A una década de la mayor tragedia de Rosario ocurrida por la explosión en el edificio de Salta 2141, la causa judicial se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De las 11 personas que fueron llevadas a juicio en la Justicia provincial, diez resultaron absueltas y solo el gasista Carlos Osvaldo García –quien manipuló el gabinete de gas aquel 6 de agosto de 2013– recibió una condena a cuatro años de prisión que actualmente cumple en prisión domiciliaria, ya que tiene 72 años. Sin embargo, la querella a cargo de la familia de una de las víctimas fatales del episodio presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal nacional.
“Esperemos saber algo este año”, dijo el abogado Adrián Gianángelo, hermano de Débora, una de las víctimas fatales de la explosión de Salta 2141. Según indicó en diálogo con Rosario3, el planteo judicial hecho ante la Corte nacional tuvo lugar en agosto de 2022 y recién en julio de este año “se movió internamente”.
La presentación, impulsada únicamente por la querella, fue la consecuencia de la sentencia de primera instancia en julio de 2019 dictada por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zavala y Carlos Leiva, y de la confirmación de la resolución en marzo de 2020 de los camaristas José Luis Mascali, Carina Lurati y Carlos Carbone, donde se responsabilizó solo a García por la tragedia. A eso se le agrega que la Corte de Justicia de Santa Fe rechazó el recurso de queja de la querella.
En las dos sentencias fueron absueltos por “insuficiencia probatoria” José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre); Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio); Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas); y Pablo Miño (ayudante de García).
Las dos resoluciones estuvieron lejos de las pretensiones de la querella y la fiscal Graciela Argüelles –que llevó a cabo la investigación–, quienes habían solicitado una pena de cinco años de prisión efectiva para todos por la calificación legal de estrago culposo agravado. Cabe destacar que durante los alegatos de clausura del juicio de primera instancia, la fiscal luego pidió el sobreseimiento de Allala y Bolaño, gasista y reclamista de Litoral Gas, respectivamente.
Según la acusación, la explosión en la que murieron 22 personas y otras 62 resultaron heridas había sido la consecuencia de “una cadena de negligencias” que involucraron desde el gasista que trabajó en la torre hasta el personal de Litoral Gas y los administradores del consorcio.
La fiscal Argüelles había dejado en claro durante el juicio y la investigación que el gasista Carlos García, el último que manipuló el gabinete de gas antes de la explosión, no cortó el suministro cuando comenzó a hacer los trabajos; tampoco la luz; no cerró la puerta de acceso al edificio; y no avisó a los vecinos cuando empezó el escape que duró aproximadamente 12 minutos.
García, el único condenado, recibió un revés judicial el pasado 12 de julio, cuando la jueza Luciana Prunotto le denegó salidas laborales en una audiencia que se hizo en la sala 5 del Centro de Justicia Penal. En la audiencia, el gasista había solicitado el permiso para hacer tareas de voluntariado en la Fundación Santuario de Fe.
