Cuando fueron a buscarlo a su casa, Uriel “Caquita” Andriotti ya no estaba. Condenado a seis años de prisión, a principios de mes volvió a ser acusado de regentear un búnker de drogas en barrio Tablada. Sin embargo, obtuvo nuevamente el arresto domiciliario por ser padre de una menor de edad. En una nueva resolución, el Tribunal Oral Federal Nº3 ordenó su encarcelamiento por los riesgos procesales, que efectivamente se materializaron. Hasta ahora, las fuerzas policiales lo buscaron sin éxito.
Conocido el fallo del TOF Nº3, firmado por el juez Eugenio Martínez Ferrero, que hace 72 horas ordenó la detención de Andriotti para que cumpla su pena tras las rejas, el personal de Gendarmería fue a buscar al joven de 24 años en su casa de Necochea al 3900, en el sector conocido como “la U”.
Se trata del mismo domicilio allanado el pasado 27 de febrero por una nueva causa de narcomenudeo y tenencia de armas, a pesar de que Andriotti portaba una tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos.
Hasta el momento, Andriotti sigue prófugo.
Andriotti tiene una condena por delitos federales –tenencia de drogas con fines de comercialización– y una del fuero provincial, por la que purga seis años y seis meses de prisión, impuesta en mayo de 2022. En noviembre de 2023, el Tribunal Oral Federal Nº3 le otorgó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Una nueva investigación por venta de drogas y tenencia de armas lo volvió a poner en la mira en el convulsionado mundillo transa de la villa de Tablada. Sin embargo, tras ser acusado ante el juez Carlos Vera Barros el 1º de marzo, este le permitió permanecer en su casa con arresto domiciliario.
Mirá también
En una resolución que se hizo eco de los riesgos procesales invocados por la Fiscalía Federal, días atrás, el TOF Nº3 señaló sobre Andriotti: “Se verificó que han desaparecido incluso los presupuestos que motivaron el dictado de la morigeración de la detención, puesto que su pequeña hija también se encuentra al cuidado de otras personas, como su abuela, tal como ha sido detallado en los minuciosos informes acompañados previo a tomar la decisión”.
Esos informes detallaban diversos quebrantamientos del arresto domiciliario, detectados en enero a través del seguimiento de la tobillera electrónica del convicto.
