La situación de emergencia que atraviesa Rosario por la estrategia de terrorismo urbano desplegada por las bandas narcocriminales, en aparente respuesta al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil, tendrá su respuesta en la calle: un mayor despliegue de fuerzas de seguridad federales para reforzar de manera clara y visible los patrullajes preventivos y la participación del Ejército, aunque no en tareas de combate directo del delito sino de apoyo logístico. Esto incluiría el uso de camiones y autos de esta fuerza armada, para potenciar la capacidad de movilización de efectivos policiales. 

El concepto que guiará la estrategia de intervención nacional y la participación de las Fuerzas Armadas es que lo que hoy sufre Rosario son acciones de “terrorismo callejero”. Eso se analizaba este viernes a la mañana en el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, donde también se baraja "para más adelante" la posibilidad de promover una modificación de la ley de seguridad interior para que el Ejercito sí pueda participar en tareas de combate directo al delito.  

Por lo pronto, según informaron fuentes del gobierno nacional, el gobernador Maximiliano Pullaro, luego de constituir un comité de crisis provincial, pidió la aplicación de los artículos 23 y 24 de la ley de seguridad interior.

El artículo 23 establece que “cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada” y “cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales”, corresponde el empleo de fuerzas de seguridad y policiales nacionales. El artículo 24 sostiene que cumplidas esas condiciones es el gobernador quien debe pedir la intervención de esas fuerzas.

Formulado el pedido, el gobierno nacional, según las fuentes consultadas por Rosario3, tiene la decisión tomada de reforzar de manera clara y visible la presencia de fuerzas federales en Rosario. “Vamos a reforzar todo y eso incluye sumar herramientas del Ejército”, adelantaron desde la cartera que conduce Bullrich. Que además viene pidiendo una reestructuración profunda de la policía provincial, responsable primaria de las tareas de patrullaje preventivo, frente a las investigaciones que en forma permanente revelan la participación directa o indirecta de uniformados en las bandas narcocriminales.

La decisión de la gestión de Javier Milei es no solo mandar más efectivos federales sino también darle más visibilidad a esa presencia. “Nosotros trabajábamos sin visibilidad y eso daba lugar a chicanas. Pero los resultados de nuestras zonas son mejores que los del resto de la ciudad”, dicen desde el gobierno nacional. 

La idea de Patricia Bullrich es que aplicados los artículos 23 y 24 de la ley de seguridad interior se active el 27, que contempla que el Ministerio de Defensa disponga, en caso de requerimiento del comité de crisis, que “las Fuerzas Armadas apoyen” con sus “servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.

Los “servicios de arsenales”, según se explica en la página Argentina.gob.ar, incluyen “los materiales que proporcionan la movilidad y la potencia de fuego. Un completo apoyo de arsenales para las fuerzas terrestres, comprende la ejecución de las tres funciones básicas: el abastecimiento de materiales en condiciones de servicio, la reparación de dichos materiales cuando están fuera de servicio, y su evacuación hacia las instalaciones, donde puedan ser reparados o recuperados”.

Es decir que eso abriría la posibilidad de uso de armamento de las Fuerzas Armadas, de mucha mayor potencia que las policiales y que acaso requieran de una capacitación para los efectivos de las fuerzas de seguridad. De todos modos, las fuentes gubernamentales consultadas por Rosario3 dijeron que lo que se contempla es la utilización de camiones y autos del Ejército para ampliar la capacidad de movilización de los policías y gendarmes. 

En cuanto a la posibilidad de que el Ejército intervenga en tareas concretas de combate del delito de manera directa, se analiza la posibilidad de pedir al Congreso una modificatoria de la ley de seguridad interior, aunque hasta el momento no es una decisión tomada ni se activaría en el corto plazo. "No se contempla por ahora; el foco en este momento es la emergencia", explicaron desde el gobierno nacional.