su malestar.
Dedes la organización señalaron también a los centros de residencia, donde los chicos son institucionalizados. “Esos lugares son de la precariedad más grande que uno pueda encontrar. No están garantizadas las condiciones edilicias mínimas y están a cargo de personas que no cuentan con la capacitación necesaria. No son acompañantes terapéuticos ni están preparados para hacer frente a distintas situaciones de violencia que pueden darse cuando los chicos vienen, por ejemplo, con problemáticas psicológicas o psiquiátricas o están atravesados por problemas de consumo, fenómeno que hoy afecta a niños con una edad promedio por debajo de los once años”.
“Hay que considerar además, la falta de presupuesto que condiciona la tarea. Tenemos una estructura burocrática con numeros cargos de mando para el área, y al mismo tiempo no hay recursos suficientes para que los chicos coman bien y cubran sus necesidades básicas, en un período de crecimiento –que es, además– muy difícil de sus vidas”, puntualiza Giacometto.
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