El juez federal de Garantías Marcelo Bailaque condenó el martes pasado a 4 años y 6 meses de prisión a un hombre que administraba una rudimentaria cocina de corte y estiramiento de cocaína en un monoambiente del Complejo Metra y que intentó sobornar a los detectives que lo detuvieron. La sentencia fue consecuencia de la homologación de un acuerdo abreviado entre la defensa presentado y los fiscales Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi, de la Unidad Fiscal Rosario.
El acuerdo incluyó a una joven, pareja del principal acusado, quien acordó 3 años de prisión condicional. El proceso penal se llevó a cabo íntegramente bajo el sistema acusatorio y llegó a sentencia a cinco meses de su inicio, puesto que la audiencia de formalización de la imputación se había llevado a cabo el 4 de octubre del año pasado.
Los condenados son Maximiliano Ortigoza y Keila Santos Lenz, como autor y partícipe secundaria, respectivamente, de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y como coautores de encubrimiento.
Ortigoza también fue condenado como autor de cohecho activo en grado de tentativa, por haber intentado sobornar con un ofrecimiento de entre 5 y 10 millones de pesos al personal de la Policía de Investigaciones (PDI) que lo detuvo para que lo dejaran ir durante el procedimiento que culminó en su detención, mientras que Santos Lenz también fue condenada por el uso de un documento falso de un auto denunciado como robado, que se encontraba en su domicilio.
A las penas de prisión dispuestas en ambos casos, se suman la condena al pago de una multa de $4.455.000 en el caso de Ortigoza y de $3.341.250, en el de Santos Lenz.
Lo llamativo del caso es que, según los peritajes, en el departamento apenas había 24 gramos de cocaína. Todas las demás sustancias eran, en realidad, sustancias de corte y estiramiento.
La “cocina”
La investigación se había iniciado en el fuero provincial con un "mensaje anónimo" recibido en la comisaría 9° de Rosario, donde un "entregador" mandaba al frente a Ortigoza, describiendo que vendía y distribuía estupefacientes y que tenía pedido de captura activo por causas vinculadas a la venta de droga, según indicó el portal Fiscales.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó una serie de medidas tendientes a corroborar esos datos y verificó la existencia de una orden judicial de averiguación de paradero y detención vigente emitida por el Juzgado Federal de Villa María, Córdoba, por infracción a la ley de drogas.
La División Capturas de la PDI constató que Ortigoza residía junto a su pareja y una hija de un año en un departamento de alquiler temporario, en el piso 10° del condominio Metra situado en Carballo al 580.
Detención y soborno
La detención fue concretada el 1° de octubre pasado, a las 12.50, cuando Ortigoza llegaba al edificio. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar y fue interceptado a pocos metros. En las actuaciones los policías dejaron asentado que intentó sobornarlos con un primer ofrecimiento de $10 millones de pesos a cambio de su liberación, y luego $5 millones. De acuerdo con las constancias, el imputado insistió varias veces con “solucionar esto” y para ello solicitó permiso para hacer una llamada telefónica para que le “bajaran el dinero”.
En ese momento, además, se le secuestró documentación personal y de un vehículo Fiat Argo. Simultáneamente se solicitó la orden de allanamiento al departamento. Por la tarde, a las 19.20, Santos Lenz fue sorprendida junto a una amiga (luego sobreseída en el caso) mientras salía del lugar con una valija y bolsas. La niña de un año producto de su relación con Ortigoza quedó finalmente a su cuidado, dado que a la imputada le concedieron la prisión domiciliaria.
Insumos para estirar y vender
De acuerdo con las constancias del caso, la mujer guardaba en las valijas prendas y objetos personales, pero en las bolsas hallaron una bandeja metalizada con más de 2 kilos de sustancia polvorienta blanca, otra bolsa con 407 gramos con sustancia de la misma apariencia, tres coladores y una balanza de precisión.
Al requisar el departamento se hallaron apenas 24 gramos de cocaína, según el resultado de los peritajes químicos; un canasto con dinero en efectivo; dos ollas metalizadas con sustancia blanquecina húmeda adherida al fondo; una bandeja negra con restos del mismo material; una cuchara; y elementos de corte y estiramiento de estupefacientes (clonazepam, bicarbonato de sodio, acetona) y de fraccionamiento, como bolsas plásticas y precintos.
Durante la exposición del acuerdo, los fiscales Franco Benetti y Santiago Alberdi sostuvieron que había indicios “serios y concordantes de la ultrafinalidad de las actividades desplegadas por Ortigoza en las que se demuestra su participación en la distribución y comercialización de estupefacientes”, pues sostuvieron que la única hipótesis que explica razonablemente el hallazgo de los elementos secuestrados “es que las personas que lo detentaban, comercializaban o distribuían estupefacientes”. Apuntaron que “Ortigoza y Santos Lenz realizaban tareas, o al menos lo pretendían, de estiramiento de cocaína para luego distribuirla”.
Si bien los funcionarios expusieron que de todo el material secuestrado solo dieron positivo de cocaína 24 gramos, pusieron de relieve que, en el contexto en el que sucedieron los hechos, se excluía la posibilidad de que esa droga fuera destinada a consumo personal. “Es droga que no pudo ser descartada o distribuida antes de los procedimientos policiales”, advirtieron.
Para reforzar la teoría del caso, los fiscales reprodujeron chats de mensajes telefónicos de Ortigoza a su pareja, con afirmaciones como las siguientes:
“Recién apreté una parte y me falta toda la otra de él (por un tercero), y picar todo”.
“Estoy trabajando como perro, lleva tiempo y es para tener plata. Es un proceso que quede bien, sabés como estoy trabajando a full”.
“Le puse 600 de corte”.
“Esto se aprieta no una sola vez, como seis, siete veces por tanda, porque lo que queda suelto se aprieta de vuelta, es así, todo un tema”.
“Tengo que separarle todo esto para que arranque a trabajar”.
Los fiscales fundaron que esos mensajes, relacionados con las sustancias de corte y estiramiento encontrados en las ollas y los sachets de manitol secuestrados del vehículo que utilizaban los imputados, “permiten demostrar de manera inequívoca que llevaban adelante tareas de comercialización de estupefacientes”.
Para la acusación contra Santos Lenz, los fiscales se apoyaron también en mensajes telefónicos que evidencia su pleno conocimiento de la actividad ilícita. Uno de esos mensajes fue con un contacto identificado como “Samu”, luego identificado en la investigación como el número telefónico de Samuel Miqueas Medina, yerno del condenado líder de las bandas de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. En el intercambio, Santos Lenz le avisa que Ortigoza había quedado detenido. A partir de entonces se sucedieron entre ellos 121 mensajes, que fueron borrados.
Los fiscales repasaron que en la investigación se hallaron otros mensajes de Santos Lenz con un tercero, demostrativos de actividades de comercialización de droga. “A cuánto la están pagando”, refiere uno de ellos, con una foto de visualización temporal, a lo que el interlocutor contesta: “3.800 usd”, posiblemente el precio de un ladrillo de cocaína.
Otras conversaciones refieren “la del delfín” o “yo estoy comprando la 777” y “no me importa de quién sea, compro igual mientras haya precio”. Para los fiscales, “no queda lugar a dudas que ‘Delfín’ y ‘777’ son referencias a los distintos sellos de los panes de cocaína que comúnmente aparecen en secuestros y escuchas de este tipo de causas judiciales”.
Horas después de la detención de Santos Lenz, Samu Medina fue asesinado con 16 disparos a metros de la casa de su madre, ubicada en barrio Lomas de Alberdi, como consecuencia de una emboscada. De acuerdo a lo informado desde la Unidad Fiscal Rosario, la investigación de ese hecho se encuentra a cargo del MPA y no guarda relación con lo acontecido en este caso.
Un auto robado, con sustancias de corte
Los fiscales detallaron que, al momento de incautar el auto Fiat Argo que utilizaba la pareja, se constató que había sido denunciando como robado en la provincia de Buenos Aires. El vehículo se encontraba en el corralón municipal de la zona oeste y le había sido secuestrado a Santos Lenz por las autoridades locales luego de haber sido sorprendida en septiembre pasado en una infracción de tránsito y de detectar inconsistencias en la documentación, pues no coincidía el número de chasis y de motor.
Marcaron que durante la requisa del vehículo se halló una caja de cartón con 15 sachets de sueros, que según su descripción eran de “solución de manitol al 15 por ciento”, y que tenía una etiqueta con la inscripción Hospital Provincial de Rosario.
En la exposición de la teoría del caso, los fiscales sumaron los informes sobre las muestras analizadas de acetona, incluida en la normativa oficial entre la lista de precursores químicos y sustancias para la elaboración de estupefacientes, y de manitol, como sustancia de corte, según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
