El Juzgado Federal número 1 de Rosario aprobó este viernes una medida cautelar en favor de la desarrolladora del complejo inmobiliario Damfield (en Funes). 

Se trata de una resolución que le levanta la clausura, le restituye permisos que le habían sacado y lo exime de pagar multas hasta que se resuelva el fondo de la causa.

La historia, que ya la venimos contando, es así: este año el gobierno paralizó por decreto (firmado por todos los ministros, algo inusual) las obras de Damfield asegurando que no tenía todas las autorizaciones correspondientes para construir en la zona de la represa del Ludueña, argumento rechazado por la empresa que decía que esa decisión se tomó sin analizar las actuaciones administrativas donde se ratificaron todos los documentos presentados.  

Y en un segundo decreto, el gobierno directamente le revocó los permisos ya otorgados. En concreto, le sacó al loteo el “certificado uno” que la Secretaría de Hídrica entrega a los loteos cuando se acredita que esa zona a desarrollar no se inunda estableciendo obras de mitigación.

Es más, al complejo deportivo Estancia Damfield le sacó hasta el certificado 2 de Hídrica (que establece el plan de Drenaje) y la declaración ambiental que otorga el Ministerio de Medio Ambiente.

El tema es que para sacarle ese certificado ya otorgado (una decisión que no tiene muchos precedentes), la Provincia se basó en las conclusiones de un estudio técnico encargado al Instituto Nacional del Agua (INA) pedido para actualizar los parámetros hídricos de la cuenca del Ludueña.

Pero todo lo ocurrido con el informe del organismo nacional quedó envuelto en controversias. Es que cuando, con escribano público, Damfield va a consultar el expediente en el que le quitan el certificado se encuentran con que no sólo era un borrador (fechado en agosto) sino que además ni siquiera emite conclusiones sobre ese desarrollo puntual. En más, en un mirada técnica hasta mejora la curva a 100 años en la cuenca. 

Fue por eso que Damfield va con pedido de cautelar a la Justicia provincial contra la revocación del certificado uno. Ahí la Provincia presenta otro informe, esta vez fechado en noviembre  y lo cataloga como estudio final y sí tiene conclusiones específicas contra el desarrollo. Por todo eso es que no prospera la medida pedida a la Justicia por Damfield.

Los empresarios van, entonces, al INA para interiorizarse sobre la confección del informe final y ahí se encuentran con que -pese a ser un organismo público- no se lo quieren otorgar porque, les aseguran, tiene una cláusula de confidencialidad en el convenio firmado con la Provincia que activó los estudios. 

Pero al analizar el convenio descubren que no existe esa cláusula de confidencialidad y que tampoco figuraba en ese documento el pedido de que se tome una resolución específica sobre el caso Damfield provocando así muchas suspicacias en torno al manejo del tema.

Enterado de la situación, un influyente inversor de Damfield (y también contratista), que es de las principales empresas del país en el negocio del movimiento de suelos, va a la Justicia federal contra el INA porque es un organismo nacional.  

Y el juzgado número uno le otorga ahora la cautelar en su favor suspendiendo los decretos (902 y 1130) que paralizaron las obras y le quitaron los permisos ya concedidos.

En concreto, la Justicia les restituye el permiso que le quitaron entendiendo que estuvo bien otorgado y acorde a las leyes vigentes que allí no prohíben urbanizar. Es más, destaca que el “certificado uno” otorgado estipula la obra de mitigación correspondiente para la zona que la empresa estaba haciendo.

Otro punto muy importante de la resolución judicial concluye que los lotes involucrados son privados y están bien escriturados, contrariando otro argumento del gobierno.

Al restituirle los derechos a Damfield que, según la Justicia, le fueron injustamente sacados, la empresa retomará ahora obras complementarias que habían sido frenadas (como el corrimiento de la línea de alta tensión) y reactivará las gestiones por los permisos que estaba tramitando (como el certificado número dos de Hídrica con el plan de drenaje, que presentó en septiembre de 2022); esperando la resolución de fondo de la Justicia para activar las obras dentro del complejo.  

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Una cuestión para tener en agenda sobre la política del gobierno provincial para las urbanizaciones de campos es que toma fuerza la idea de restringir futuras autorizaciones.

En la actualidad, en términos hídricos hay tres niveles: zona 1  (no se puede construir), zona 2 (se puede construir con obras de mitigación) y zona 3 (se puede construir sin obras de mitigación) Bueno, en las oficina técnicas del gobierno provincial le están dando aire a la idea de prohibir directamente las construcciones en zona 2 en algunas localidades del Gran Rosario por lo que entienden es el riesgo hídrico.

Por ser una nueva disposición, en caso de tomarse esa decisión, no aplicaría a los permisos ya otorgados.

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A todo esto, como viene la avanzada del Ministerio de Medio Ambiente en el tema loteos:

Según información oficial a la que accedió Rosario3, hasta octubre se habían inspeccionado un total de 68 proyectos, de los cuales 15 presentan suspensión total de actividades, 8 se encuentran en situación de posible cese de obras, y 3 han incumplido con el inicio de trámites correspondientes. 

Todos fueron notificados de la situación. 

Además, 27 de los proyectos no han comenzado sus obras o están en proceso de revisión, mientras que 7 cuentan con los trámites aprobados.

Los 15 proyectos que tienen suspensión total de obras son La Reserva, Las Tipas II, Comunidad Evolutiva, Orígenes, Cercano, Campo Madero, Don Matías, Vistalba, Pueblo Carcaraes, Lomas del Paraná, Lagos Point,  otros más sin nombre, y Damfield, que ahora deberán sacar de esa lista.

¿Dónde están? Todos ellos son de las localidades de Funes, Pueblo Esther, Álvarez, Ibarlucea, General Lagos, Piñero, Villa Constitución, Carcaraña, Oliveros, Ricardone y Soldini. 

“El Ministerio reafirma su compromiso de seguir avanzando en la fiscalización ambiental para asegurar que los desarrollos inmobiliarios cumplan con los requisitos de sostenibilidad y respeto al entorno natural”, resaltan.

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Hablado de loteos, en el directorio de la EPE están dejando que avance y ordenando que se colabore activamente técnicamente con el proyecto del grupo NU para la construcción de la Estación Transformadora (ET) que le otorgue la potencia que necesitan los emprendimientos inmobiliarios en la zona de Piñero.

La idea es que la EPE licite la construcción de la infraestructura siendo el ganador de la compulsa quien ofrezca la mejor financiación (una fórmula que se está empezando a usar en algunas licitaciones municipales) pagándola con el producido de la venta de potencia a los desarrolladores.

Pero en el directorio de la EPE le aclaran a Rosario3 que no termina de convencer la idea y que siguen prefiriendo, como pasa en Puerto Norte, que los urbanizadores se junten para pagar ellos la ET, que luego la donen y que luego ellos les devuelven con energía.

Algo que no ocurrirá en esa zona porque los desarrolladores no tienen la misma espalda que los de Puerto Norte y además desconfian en juntarse con algunos que allí operan (y antes lo hicieron en Funes) que más que tener experiencia tienen "frondoso pronturio"

Cuando llegue la propuesta al directorio, se tomará la decisión.

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Ya que estamos en Medio Ambiente, la semana pasada contamos que un funcionario de esa cartera -que además es ex Secretario de Planeamiento de la Municipalidad- no había asistido a ninguna de las tres instancias de conciliación con vecinos por los problemas de la construcción de un edificio en Montevideo al 900 en el que figura como representante técnico, según consta en el expediente 273596-S-2024 que se tramita en la comisión de Planeamiento del Concejo.

Se trata de Pablo Barese, quien ahora asegura que dejó ese proyecto hace más de 12 meses. Y dice que la constructora, ante el conflicto, le notificó que ellos se hacían cargo y nunca le avisaron de la convocatoria a conciliación alguna. 

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Vuelta de página

Tratándose de una de las empresas más grandes del país, y que hasta cotiza en Wall Street, el comentario de un alto ejecutivo de la firma causó sorpresa entre sus interlocutores.

Parece que no es muy bueno el clima laboral en  la tecnológica Globant. Y no es para menos: como la empresa tiene los sueldos atados al dólar oficial (porque como el grueso de sus servicios se exportan), los empleados se encontraron que en lo que va del año los salarios les subieron 25% con una inflación del 107%; por lo que en la práctica están cobrando menos.

Esto que no es novedad para el grueso de la masa laboral es un rareza en el sector tecnológico, cuyos empleados -sobre todo en las grandes compañías- fueron de los mejores pagos en los últimos tiempos (y sin un gremio fuerte detrás)

Para peor de los empleados de Globant se les acabó un negocio interesante que tenían en el pasado gracias a la brecha cambiaria: hacer buenas diferencias vendiendo los dólares oficiales el paralelo (financiero o blue).

El cambio de modelo económico está provocando todo tipo de ajustes y reacomodamientos.

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En un contexto de consumo interno que no mejora, hay muchas empresas en aprietos financieros por el cambio de modelo económico, que  sin devaluación y con inflación en baja deja a las empresas sin la chance de esconder trasladando a precio sus problemas de eficiencia, escala y costos fijos.  Sobre todo las que crecieron muy apalancadas.

Esta semana, como contamos el sábado en las Charlas de Mercado, se extendió el impago de “Pagarés Bursátil” (producto del que luego vamos a hacer un comentario) de la agropecuaria Surcos y también se sumaron empresas a convocatorias vinculadas al concurso de la distribuidora de agroinsumos Simiente.

Es por eso que en Tribunales esperan un cierre de año con muchas convocatorias, luego de un primer semestre en el que, contra todos los pronósticos agoreros, los concursos presentados fueron mucho menores frente al primer semestre de 2023, en plena vigencia del “plan platita”.

Los que se frotan las manos son los profesionales que forman las Sindicaturas y no solo por lo que van a cobrar por el trabajo. Por eso sería un buen momento para que las autoridades correspondientes se focalicen en algunos síndicos con usos y costumbres bastantes particulares para apuntalar acuerdos.

A buen entendedor…

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Ahora si hablamos de profesionales sin escrúpulos, hay un escándalo en Reconquista por la detención de cuatro abogados, con mucho peso en la zona, por sus prácticas de extorsión. Se trata de Ricardo Degoumois (padre), Ricardo Degoumois (hijo), Daniel Barale y Andrés Ghío.

“Es la sarta de pungas que hace unos días nos denunciaron falsamente a Mariano Grassi y a sus abogados en el caso Vicentin. ¿Y ahora?”, dijo por redes sociales el abogado Gustavo Feldman. “Instant karma”, les cantaría Lenon.

Los letrados, señalados de extorsionar hasta sus propios clientes, fueron los que montaron a principios de años una operación de prensa para embestir contra acreedores del grupo Vicentín que se oponen al desguace del grupo exportador.

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Sigamos por la agroindustria

En el "run run" del domingo pasado dábamos cuenta del ajuste en marcha en una de las principales exportadoras de granos. 

Se trata de Cargill, que -como publicó Bloomberg esta semana- recortará 5% su plantilla de 164.000 personas. 

Y pese a que en redes sociales, como siempre ocurre, se quiso politizar el tema, los recortes no tienen nada que ver con la situación económica argentina y obedecen, fundamentalmente, a que el grupo va por nuevos rumbos de negocios del cual no trascendieron oficialmente detalles. Pero tomemos nota: cuando el gigante cerealero mundial se mueve, es por algo.

“La mayoría de estas reducciones se llevarán a cabo este año”, dijo el CEO  de la trader, Brian Sikes, quien focalizó el recorte en la eliminación de gerencias.

Como algo más del 20% de los empleados de Cargill en el mundo están en América latina, el ajuste pega fuerte en Argentina. Por caso, en los pasillos de sus oficinas de Rosario -zona en la que las desvinculaciones arrancaron fuerte- se habla de que el 30% de los puestos serán eliminados, con focos en gerencias, direcciones y mandos medios.

Ahora bien, la salida de ejecutivos cerealeros -con un know how único y contactos de primer nivel- supone que se pueden activar  movimientos de otras traders de primer nivel que los quieran captar. Por lo pronto, hay grupos bursátiles importantes a nivel país que están a la pesca de recursos humanos para crecer en el trading agro-financiero.

Pero, como novedad, se habla, por ejemplo, del interés de grupos petroleros interesados en incursionar en el mercado de granos ahora que el gobierno nacional quiere levantar la prohibición de que puedan tener sus propias plantas de bio.

Uno de los que fue desvincualdo fue Pablo Scarafoni, director comercial y hombre fuerte en la originiación de granos. Tratándose de uno de los principales referentes del mercado de granos argentino, ahora hay mucha expectativa sobre cuál será su futuro laboral

Tanto es el interés que despertó que hasta se comentaba en círculos cerealeros que las fotos que estaba subiendo en el grupo de whatsapp que tiene con sus ex compañeros de facultad aparecía ahora siempre con una gorra de una importante empresa de bioetanol de Brasil como si estuviera mandando un mensaje subliminal sobre su futuro destino laboral.

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Retomando el tema de los “pagarés bursátiles”  que no se abonaron….

La  corredora de granos América Agrocomercial, que tiene como referente a Pablo Arcamone, levantó la quiebra que le había dictado el juzgado civil y comercial número 10 a mediados de octubre.

La corredora llegó a fin de ese mes con la transportista Domingo Bissio, que le había pedido la quiebra tras el impago de pagarés dollar linked por $70M.

Fue así que el juez Mario Bonato levantó la quiebra, no habiendo muchos precedentes en que se levante quiebras en esa instancia. Y cómo esa semana se vencieron los plazos para apelar y nadie lo hizo, la resolución quedó firme.

En rigor, todo el Grupo América -que incluye diversos negocios bursátiles e inmobiliarios y de mutuales- atraviesa una situación de estrés financiero desde 2022. Encaminada la situación en la corredora y con operatoria normal en la agencia de Bolsa,  esperan para fin de año tener cerrados acuerdos con el 100% de los socios de la mutual, donde tuvieron el grueso de los problemas de incumplimientos de compromisos.

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Ya que estamos por la city financiera….

Autoridades de una importante mutual de la ciudad que cada dos por tres vuelve a aparecer nombrada en la prensa por haber financiado en el pasado a empresas y particulares que no terminaron bien (financiamiento que hasta les valió allanamientos), está dispuesta a jugar fuerte para mostrar que no estuvo ni está involucrada y relacionada con las maniobras de esos personajes.

Es por eso que le encargó a una de las principales auditoras, de intachable y reconocida trayectoria, un profundo estudio interno de sus números, préstamos, operaciones, historial de créditos y socios para, con esos documentos elaborados por terceros, mostrar que no tiene vinculación alguna con esos polémicos casos.

Y pronto dará a conocer el informe.

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Los dos días que duró la audiencia imputativa contra el financista Luis Herrera -quien pasará seis meses en prisión preventiva porque se le sumaron nuevos cargos por asociación ilícita y quiebra fraudulenta- dejó mucha tela para cortar.

Por ejemplo, hubo mucha satisfacción por parte del grupo de abogados querellantes (Sabina y Héctor Superti, Viviana Cosentino, Jorge Resegue, Mariano Pujol y Guillermo Mionet) que durante un año estuvo trabajando de manera conjunta, analizando toneladas de datos y armando el rompecabezas en colaboración con la Fiscalía.

La contracara de esa satisfacción es que expone que, pese a los anuncios oficiales y recambio de funcionarios, el gobierno provincial siguen en falta con la provisión de recursos humanos para seguir los delitos complejos, como los económicos

Los querellantes resaltan que la resolución de la jueza Paula Álvarez tuvo en cuenta a las víctimas, entendiendo que se dictó con una perspectiva de las víctimas porque se tomó en cuenta las consecuencias personales del daño económico, con gente perdiendo los ahorros de toda su vida o quedarse sin el dinero que tenía para costosos tratamientos médicos. En cierta forma, ven a la resolución como reparadora.

Además, lo interpretan como un mensaje de que finalmente, habrá Justicia y que los delitos de cuello blanco se persiguen. 

Ahora, fiscales y querellantes tendrán seis meses para cerrar la investigación, concretar las acusaciones y apurar el juicio. 

Sobre todo si lo que se busca es que, como pasa en la Justicia argentina, la prisión preventiva no termine siendo el castigo (ni un adelantamiento de pena) ante la falta de fallos de fondo.

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Hay más de Herrera

Su defensa, encabezada por el abogado Gustavo Francescheti puso sobre la mesa la opción de un acuerdo: "Cuando Fiscalía se convenza de que no hay dinero escondido en un cofre enterrado sino que se perdió, se podría hacer una suspensión del juicio a prueba y repartir entre denunciantes los bienes cautelados que cubren los 18 millones que suman las denuncias", dijo. 

Y aprovechó para decir que el pasivo está sobre estimado en 11 millones de dólares, “en parte porque hay 65 entre los 350 denunciantes que se llevaron más de lo que depositaron a lo largo de su relación con Herrera, además de que se contabilizan intereses no pagados cuando en la estafas lo correcto es tomar en cuenta el capital depositado”.

En Argentina se suele presionar con la acción penal para lograr un acuerdo comercial (en el caso Guardati Torti, por ejemplo, la plata para pagar a los denunciantes recién “apareció” cuando los dos empresarios pasaron varios días tras las rejas), como el que quiere la Defensa para sacar a Herrera de la cárcel. 

Pero acá hay una complicación.  Y el que la apunta es el abogado Alejandro Gurfinkel. “Me parece oportuno aclarar que las víctimas o defraudados son los más de 700 acreedores que se presentaron a pedir el reconocimiento de sus créditos en la quiebra. No solo los que formularon la denuncia penal. Y veremos en los próximos meses cuantas más víctimas se suman”, señaló el letrado a Rosario3.

Es que el acuerdo que puso sobre la mesa la Defensa para liberar a Herrera resarciendo sólo a quienes lo denunciaron penalmente consumiría todos los bienes del financista.

¿Cuánto debe Herrera? Los más conservadores hablan de u$s30 millones, pero también están lo que triplica ese monto.

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Hay más de Herrera.

"No soy un Ponzi-Bro", pareció ser el mensaje del financista durante la audiencia, que tuvo como gran novedad que, por primera vez, tomó la palabra.

"Ponzi Bro", se les dice con sorna en redes sociales a todos los jovenes cancheros que promocionan esquemas ponzi que atraen a chicos a estafas piramidales. Todo lo contrario, contó su historia para mostrar sus capacidades y su desepeño profesional.

Fue por eso que Herrera, y lo podes leer haciendo clic acá, contó como fue elegido por la Bolsa para estar en su comité de inversiones por varios años, fue nombrado presidente por el mercado de futuros Rofex para pilotear las crisis de 2002, fue seleccionado por los 20 grandes operadores de granos para que les administre un fondo de liquidez durante décadas y hasta el Centro de Corredores de Cereales de Rosario lo nombró como el cerealista del año.

"Repasamos antecedentes y reconocimiento de Herrera para mostrar que no era un yerno vago que se aprovechó de su suegro, o un financista arribista que armó un Ponzi, sino que el prestigio se lo ganó a fuerza de gran exito con sus inversiones", dijo el abogado defensor.

"La gente confiaba más en él que en los bancos y le prestaba su plata (a cambio de un muy alto rendimiento) para que (una vez ese dinero en su patrimonio) haga sus operaciones en un negocio muy riesgoso, y por eso rentable, como el del mercad de futuros y opciones en el extranjero", dijo el abogado.

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La última, prometo, de Herrera

En la audiencia, la novedad que presentó Fiscalía (y querellantes) es que en 2020, y cuando el financista ya estaba afrontando una corrida, giró desde sus cuentas en el Morgan Stanley a operadores financieros y sociedades comerciales (muchas con objeto social desconocido) radicadas en Florida, Houston, Texas y las Islas Vírgenes al menos 5 millones de dólares, por lo que habría ocultado así de su patrimonio a la hora de presentarse en convocatoria.

Por el contrario, para la defensa esos “5 millones no fueron dólares fugados sino dólares pagados a sus clientes en el exterior y a sus clientes en el país que preferían cobrar y que les depositen afuera”. En cierta forma, estaba diciendo que esos movimientos  -cuyos detalles podes leer acá- son lon propios de las maniobras para enviar dinero al exterior escondiéndose del radar del fisco argentino.

"Admitimos que hubo una infracción cambiaría y aduanera, pero los giros al exterior de 2020 eran para pagar a los clientes que pedían que les depositen afuera”, no dudó en inculpar a su cliente, sabiendo que la cárcel está más lejos para los infractores fiscales que para los estafadores.

Más allá de que el punto débil de la argumentación de Francescheti es no haber presentado documentos que prueben que ese dinero quedó, finalmente, en manos de clientes y no de guaridas de Herrera (“el objetivo de las operaciones por cable, precisamente, es que no tengan trazabilidad”, argumentó), operadores que están en el negocio consultados por Rosario3 validan que el camino relatado por Fiscalía (con empresas pantalla en Florida) es el que suele usarse para sacar plata afuera de los clientes de la región sin ser detectados por el fisco.

“Teníamos los servicios de una casa de cambio de la ciudad especializada en enviar fondos fuera del país sin declarar, que no vale la pena nombrar”, dijo Francescheti ante la jueza.  Y luego cambió de tema recordando que Herrera tenía tanta vocación de pagar que “hasta tomó un préstamo usurario del banco Reba, del Grupo Transatlántica”.

Como sea, el tiro puede haberle salido por la culata a la defensa ya que la jueza Álvarez ordenó girar copia del audio y video de la audiencia (algo bastante inusual) a Arca (ex Afip). 

Pero lo que queremos resaltar finalmente de lo que se desprende de las audiencias es que los cientos de dólares (billetes llevados en mano) que Herrera recibía (entregando generalmente en recibos en papel y algunos contratos de mutuo) eran de orígen lícito (herencias, ventas de activos, ahorros, etc.) que la gente prefería tenerlos fuera de registro (en negro) y afuera de las cajas de seguridad de los bancos (que le daría seguridad) para que lo invierta un respetado señor de la finanzas (que le inspiraba confianza) que les prometía una codiciosa tasa de interés en dólares del 12% anual como mínimo (una renta extraordinaria totalmente inusual e irreal) que obtenía de un supuesto negocio de extremo riesgo (como son las operaciones con derivados de futuros y opciones en mercados financieros internacionales) cobrando en negro adentro o afuera del país.  

Toda una radiografía del ahorrista argentino. 

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Hablando de Arca (ex Afip)...

En este país no te podes ir a dormir la siesta un sábado sin que el gobierno remueve a la cúpula del organismo recaudador.

La explicación oficial fue que quisieron que los streamers e influencers, un sector que está en el ADN del presidente Javier Milei, se tengan que anotar en el fisco y empezar a pagar impuestos.

“Los streamers y los Influencers tienen un régimen especial para tributar? Avisenme así dejo de pagar IVA y Ganancias como un boludo”, se quejó Pablo Wende, reconocido analista financiero.

Obviamente, el “mundo agro” se lamentó que el gobierno de Milei no tenga esa rapidez de reflejo para bajarle retenciones, y estallaron los comentarios críticos en redes sociales 

“¿Si sos influencer del agro, te bajan retenciones?”, deslizó con ironía un reconocido productor de la zona de Venado Tuerto.

Pero el que aporta algo de claridad y hasta deja la duda de si, en realidad, echaron a la jefa de Arca (Florencia Misrahi) por una fake news es el especialista Maximiliano Fritman.

“Los Streamers e Influencers SIEMPRE tuvieron que pagar impuestos por sus ingresos.  No hubo ni se creó ningún régimen especial La Res. 5607/2024 de ARCA del 28/11 modificó el CLAE”, dijo. Y lo explicó en cinco pasos:

1) Tenés que pagar impuestos por todo ingreso que tengas, salvo que la actividad esté explícitamente exenta. Aún cuando sea actividad nueva, tecnológica, en el metaverso o en otro país, el residente fiscal argentino paga por sus ingresos con Monotributo o  R.I. / Ganancias

2) Cuando tenés CUIT (Monotributo/R.I.) registrás uno o más códigos de actividades sobre lo que hacés. La lista se llama CLAE (Clasificador de Actividades Económicas). Cuando lo que hacés no está en el CLAE, elegís un código genérico "n.c.p." (No clasificado anteriormente).

3) Muchas actividades modernas como creador de contenidos (youtuber/tiktoker), influencer (cobrar por publicidad en IG y otros), minería cripto, trading cripto no tenían actividad así que al anotarte había que usar una categoría "n.c.p." y pagabas impuestos igual que cualquiera.

4) La Resolución General 5607/2024 de ARCA modifica el CLAE y agrega nuevos códigos de actividad, que es a fines estadísticos y de forma en tu asociación de CUIT. NO CAMBIA LOS IMPUESTOS QUE TENÉS QUE PAGAR O NO TENÉS QUE PAGAR

5) Además, se agregaron códigos para: Servicios de mensajería, Desarrollo web y apps mobile, Minado, custodia, intermediación de cripto, Actividades de cobro y seguros, Creador de contenidos (youtuber, instagramer).

"Suena a modernización del listado de actividades, ¡me parece bien!", concluye.

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Lo cierto que estas movidas abruptas de funcionarios del gobierno nacional (¿simple esquizofrenia o parte de la estrategia del topo que va destruyendo el Estado desde adentro?) no sólo genera una alta tensión en el trabajo diario de la administración sino que además provoca situaciones que rayan con lo cómico.

Por ejemplo, en una reciente misión de empresas tecnológicas a Málaga, de la que participaron media docena de firmas santafesinas acompañadas por el gobierno provincial, los visitó el embajador de España, Roberto Bosch, quien les dio un encendido discurso libertario sobre el nuevo momento en el que vive el país. Al otro día de la visita lo habían despedido como un perro. Nadie entendía nada.

Lo cierto es que estos banquinazos de funcionarios también conspira contra la estrategia de la Provincia de ir cultivando buenas relaciones con secretarios, directos y ministros nacionales en pos de lograr resoluciones favorables.

Aunque en este caso, el enroque de funcionarios nacionales dejó bien parado al gobierno provincial.

Juan Pazo, que había saltado desde el Ministerio de Economía (máximo referente en temas productivos) no alcanzó a sentarse en la Cancillería y terminó como jefe del Arca. De esta forma, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, ganó así una llegada directa al fisco nacional ya que tejió una muy buena relación con el Pazo. 

¿Y cómo se lleva con Pablo Lavigne, quien le tomó la posta a Pazo en el Ministerio de Economía de la Nación como funcionario de enlace en los temas productivos? También tiene muy buena relación. Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Productivo recuerdan que fue Lavigne, quien ante una llamada de Puccini, destrabó el ingreso de los telemedidores que había comprado la EPE pero que estaban trabados en la Aduana.

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Vamos cerrando cambiando de tema. 

El Enapro celebró su 30 aniversario con un espectáculo en la explanada de la Fluvial. 

Pero le faltó algo de institucionalidad: no invitaron a varios de los presidentes que tuvo del ente en sus treinta años de vida, como merece una celebración de la historia.

Eso sí, hubo dos aciertos. Se invitó al ex titular, Guillermo Miguel, quien fue el arquitecto del proceso de recuperación del ente que hoy continúa la actual presidenta Graciela Alabarce, y se le dio cero visibilidad (si es que lo invitaron) a un ex titular (que hoy es funcionario de la Provincia pero en otra área) cuyo paso fue muy desprolijo y su herencia muy pesada.

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Y ya que hablamos del puerto, dejamos un enigmático para el final. “Pronóstico de tormentas para la hidrovía. Fuertes tormentas. Hasta eléctricas”, es el aviso que llega de muy altas fuentes involucradas en el proceso de licitación.

El jueves, Rosario3 publicó que dos dragadoras internacionales (DME y Rhode Nielsen) analizan presentar recursos administrativos contra los términos y condiciones de los pliegos, pero parece que en las últimas horas el tema escaló. 

Y no es para menos. Está en juego la concesión por 30 años de la principal ruta de salida logística de la soja argentina.

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Para cerrar, y como nos gusta hacer en esta columna, lo hacemos con historias de emprendedores que inspiran.  

En este caso, vamos a la localidad de Bigand, en pleno corazón de la zona núcleo del país. Más concretamente, a la escuela agrotécnica de Bigand en la que estudian unos 250 chicos.

El establecimiento tiene un predio de 150 hectáreas y la novedad es que firmaron un convenio con una empresa de insumos agropecuarios muy conocida que se llama ALZ Agro para que desarrolle en una hectárea un lote de experimentación en el que ya empezaron a sembrar sus semillas que ya comercializan en soja y maíz (y productos por sacar en el mercado de sorgo y girasol) con el objetivo de que sea una vidriera de promoción de sus híbridos (en aplicación con distinta densidades, uso de bioestimulantes y distintas estrategias de fertilización químicas).

Y lo interesante de todo esto es el convenio que firmó con la escuela porque les permite a los chicos seguir en vivo y en directo todo el proceso de siembra, aplicaciones, cosecha; subirse a las máquinas y dialogar con los profesionales, que aprovechan para contarles cómo es su trabajo diario en la producción agropecuaria.

Tobias Cordiviola, German De Cunto (ALZ Agro), Mauro Grassi (director de la escuela agrotécnica) y el productor José María Piccioni.

“Esto permite acercar a los estudiantes (y sus maestros) con el mundo productivo. Permite tener un acercamiento temprano a la agronomía. Les posibilita poder descubrir que trabajar en el campo es mucho más que subirse a un tractor; es participar de investigaciones, desarrollos de productos y estrategias de aplicación de tecnología, entre muchas más cosas”, resalta Jose Luis Piccioni, productor de la zona y arquitecto del convenio entre ALZ Agro y la escuela agrotécnica de Bigand.

“La economía argentina no sólo necesita inversiones en infraestructura o que rebajen la carga fiscal, necesita inversiones en capital humano. Capital humano que le permite a las empresas agregar valor. Ese es el verdadero desarrollo”, sostiene el empresario durante una visita por las instalaciones de la escuela de la que participó Rosario3.

Claramente, es por ahí.