El default de la agrofinanciera BLD, a mediados de 2019, fue mucho más que la por entonces mayor caída de un operador del mercado de granos.
Fue el derrumbe de un modelo de negocios que era visto como el heraldo de todo lo nuevo que se venía en comercialización agraria integrada a mercados financieros y respaldada con tecnología de punta y procesos muy innovadores.
Pero la historia no terminó ahí. La gestión de su crisis con el armado de un innovador esquema (con el aporte del estudio Robiolo) que convirtió a encolerizados acreedores en activos accionistas y, finalmente, el plan de resurrección que la volvió a poner de pie con otro formato, también fueron procesos que no pasaron desapercibido en el mercado de granos.
Un tema no menor que también diferenció al caso BLD de otras caídas es que no tuvo un capítulo penal con investigaciones por estafa (como sí le pasó a Casanovas, Grimaldi, Guardati Torti) ya que, a poco de andar, quedó claro para sus acreedores que fue una crisis empresaria y no una estafa
En definitiva, una historia muy interesante que ahora (y esta es la novedad que contamos) tendrá su propio documental. En efecto, una de las más prestigiosas instituciones empresarias y académicas de la ciudad le encargó a un grupo de especialistas de primer nivel el armado de un documental con la historia de BLD, que ya se empieza a filmar, porque entienden que vale que su caso puede aportar mucho a la formación de profesionales.
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Ya que arrancamos con los defaults del agro vamos con una de Vicentin.
Como en dos semanas vuelve la actividad judicial, y la Corte Suprema debe definir si homologa o hace caer el acuerdo de acreedores alcanzado por la agroexportadora abriendo así el juego a que otras empresas realicen ofertas de pago y compra del holding, los operadores de Vicentin están muy activos haciendo circular la versión de que la empresa cerraría en febrero despidiendo a todo el personal.
El argumento -que ya le hicieron llegar al sindicato y a los trabajadores- no es más que otra de sus embestidas para presionar a la Corte. Y es que el argumento para avisar que se viene el cierre es que sus clientes (Bunge, Viterra y ACA, a quienes precisamente le quieren vender la compañía) dejarían de alquilarles las plantas para procesar y embarcar granos si no les dan la certidumbre de que se aprueba la salida del concurso y el posterior pase de manos.
Y tampoco se puede dejar de lado, el papel de Viterra porque si algo no los deja dormir a sus ejecutivos son las investigaciones penales por la compra que hicieron días antes del default de la mitad de la acciones que Vicentin tenía en Renova, la joya de la abuela de ambos grupos. Toda esa maniobra entra en período de sospecha . Y el tema es delicado.
Se vienen semanas de alta tensión.
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¿Un negocio oculto en el río? Vamos a uno de los temas centrales de este run run:
En los documentos que los ejecutivos de dragadora belga Deme le dejan a los empresarios y funcionarios con los que se reúnen para argumentar su descontento con el proceso de licitación en marcha de la hidrovía, hay un punto que no está en el centro de los cuestionamientos pero que encierra un millonario negocio paralelo.
Un negocio que parece a pedir de una sola gran empresa y que calza justo con otra decisión que el gobierno tomó lejos de este proceso: en las oficinas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Veamos: el gobierno, en el marco del plan de desregulación, anunció semanas atrás que se libera la exportación de chatarra, hoy prohibida. El argumento es claro: la prohibición beneficia a las siderúrgicas que lo usan como insumo y controlan, sin competencia, su precio. Las acerías, por su parte, advierten que todos los países con industria siderúrgica tiene esa prohibición para no encarecer los costos.
El telón de fondo: el acero argentino es caro (gran negocio para los empresarios toda la cadena, no solo las siderúrgicas) encarece costos de construcción y quita competitividad a metalúrgicas, y por eso el gobierno nacional amenaza con dejar entrar a baldazos el acero chino
Pero lejos de los fierros, el negocio que queremos contar con la chatarra se cocina en el río. Y así lo cuenta en su escrito Deme al hacer referencia al Servicio de Remoción de Buques que figura en el pliego (p 31/32) y que dice: “el oferente deberá acreditar experiencia específica en el reflotamiento y remoción de buques o artefactos navales en los últimos 10 años y podrá hacerlo a través de un subcontratista nominado o una empresa vinculada”.
En otras palabras, se le encarga al dragador un servicio (que no figuraba en la anterior concesión) y el costo de la extracción de la chatarra se traslada al peaje que se le cobrará a los usuarios (encareciendo el flete). “La chatarra se la queda el operador que gane que podrá ser exportada. Y el valor estimado de la venta es de 150 millones de dólares”, dice el documento de Deme. Si la chatarra no podía ser exportada el precio era menor, sin contar que el color de los billetes que recibirá quien los saque no serían verdes.
Ahora bien: ¿Por qué es un negocio a pedir de una empresa? Según Deme, en el pliego “se requiere que responsable del plan de remoción de buques cuente con experiencia acreditable en Argentina cuando la única empresa que lo realiza en el país es Servimagnus”. Dicho simple: con ese requerimiento, gane quien gane tendrá que contratar a Servimagnus.
¿Y de quién es Servimagnus? Es una de las empresas del grupo Loginter, de la familia Román, históricamente ligada a los negocios portuarios en Buenos Aires. Es más, a Ricardo Román se lo conoce como el “zar de las grúas” y es quien presta en la actualidad el servicio de remoción de restos náufragos, remolque y salvamento de buques.
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Nos metemos ahora en el mercado inmobiliario
“Estamos trabajando bien fuerte para estar entre los primeros bancos del país en firmar contratos de hipotecas de bien futuro”, dice el presidente del Banco Municipal de Rosario, Claudio Forneris. “Es más, ya tenemos un proyecto en carpeta con la Dirección de la Vivienda”, agregó el ejecutivo.
En las últimas semanas el gobierno siguió acomodando la normativa para que los bancos puedan hacer efectivo el crédito hipotecario para compradores de lotes o departamentos a construirse. Todos los bancos sobrevuelan el tema, con algunas dudas en torno a las garantías en los primeros años del crédito. En la capital federal el Banco Ciudad dice tener todo listo para ser el primero. ¿Lo será?
“Nosotros somos los precursores. En el marco de los créditos Nido ya firmamos uno de los módulos, el cuarto, es una línea que establece las hipotecas de bien futuro”, agregó Forneris.
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“Es el típico pensamiento de los socialistas rosarinos que por tener ideas como esas provocaron el éxodo de industrias y la fuga de la inversión inmobiliaria de Rosario perjudicando a esa maravillosa ciudad que perdió empleos y vio empeorar sus condiciones de vida”, se queja el intendente de Funes, Roly Santacroce, y los dardos lo apunta al secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich.
Ocurre que en el “Run Run” del domingo pasado, Mijich abrió el debate sobre cómo se deberían financiar los 150 millones de dólares para construir 5 “cierres” (o represas) para regular la cuenca del Ludueña ante el crecimiento urbano.
Y fue ahí que dejó la puerta abierta para que los municipios que fueron beneficiados por las urbanizaciones aporten parte de los 150 millones, no sin antes quejarse de que las compensaciones en obras públicas que las comunas exigieron fueron básicamente pavimento, “que complicó aún más la situación hídrica”.
Pero Santacroce tiene otra visión. “Las obras del Ludueña a las que hace referencia Mijich las tendría que haber realizado la Provincia hace 10/15 años. ¿Adonde estaban los socialistas en hace 10/15 años ”, ironizó.
Planeamiento hídrico como punta de lanza del debate sobre el desarrollo urbano en zonas metropolitanas, que buen tema para llevar a las discusiones de la reforma constitucional.
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Si bien es atendible, la cuestión hídrica no es de los desafíos más complejos que debe afrontar el Gran Rosario. A fin de cuentas, hay un plan de obras para nuevas represas (que debe tomar forma de proyecto ejecutivo) y el monto a invertir es importante, pero no es inaccesible.
Distinta y más compleja es la situación con los servicios públicos para las nuevas urbanizaciones porque se habilitaron loteos en toda el área metropolitana que, a juzgar por especialistas, por décadas no tendrán densidad poblacional suficiente como para hacer viable económicamente la inversión para la provisión de servicios como cloacas, agua potable, electricidad, recolección de residuos y transporte.
Y si a esa cuestión estructural se le suman los problemas de gestión de las empresas y las internas entre políticos, todo se complica aún más.
“Lo de Assa es una máquina de impedir”, se queja Santacroce ante Rosario3. “Te cuento un caso: en el barrio Cantegril, en el que hay unas 360 propiedades, los vecinos decidieron hacer ellos los aportes, a razón de u$s4.000 por casa, y hasta avanzaron con el armado de un fideicomiso. Pero Assa todavía no lo firmó. Es un desastre para los vecinos”, se quejó el intendente de Funes.
El tema de Cantegril está caliente. Días atrás, un grupo de vecinos fue hasta la sede central de Assa en Rosario en busca de explicaciones. Y como entre los residentes hay gente allegada a políticos, los funcionarios de la empresa sienten la presión.
“Te cuento otro caso de falta de gestión de Assa. En el barrio villa San Juan tenemos hasta la obra de cloaca ya pagada a Edeca con aportes del gobierno nacional. Pero no se pudo ni empezar porque Assa no da el punto de conexión a la troncal.”, denunció Santacroce.
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Ahora bien: ¿Qué está pasando con las cloacas en Funes? ¿Por qué Assa no las aprueba? El gobierno provincial tiene su explicación. Y viene con polémica.
Resulta que al asumir las nuevas autoridades se encontraron con que el presidente saliente de Assa, Hugo Morzan, firmó un convenio con la Municipalidad de Funes por la cual se le cedía a la intendencia la factibilidad de otorgar a quien defina las últimas 5.000 conexiones de cloacas que puede tomar la troncal en esa zona.
Para el nuevo gobierno el convenio era inaudito ya que, entiende, otorgar las factibilidades de nuevas cloacas es una facultad del Estado provincial que no se puede arrogar un municipio.
Además, aseguran que como más de la mitad de esas 5.000 factibilidades todavía no tiene barrio o zona asignada sino que son para futuros loteos, en la práctica la Intendencia se estaba quedando con la atribución de definir a quién (y cuándo) otorgarle cloacas, con todo lo que eso implica en el valor de los lotes.
En la práctica, Assa tumbó el convenio y recuperó la facultad de definir a quién y cuándo le otorgará las 5.000 factibilidades. Por eso no hay avances. Y lo que le pide ahora la empresa provincial a cada nuevo barrio que pide cloacas, incluido Cantegril, es que presente (su desarrollador y/o la Municipalidad) el plan ejecutivo de la obra, y ellos, y no la Municipalidad, definirán si las otorgarán. Vale también para el caso de Villa San Juan.
En este tema asoma una cuestión recurrente, el papel de los funcionarios de Omar Perotti en todo lo referente a las facilidades que dieron para las habilitaciones de negocios inmobiliarios en el Gran Rosario.
Y sin bien por razones de coyuntura política, el gobierno provincial no culpó de manera directa a gobierno de Perotti, los problemas irresueltos encuentran su manera de aflorar….
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Como ocurrió esta semana cuando unos 50 clientes de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Roma protestaron en la sede de la empresa, ubicada en Puerto Norte, por las demoras de varios años en entregar lotes comprados en distintas localidades del Gran Rosario, como Ibarlucea, Álvarez y Pueblo Esther.
El año pasado, el gobierno de Santa Fe suspendió la construcción de cuatros loteos del grupo Roma: El Naranjo (Ibarlucea), Orígenes (Soldini), Comunidad Evolutiva (Pueblo Esther) y Campo Madero (Ibarlucea) por haber iniciado las obras y la comercialización sin tener todas las autorizaciones provinciales correspondientes (hídricas y ambientales). Según informó la empresa tras la protesta, avanzan con la gestión de los papeles en falta en todos los desarrollos, y en Orígenes y Campo Madero los ok finales serían inminentes.
Ahora bien: si la ley es tan clara como dice el Ministerio de Medio Ambiente que no se puede ni poner una pala de punta sin tener previamente toda las autorizaciones hídricas y ambientales, ¿cómo puede ser que loteos como los del grupo Roma tengan entre el 70% y el 90% de las obras de infraestructura avanzadas sin tener las autorizaciones correspondientes?
Ocurre que se fue generando el uso y costumbre en el negocio que con el ok de los Municipios (y de las empresas de servicios públicos) y con solo los expedientes ingresados (no aprobados) en Hídrica y Medio Ambiente, los desarrolladores arrancaban las obras y la comercialización. Algunos mucho más desprolijos, vale aclarar, lo hacían sin ni siquiera iniciar esos papeles en la Provincia.
No son ajenos al desaguisado los municipios que tras dar su habilitación (y beneficiarse con el cobro de tasas) parecen desentenderse (vaya a saberse porqué) del tema y no advierten a la comunidad si el desarrollador está en regla o no con la Provincia. ¿Si pasa, pasa?. Ya venimos advirtiendo en esta columna que en Ibarlucea y Piñero la situación se pueden tensar por el crecimiento de loteos.
Y como la gestión de Omar Perotti hizo escuela en el Gran Rosario dejando que los loteos salgan al ruedo sin todos los papeles (y, para colmo, no los controló luego), cuando el gobierno de Maximiliano Pullaro sí salió a inspeccionar encontró a muchos loteadores en claro off side. Por eso en la actualidad hay más de una docena de loteos clausurados, entre ellos los cuatro del Grupo Roma.
Y los principales afectados por todo estos inconvenientes siempre son los compradores. Primero, porque las clausuras les demora la posesión del lote, pero también hay otro problema grave: si el loteo no tiene todas las habilitaciones Provinciales no puede escriturarse en Catastro. Y eso también es un problema.
Los problema saltan primero en los loteos que en fase inicial venden las parcelas a usuarios finales (con pretensiones de tomar posesión rápida) y no a inversores que saben que el negocio es de largo plazo cuando vendan el lote a un usuario final no teniendo apuro en hacer posesión o escriturarlo.
Ahora, ese “siga/siga” a lo árbitro de fútbol permisivo también le sirvió al gobierno de Perotti esconder los déficits de gestión.
Por ejemplo, el grupo Roma está gestionando desde 2022 la aprobación hídrica para el barrio Comunidad Ejecutiva. Sí, hace tres años que están recorriendo las oficinas provinciales para obtener un permiso. Un papelón. Y demoras como estas se repiten en muchos casos de otros desarrollados a lo largo de la provincia. Esa demora burocrática provincial es exasperante y conspira contra el crecimiento provincial y también forzó el “uso y costumbre” del que hablamos más arriba. ¿De quién es la culpa? ¿Del chancho o de quién le da de comer?
El gobierno de Pullaro, al tanto de este problema y con vocación de cambiar la situación para que no haya expedientes por años circulando en las oficinas públicas, arrancó con una serie de medidas para dotar de más ritmo a la pesada burocracia (por ejemplo con Ventanilla Única para desarrolladores), pero tiene todavía mucho por delante por mejorar para lograr cambios de contundencia.
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Para cerrar con el tema, hace 15 días Pullaro visitó Villa Amelia. Junto con el jefe comunal, Javier Ruggieri, con quien tiene muy buena relación, tomó contactos con desarrolladores inmobiliarios de la región y se mostró gratamente sorprendido por las obras de tendido de gas y la planta de tratamiento de efluentes importada desde España que encaró, con fondos propios, uno de los loteos de la zona llamado Neander.
Fue allí que se mostró en favor de la movida que están encarando los propios urbanizadores de filtrar un poco entre los que trabajan de manera responsable y los que no lo hacen provocando después todo tipo de problemas no solo a sus clientes sino también en las comunas y la Provincia que deben salir al rescate. “Lo bien que hacen porque en el palo de ustedes hay cada uno”, les dijo el gobernador.
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Vuelta de página
Tras anunciar la baja temporaria de retenciones, el gobierno nacional tiró la pelota a los gobiernos provinciales -sobre todo a los que -como Santa Fe- hicieron suyo el reclamo del agro- reclamando que bajen ahora ellos Ingresos Brutos.
Como no podía ser de otra forma, cuando se trata de impuestos el reclamo por la carga fiscal de las provincias corrió por reguero de pólvora, no sólo entre empresarios sino también este contribuyentes y prendió mucho la presión a las provincias para que también bajen impuestos.
Más allá de las consideraciones políticas y electorales de esa puja, cuyos detalles podés ver en esta columna de Damián Schwarzstein en Rosario3, lo cierto es que Ingresos Brutos quedó en el centro de una avanzada del gobierno nacional, que la juega en muchas canchas. Y su preferida son las redes sociales. Fue así que en los últimos días corrió mucha información (de la buena y de la mala) sobre Ingresos Brutos. Y uno de los posteos que más se viralizó fue el que dejo a continuación porque dejaba mal parada a la provincia mostrando que el porcentaje de retención es mayor en Santa Fe que en el resto de los distritos.
“Esa infografía es errónea y manipulatoria”, le dijo a Rosario3 el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.
“Ese 7% es la alícuota que aplican los agentes de retención a quienes venden sin acreditar inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos o que están exentos. Concretamente es lo que les pasa a quienes venden on line en negro sin abrir comercio formal pero hacen comercio por plataformas. Mercado Libre o las demás plataformas que son las que les hacen de agente de cobro les retienen como no inscriptos”, explicó el alto funcionario.
“Tras la pandemia creció mucho la modalidad de ventas mediante plataformas on line. Y muchos emprendimientos de gente que se puso a vender mediante mercado libre pero sin abrir comercio formalmente o dándolo de alta como monotributo nacional y evadiendo IIBB. Entonces se les empezó a dar un tratamiento más estricto en los sistemas de retención. Por eso se les bajó la alícuota de retención a los que están formalizados y se les subió a los que son "fantasmas fiscales”, completó Olivares.
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La explicación del ministro de Economía de Santa Fe sirve para introducir que el problema de Ingresos Brutos no está en la industria y en el campo, ya que -al menos en Santa Fe- los sectores productivos no tienen un tratamiento fiscal provincial que les quite el sueño. Sino que quienes más lo sufren son el comercio, los servicios, la gastronomía, la hotelería, la construcción; etc. Y este cuadro lo deja bien en claro:
En el cuadro, con datos a 2023, se percibe que mientras industria y agro tienen tasas del 1.2% y del 0.3%, mientras que comercio y hotelería tienen alícuotas mayores de 3.78% y 4.62%
En la infografía también se ve claramente que Santa Fe está mejor en industria, agro y hotelería que Buenos Aires, pero peor que Córdoba. En construcción y comercio y servicios financieros, en cambio, está mejor que Buenos Aires y Córdoba. El tema de los servicios financieros, desde este año, Santa Fe está por arriba de todos.
La batalla por Ingresos Brutos, entonces, no debe venir por el campo o la industria, sino por las entidades empresarias de los sectores más alcanzados.
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Ahora, si se pretende capitalizar la embestida que alienta Nación contra las Provincias por Ingresos Brutos, un eje a transitar por las entidades empresarias y los legisladores más que pedir cambios en Ingresos Brutos sería apuntar contra el Sirceb, algo que directamente es sinónimo de mala palabra en los empresarios.
¿Que es el Sircreb? Es un régimen de recaudación de Ingresos Brutos que se aplica sobre las acreditaciones bancarias. Por eso, cuando una empresa cobra vía transferencia bancaria, el banco debita de manera automática una parte para dárselo a las provincias como pago a cuenta de ese impuestos.
Para los comerciantes es nocivo porque el débito que se hace no toma en cuenta si supera el total a pagar de impuesto. Es por eso que el Sircreb es uno de los mayores causantes de los saldos a favor eternos que tiene los contribuyentes con los fiscos provinciales.
Y operar con billeteras virtuales no salva al contribuyente porque allí juega su hermano gemelo: el Sircupa.
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Quién se entusiasmó con esta movida contra el Sircreb, es el diputado nacional por Santa Fe, Alejandro Bongiovanni, quien ya tiene un proyecto de ley presentado contra lo que bautizó como “el régimen maldito”
Y el artículo 1 de su “ley antipercepciones” arranca de manera contundente: “La propiedad de las cuentas bancarias argentinas es inviolable. Prohíbese a la Administración Pública Nacional, Provincial, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a sus organismos descentralizados y/o autárquicos, y también a cualquier otro organismo estatal, la extracción de fondos depositados en cuentas bancarias o cajas de ahorro de terceros".
Si queres ver los fundamentos de la iniciativa, los podes bajar acá. No se trata de un tema menor porque se trata de una importante fuente de financiamiento de las provincias. Pero, en tiempos de gobiernos reformistas, bien vale ponerlo en debate.
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Vamos a la industria
Hace tiempo que la planta de General Motors en Alvear no brilla como en el pasado. Más si el negocio es venderle a Brasil: que devaluó fuerte y no trasladó el aumento del dólar a los costos, generando así una competitividad formidable.
Pero, al menos en el terreno de las especulaciones, apareció -después de mucho tiempo- una posibilidad que permite despertar el entusiasmo.
¿Cuál es? “El reciente acuerdo entre General Motors y Hyundai, para producir una pickup en Sudamérica, abre la posibilidad de que la Argentina sea candidata a recibir una radicación en la planta de GM en Santa Fe”, comentaba el consultor Salvador Di Stéfano este fin de semana.
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Otra de fierros
Sigue habiendo mucho ruido en Acindar, con el gremio Smata avisando ahora que se vienen fuertes ajustes en el complejo
¿Qué es lo que está pasando? Desde el año pasado, la siderúrgica viene con ventas inferiores a sus registros normales históricos, por lo que se ve obligada a readecuar su estructura productiva a los nuevos niveles de venta del mercado.
En el proceso productivo de la compañía intervienen empresas contratistas, y cuando Acindar produce menos también les demanda menos. Y es este sector el que ahora está adecuando sus contratos laborales, y por eso está en el foco de la tensión gremial.
¿De cuánto será el ajuste? La cantidad de empleados indirectos afectados dependerá de cómo cada contratista va tomando la decisión en su gestión conforme mejor lo estime.
En lo que hace a los empleados propios de Acindar, no hay desvinculaciones, pero sí está en marcha un esquema de retiros voluntarios.
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Pero vamos a cerrar, como nos gusta en esta columna, con un buena. Y de la industria. Y aunque parezca raro por lo recién antes contado: del sector siderúgico.
Resulta que Ternium inauguró su nuevo centro logístico en Rosario, ubicado en Provincias Unidas al 200 bis.
Se trata de una millonaria inversión para instalaciones de 13.000 m2 con lo último de tecnología y seguridad para almacenar y despachar tubos de acero a todo el país.
Con las nuevas instalaciones multiplican por más del doble la capacidad de almacenamiento, que llega a las 9.000 toneladas.
Varios temas a resaltar: esta inversión muestra, como venimos contando, que es la logística y la distribución la nueva estrella de la inversión fabril, no así la producción. Y es que estos centros de despacho mueven mercadería, con independencia de que sea de producción nacional o importada.
Tampoco hay que olvidar que muchas veces las mismas empresas productoras se reconvierten en importadoras porque tienen el activo clave de la red comercial y logística.
Pero así y todo, como se trata de Ternium, que es la acería líder en producción nacional, no deja de ser una buena señal de que aún en momentos tan duros para la industria, haya jugadores fuertes que no pararon proyectos. Algo están viendo. Son señales.
Buen domingo.
