Lo que empezó como una inversión de parejas amigas para ganar la concesión de un emblemático bar de la zona de la Rambla Catalunya, terminó con acciones judiciales y la inhibición de bienes de una de las partes.
El inicio de la historia se remonta a mediados de 2019 cuando el acusado, identificado como Marcelo C., invitó a Soraya V. y su esposo Fabián T., a asociarse para ganar la concesión de uno de los bares de la costanera norte de Rosario. Después de analizarlo, y por la relación de amistad que unía a Marcelo y Fabián, aceptaron la propuesta y comenzaron a trabajar en el pliego.
Según declararon ante la Justicia, por una cuestión de tiempos y por la experiencia con la que contaba en emprendimientos gastronómicos, definieron que Marcelo C. sea quien aparezca en los papeles como el titular del emprendimiento, que finalmente resultó ganador de la concesión.
Pese a la informalidad del acuerdo, ya que no se había conformado legalmente la sociedad, Soraya y Fabián confiaron en la buena fe de su amigo y comenzaron a invertir en electrodomésticos y muebles para equipar el salón.
Pero una vez abierto el local, comenzaron los problemas. Las discusiones fueron escalando y finalmente Marcelo C., siempre según el relato de los denunciantes ante la Justicia, decidió prohibirles el ingreso y comenzó a desconocerlos como miembros de la sociedad.
A partir de eso se inició una denuncia civil por la disputa societaria que en primera instancia fue desestimada ya que los jueces consideraron que no existían las pruebas suficientes para comprobar el lazo societario. De acuerdo al testimonio que brindó el denunciado (Marcelo C.) ante la justicia, la mujer había sido contratada para administrar el restaurante y además le había prestado dinero para la compra de algunos elementos, pero no por eso se la podía considerar socia.
Después de un largo recorrido judicial, en noviembre del 2023 la sala IV de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial dio por acreditada la existencia de una sociedad de hecho entre las partes. Para eso se basaron en los testimonios de trabajadores que identificaban a ambos como “socios”. Además, tenían una cuenta bancaria conjunta y un intercambio de correos electrónicos donde, quien figura en los papeles como titular de la concesión, le rendía cuentas y mostraba el estado financiero del negocio a la pareja amiga.
A modo de subsanar la situación, la Justicia estableció un reparto del cincuenta por ciento para cada socio.
Con la demostración de que habían formado parte de la sociedad que ganó la concesión, Soraya V. y su esposo se presentaron en el fuero penal y denunciaron a su socio por estafa. Los acusados, Marcelo C, y su esposa Mirta G., quedaron imputados por presunta comisión del delito de estafa y en noviembre de este año el juez Hernán Postma dispuso la inhibición de sus bienes por 6 meses.
Consultados por Rosario3, desde el municipio reconocieron estar al tanto del tema que, por el momento, es un conflicto entre privados. Es que legalmente la concesión del bar figura a nombre de Marcelo C. y, hasta que no finalice el proceso judicial no corresponde tomar ninguna determinación.
