El proyecto de ley de Biocombustibles que las provincias con plantas de biodiesel y bioetanol enviaron al Congreso se va quedando sin impulso y el gobierno nacional no solo no está dispuesto a convalidarlo, sino que avanza en la elaboración de un proyecto más desregulador y liberalizador del estratégico mercado.
Tras verificar que el proyecto de ley girado al Congreso no tiene el acuerdo pleno de petroleras y grandes aceiteras -a que la apertura del mercado les sabe a poco- el gobierno ya definió que no está dispuesto a convalidarlo y tiene una razón que encaja con su credo económico: “atenta contra la estabilidad fiscal”.
Según confirmó Rosario3, Daniel González, ex CEO de YPF y actual hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo en cuestiones energéticas, está trabajando en un proyecto nuevo que cumpla con las necesidades del gobierno y reúna el mayor consenso posible de una larga cadena de sectores involucrados en la temática.
El gobierno ahora quiere darle más espacio en el debate por la nueva normativa a los fabricantes de autos (que hasta ahora no habían sido protagonistas) y también hasta las petroleras, en una ronda de consultas en la que González incluirá, obviamente, a los industriales productores de biocombustibles, que tampoco reúnen una posición común y se miran entre sí con recelo por más que en público cuiden las apariencias.
A todo esto, el reciente recambio en las autoridades en la Secretaría de Energía, con el ingreso de María Carmen Tettamanti, tampoco fue una buena noticia para las provincias, que insumieron meses tratando de acercar posiciones con el removido antecesor del cargo.
¿Y cómo será el proyecto del gobierno? Bastante más desregulador del que impulsan las provincias bio y tendrá como sector más afectado las empresas no integradas a aceiteras, que eran las que mejor quedaban paradas en el proyecto de las provincias. Los tiempos no lo apuran al gobierno, que apuesta a "más adelante" tener lista la nueva iniciativa.
¿Oportunidad perdida?
Luego de un primer y desprolijo intento (en el marco del primer envío de la Ley Bases) por quitar de cuajo todas las regulaciones que establece la actual norma sancionada durante el kirchnerismo (que le asegura vía cupos las ventas al mercado interno a las empresas nacionales no integradas a grandes aceiteras a un precio fijado por el Estado), las “provincias bio” -con Santa Fe a la cabeza- empezaron a trabajar en un proyecto que logre reunir los intereses de todos los sectores involucrados introduciendo algunas reformas que abran un poco la competencia y liberen el negocio.
Y, con mucho diálogo, el consenso fue logrado alumbrando un proyecto que tenía a todos los sectores adentro. Y si bien las tensiones seguían (entre fábricas integradas y no integrada a aceiteras y entre productores y consumidores, que son las petroleras) lo que los unía era el convencimiento de que la norma propuesta era mejor que la actual.
Pero el hierro se dobla en caliente, y las demoras del Congreso en tratarlo fueron haciendo que aparezcan las grietas internas. Por ejemplo, si bien las grandes aceiteras multinacionales habían decidido no encabezar el lobby (porque no les cerraba del todo) sí se comprometieron a no criticarlo. Pero en el reciente seminario anual de Acosoja, la entidad que reúne a la cadena sojera, los ejecutivos de las grandes firmas -con Cargill y Cofco a la cabeza- la criticaron duramente.
“La nueva ley que se propone es marginalmente mejor a la actual. Lejos está de ser de libre mercado. Lejos está de incentivar la competencia y mucho más lejos está de incentivar o generar nuevas inversiones”, dijo en esa oportunidad Ezequiel Cornejo, director comercial de Cofco, la trader de granos china que es operadora líder del mercado argentino.
“Sin un escenario que incentive inversiones, que en el biocombustible sería tener un buen mercado interno para abastecerlo con producción de calidad y eficiencia y a precios competitivos, seguiremos sin reactivar esta industria”, se quejó el ejecutivo de Cofco.
Las petroleras -a las que el proyecto de las provincia bio les permite ingresar en el negocio de producir (hoy lo tienen vedado) solo cuando la demanda crezca mucho- que al principio se guardaron ante el arranque inicial de las provincias (que no apuestan a una liberalización total) en la medida en que los dictámenes en el Congreso no aparecían fueron reactivando el lobby.
Batalla de fondo
Es muy conocida la crítica de las aceiteras internacionales a la normativa gestada por el kirchnerismo, y que ni el gobierno de Mauricio Macri desactivó.
En líneas generales, la ley dejó libre el mercado de exportación para las grandes multis y le asignó a las nacionales (no integrada a aceiteras) en exclusividad el mercado interno (venta a petroleras para los cortes en naftas y gasoil) estableciendo el Estado cupos entre las empresas y fijando precios.
La normativa tuvo un primer momento en el que les cerró a todos, activando inversiones en grandes plantas de las multinacionales y generando un importante tejido de empresas nacionales.
Pero con el segundo gobierno de Cristina empezaron las fisuras. A nivel mundial, se cerraron fronteras para el bio argentino (pidiendo las multis poder vender en el mercado interno) y a nivel interno el gobierno empezó a pisar las actualizaciones de precios frente al avance inflacionario y para cuidado de los números de YPF.
Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo intentos de liberalización que quedaron a mitad de camino y la última modificación a la norma durante el gobierno de Alberto Fernández hasta le bajó el corte obligatorio, a pedir de las petroleras que siempre renegaron del bio.
Luego, el gobierno de Javier Milei intentó sin éxito desregular todo el mercado, y tras el fracaso asomó un nuevo texto de ley impulsado por las Provincias y consensuado entre todas los sectores empresarios que, precisamente, tiene su virtud en que todos ganan un poco y ceden algo, por ejemplo permitiendo a las grandes fábricas de biodiesel poder incursionar un poco más en el mercado interno.
Pero sin haber logrado avances significativos en el terreno legislativo, ahora el gobierno vuelve a la carga con otro proyecto propio que retoma una agenda más liberalizadora del negocio.
