Un informe elevado por el municipio al Concejo de Rosario deja al descubierto una serie de irregularidades que la gestión actual detectó en el área de Control y Convivencia al momento de asumir. De acuerdo al reporte, había un desmanejo casi total de recursos que iban desde el reparto de horas extras hasta la compra de artículos de librería.

La situación en cuestión ya se había puesto de manifiesto durante una reunión que la comisión de Seguridad del cuerpo deliberante mantuvo en mayo de este año con la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru. 

Según contaron concejales que participaron de ese encuentro, la funcionaria detalló una serie de hechos irregulares con los que se encontraron cuando llegaron a esa dependencia y cómo los estaban solucionando. Pero al tratarse de una reunión que no fue transmitida en vivo, había distintas versiones de los dichos de la secretaria. 

De hecho los propios trabajadores municipales salieron a desmentir las acusaciones y la situación escaló al punto que, unos días después de que trascendiera la noticia, la dirección de Tránsito municipal, apareció empapelada con la foto de Carolina Labayru y abajo la frase “persona no grata”.

Por todo esto fue que el presidente de la comisión de Seguridad del Concejo, Lisandro Cavatorta, decidió elevar un pedido de informes para que desde la Secretaría respondan por escrito cada uno de los puntos que se habían expuesto en esa reunión.

Casi seis meses después, el municipio respondió ese pedido de informe en el que se reconocen una serie de irregularidades y también se explican cuáles fueron los cambios que se llevaron adelante, principalmente desde la transformación de la Guardia Urbana Municipal (GUM) en la nueva dirección de Control de Proximidad.

Horas extras y redistribución de tareas

Uno de los puntos detallados en el informe tiene que ver con la forma en la que se distribuían las horas extras y se asignaba a los agentes de calle durante la gestión anterior. “Aproximadamente un 40 por ciento del personal operativo se encontraba cumpliendo jornada laboral en el sistema feriante. Esto dificultaba la operatividad en los servicios ordinarios de lunes a viernes”, señalaron.

A eso, le sumaron que no existía un control sobre el cumplimiento de las horas extras y, en lugar de abonarse a quienes efectivamente cumplían con el trabajo adicional, se asignaban de forma equitativa entre todos los agentes. Es decir, todos cobraban la misma cantidad de extras sin importar si verdaderamente cumplían o no con la contraprestación a cambio.

“En la actualidad el porcentaje de personal afectado a ferias no representa ni un 10 por ciento del total y la política de asignación de extras se normalizó, atendiendo las necesidades del servicio y destinándolas a tareas específicas”, remarcaron en el escrito.

A modo de ejemplo, siempre según el informe municipal, con los mismos recursos que hasta 2019 alcanzaban sólo para cubrir reclamos del 147 y recorrer las peatonales de la ciudad, ahora se extendió el patrullaje también a los centros comerciales de Alberdi, Tiro Suizo, barrio Hospitales, Echesortu y Pichincha. 

En tanto que las horas extras que antes permitían mostrar presencia en las peatonales, calle recreativa, Rambla Catalunya y atender reclamos del 147, ahora se también se trabaja en la zona del parque de las Colectividades, el paseo de la Diversidad, el parque España y realizar operativos de tránsito en la costanera norte y central, entre otras cosas.

Esa desorganización en la forma de distribuir los recursos tenía que ver, en parte, con que hasta el 2019 el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior), contaba con dos jefes de base que cumplían horarios en simultáneo. 

Esto significa que el área en el que se recepcionan los reclamos de los vecinos y también recibe los reportes del personal de calle, funcionaba durante buena parte del día sin una autoridad a cargo de tomar decisiones.

Reordenamiento de compras

Entre los trascendidos de la reunión del pasado mayo, los concejales señalaron que Labayru habló de gastos irregulares. Por un lado en la compra de elementos de librería donde se registraban compras por 80 mil pesos que, una vez que se centralizó la gestión, pasaron a costar 50 mil. 

Algo similar ocurría con la carga de combustibles. Hasta el 2019 esto se hacía por intermedio de una tarjeta y, según detectaron, en algunas oportunidades ese plástico se utilizaba para llenar el tanque de autos particulares.

A partir de esto es que se procedió a la centralización de las compras por intermedio de la dirección Administrativa, Económica y Financiera. “Las solicitudes de compras son demandadas por directivos de cada área que elevan el pedido a la coordinación de equipamiento para que corrobore el stock y apruebe o no el pedido de compra que luego debe realizar la dirección antes mencionada.

Centralización del sistema de grúas

Otro de los temas que en su momento había llamado la atención de los concejales tiene que ver con las grúas que se utilizan para el acarreo de vehículos durante los controles. En su momento los trabajadores municipales habían denunciado ante la comisión de Seguridad que actualmente existe una especie de cupo para el traslado de vehículos que sobre fin de mes se cubre y a partir de ahí ya no se pueden trasladar.

De acuerdo a la versión que dio Labayru en la reunión de mayo, lo que sucedió es que hubo un cambio en la forma de controlar el servicio que prestan las grúas contratadas ya que notaron serias inconsistencias entre los autos que figuraban en las planillas como acarreados y los que ingresaban al corralón municipal.

En algunos casos notaron falsos acarreos y en otros la aparición de autos que habían sido llevados al corralón seis meses atrás pero que se volvían a incluir en la planilla de los prestadores para volver a facturarlos. 

Ahora en el informe oficial que presentaron señalaron que, tras realizarse un relevamiento de la administración de los recursos, encontraron que existía una “distribución disímil de los mismos que condiciona las dinámicas operativas, limitando la respuesta inmediata de algunas de ellas y generando una permanente dependencia a la disponibilidad de grúas en las otras reparticiones”.

“De esta manera, la respuesta ante la solicitud de vecinos se veía limitada debido a la descoordinación de acciones para abordar estos requerimientos, que trasciende la buena voluntad de los actores implicados, ya que cada Dirección diagrama sus recursos en base a los objetivos específicos”, aclararon en el reporte.

Sumarios cajoneados

Por último, el informe responde a la consulta sobre las investigaciones internas que se iniciaron frente a estas “inconsistencias administrativas u operativas” que se detectaron en la secretaría. Sobre esto detallaron que hay 81 expedientes disciplinarios. La particularidad de esto es que algunos de estos procesos se habían iniciado en años anteriores y no tenían circulación administrativa desde hace un tiempo.

El detalle de los sumarios:

Incumplimiento u omisiones de índole administrativa: 8 expedientes
Accidentes con móviles oficiales: 9 expedientes
Investigaciones disciplinarias: 39 expedientes
Violencia de género: 3 expedientes
Cesantías: 4 expedientes
Incumplimiento o abandono del servicio: 18 expedientes