Un joven de 26 años de nacionalidad colombiana fue imputado de haber brindado un préstamo usurario de 700 mil pesos a una comerciante de la zona noroeste de Rosario, a quien le exigió el doble del monto. Como la mujer incumplió en uno de los pagos, mandó a balear su casa, le sacó la tarjeta de débito y posteriormente la amenazó por teléfono. Kevin Rodrigo Muñoz Delgado, el acusado, quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.
Ante el juez Facundo Becerra, el fiscal Federico Rébola explicó que Muñoz Delgado “se aprovechó de la necesidad e inexperiencia” de la víctima, que no podía acceder a un crédito de manera formal. El pasado 23 de agosto le transfirió 700 mil pesos bajo la condición de que le devuelva 1.400.000 pesos en dos partes, una en septiembre y otra en octubre.
Como la mujer se atrasó en uno de los desembolsos, comenzó a recibir intimidaciones y amenazas. Luego, como Muñoz Delgado llegó a presentarse en la casa de la deudora cada tres días –donde exhibió un arma de fuego–, la víctima le entregó su tarjeta de débito.
A mediados de octubre la situación escaló aún más. El 17 de ese mes, desde una moto atacaron a tiros la propiedad de la víctima. Dos días después volvió a recibir una amenaza vía mensaje de texto de Whatsapp para que cancele el monto total de la deuda.
De acuerdo al detalle de la acusación, la víctima entregó 850 mil pesos vía transferencia bancaria a las distintas cuentas que el sospechoso de 26 años le indicaba. Uno de los titulares de esos CBU fue Raúl Ariel Pelozo, otro de los que fue imputados por el fiscal Rébola como partícipe en la trama extorsiva. En su caso, quedó en libertad tras la audiencia, pero bajo reglas de conducta que deberá cumplir por dos años.
Paula Angulo, pareja de Muñoz Delgado, también fue imputada. En su caso, porque al allanar el domicilio en el que conviven, la División Judiciales de la Unidad Regional II incautó una carabina semiautomática calibre .22 largo, 14 cartuchos de ese calibre, un revólver calibre .32 largo y seis cartuchos de ese calibre. A ella le dieron arresto domiciliario por dos años, plazo en el que tendrá que cumplir con normas de conducta.
