Cuatro reclusos de la unidad penitenciaria N° 16, ubicada en el límite entre Rosario y Pérez, fueron imputados en la mañana de este martes por haber llevado adelante un particular modo de extorsionar a diferentes personas entre 2022 y 2023. Según explicó el fiscal Ramiro González Raggio, crearon perfiles de mujeres adolescentes en Facebook, entablaron conversaciones con distintos usuarios, a quienes pidieron imágenes íntimas y posteriormente les exigieron dinero a cambio de no difundir las fotos o escracharlos a través de distintas plataformas.
Los reclusos acusados fueron Juan Carlos Di Franco (34), David Nicolás Olivera (35), Juan Scataglini (32) y Javier Abel Guzmán (26), quienes quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, según la resolución del juez Gonzalo Fernández Bussy. Desde el pabellón N° 2 de esa cárcel, utilizaron nueve líneas telefónicas para llevar a cabo las extorsiones, lo cual también exhibe el descontrol que existía por entonces en las unidades penitenciarias. Por ese motivo, el fiscal también pidió que queden aislados, que nunca estén alojados juntos y que sean restringidas sus visitas.
La imputación estuvo llena de particularidades. Todos los internos estaban condenados. Uno de ellos, en agosto pasado, había pedido la libertad condicional y salidas transitorias. Otro, estaba cerca de que se venciera su pena. El más conocido de los internos es Scataglini, quien a sus 14 años cobró 60 mil pesos para participar en el crimen por encargo del tesorero del sindicato de Camioneros Abel Beroiz –que recibió puñaladas y tres disparos– en el estacionamiento del Automóvil Club de Rosario (ACA), en la plaza Montenegro, en pleno centro. Ese homicidio fue perpetrado el 27 de noviembre de 2007 y en ese entonces, Scataglini no era punible.
De acuerdo a la exposición de González Raggio, los presos siempre llevaban adelante la misma mecánica: iniciaban una conversación por redes sociales con distintos usuarios y una vez que entraban en confianza, solicitaban imágenes íntimas. El paso siguiente era, en el mismo chat, decir que ahora quien estaba escribiendo era su padre, quien procedía a señalar que lo hecho era un delito por tratarse de una menor y pedía plata para no denunciarlo o escracharlo en las redes sociales. En algunas ocasiones, se aludía falsamente a que también era una reparación económica ante la rotura del teléfono producido por un enojo del supuesto padre con la menor al enterarse de la situación.
En algunos casos, decían ser conocidos de Los Monos, o directamente de su líder Ariel Máximo “Guille” Cantero, para agregar mayor temor a las víctimas, que generalmente caían ante el relato bien armado. Incluso un policía llegó a pagar mediante esta artimaña.
Quién es cada uno de los presos extorsionadores
Juan Carlos Di Franco. Purga una condena a 11 años de prisión por el secuestro extorsivo y robo al dueño de un supermercado chino, hecho que ocurrió el 18 de julio de 2013, cuando la víctima cerraba su local en San Lorenzo al 3700.
El supermercadista fue golpeado y obligado a subir a un auto, donde le sacaron su iPhone. Lo trasladaron hasta una casa de Gaboto al 3100, donde exigieron al padre de la víctima unos 50 mil dólares en concepto de rescate.
Javier Abel Guzmán. A sus 26 años acumula condenas por varios legajos de su etapa de adolescente. La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena, titular del Juzgado de Menores N° 4 de Rosario, le había dado 14 años de prisión por dos homicidios y un robo calificado.
De acuerdo a la acusación, el 20 de septiembre de 2014 Guzmán asesinó de un disparo a Gustavo Ángel López en Larrea al 3700. También mató a tiros a Joel Agustín Rueda el 25 de noviembre de 2014 en inmediaciones de Quintana y Larrea. Además, el 15 de diciembre de ese año, en Pasaje 1.821 al 1600 –extremo oeste de Rosario– golpeó a un joven para robarle, le exhibió un arma de fuego y luego cayó detenido en un operativo de Gendarmería, donde se le incautó un revólver calibre 38 y una moto con pedido de secuestro activo.
El delincuente ya había solicitado el 12 de agosto pasado la libertad condicional o, de manera subsidiaria, salidas transitorias, puesto que estaba cerca de cumplir la pena.
David Nicolás Olivera. El recluso tenía dos condenas en su contra que habían sido unificadas en 11 años y 2 meses de prisión. Una había sido por extorsión agravada por el uso de arma de fuego, por la que había recibido 6 años y 8 meses de cárcel. La otra data de 6 de junio de 2022 por robo calificado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, por lo que le dieron 4 años y 6 meses de prisión.
A Olivera la pena unificada se le vence el 18 de diciembre de 2025. Ahora, con esta nueva causa, se complicó su situación.
Juan Scataglini. El 20 de agosto de 2020 se le imputó un robo calificado que había cometido el 19 de septiembre de 2019, motivo por el cual terminó con una pena de 3 años y 5 meses de prisión. Sin embargo, esa resolución se unificó con una anterior de 7 años y 6 meses de cárcel –dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario– por venta de droga al menudeo, por lo que el monto total a pasar en un establecimiento penitenciario quedó determinado en 10 años y 11 meses.
Un hecho que nunca le pudieron atribuir fue el asesinato de Abel Beroiz, puesto que a su edad no era punible. Fue noticia también a finales de 2014, cuando se fugó de la comisaría 15ª y luego fue arrestado mientras asaltaba un minimarket en Pellegrini al 1400, donde había sustraído una cerveza y dinero mientras exhibía un cuchillo.
