El ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Martín Balza, tomó distancia sobre la participación de las fuerzas armadas en Rosario para contribuir a la lucha contra el narcotráfico ya que su “misión” es otra y para ello están la policía provincial y las fuerzas federales de seguridad. Dijo que los países que apelaron a esas fuerzas para combatir a los narcos tuvieron “resultados negativos, letales y desmoralizadores”. Argumentó que ellas deben ser “lo último” en el “ejercicio legal de la violencia” y que no están para “hacer controles de tránsito”. En una entrevista a solas con Rosario3, apuntó que la situación de la ciudad “está lejos” de ser lo que fue Colombia o México pese a que al accionar de las bandas se lo catalogue como narcoterrorismo.
Balza (89 años) fue oficial militar y veterano de la guerra de Malvinas, condujo el Ejército durante el menemismo y en 1995 hizo un reconocimiento público sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Fue también embajador argentino en Colombia y Costa Rica durante el kirchnerismo. Ya en 2018 había condenado el uso del Ejército para la lucha contra el narcotráfico.
—¿Las fuerzas armadas deben intervenir en este momento para combatir al narcotráfico?
—No me voy a referir a las medidas de nivel político que ha tomado el Ministerio de Defensa en Rosario. No sería ético de mi parte y también desconozco los motivos por los que ha decidido enviar las fuerzas militares. Vengo diciendo hace más de dos décadas, guiándome por todo el conocimiento del tema que he tenido como jefe del Ejército y por haber analizado profundamente como embajador en Colombia y estar en contacto con embajadores de otros países como Ecuador y México, y ratifico la misión de las fuerzas armadas argentinas: proveer a la defensa común y consolidar la paz interior, tal como lo plantea el Preámbulo de la Constitución nacional. La misión de las fuerzas, fijada incluso por la ley de Defensa sancionada en 1988, es repeler agresiones de origen externo y también garantizar de modo permanente la soberanía e independencia nacional y su integridad territorial. Está claro que las fuerzas de seguridad, como Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), tienen otra misión y es proteger la libertad, la vida y la propiedad de los habitantes.
—¿Qué puede aportar por su experiencia a la lucha contra el narcotráfico?
—Le voy a hacer una pequeña discreción. A lo largo de mis años he conversado con especialistas internacionales y uno de ellos fue el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Hace 15 años le pregunté como veía la lucha contra el flagelo del narcotráfico y me sorprendió con la respuesta. Me dijo que en el mundo la lucha contra el narcotráfico la vamos perdiendo y me dio un argumento: el presupuesto que los gobiernos asignan va en gran parte a cuestiones operativas como secuestrar drogas o detener delincuentes, y muy poco a la prevención. Y tendría que ser al revés. La mayor parte debe ser asignada a la prevención y abarcar otras áreas como la educación, la salud pública, políticas migratorias, cooperación internacional, tarea de inteligencia y contrainteligencia, y contar con funcionarios comprometidos en la lucha contra esos delitos.
—Pero hubo países que emplearon las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico.
—En los países que emplearon a las fuerzas armadas para la lucha contra este flagelo los resultados fueron negativos, letales, desmoralizadores y afectaron seriamente la moral y la profesionalidad de las fuerzas. Entiendo que las fuerzas armadas no tienen esa misión. El narcotráfico debe ser combatido por la policía provincial, la Federal, la PSA o Prefectura. Son fuerzas altamente profesionales, con buen material y equipamiento, que no tienen las fuerzas armadas. Estas no tienen ni por misión, estructura, despliegue, adiestramiento y armamento para luchar contra el narcotráfico.
—Al accionar de las bandas en Rosario se lo ha catalogado como narcoterrorismo, ¿las amenazas, los ataques y las extorsiones no atentan contra la paz interior de la población?
—No tengo conocimiento ni tampoco es ético dar una opinión, aunque igualmente quiero darle una respuesta. El filósofo Jacques Maritain hablaba del monopolio legal de la fuerza y la violencia. El concepto define a una sola entidad, el Estado, ejerciendo la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio. Por su parte, el sociólogo Max Weber dijo que sólo el Estado puede hacer uso de la coacción física de manera legítima. Ambos conceptos llevan implícito que ese monopolio de la fuerza debe ejercerse de manera gradual. Ante un flagelo como el narcoterrorismo, que no es un terrorismo contra el Estado, más bien de características particulares, está la policía provincial. Si ésta es superada, hay otro organismo como la Policía Federal. Y si ambas no fueran suficientes en el monopolio legal de la fuerza, se recurre a las otras fuerzas de seguridad. Si fallan o no son suficientes, habrá que emplear lo último que queda en el ejercicio legal de la violencia y que son las fuerzas armadas.
—¿La situación de Rosario no amerita una salida así?
—Por todo lo que escucho y veo, la situación de Rosario está lejos de lo que viví u ocurría en Colombia, Ecuador o México. Es otra cosa, es totalmente diferente. En esos países, que emplearon fuerzas armadas, los resultados fueron nefastos. Hay más producción de droga. Según datos de Naciones Unidas, en Colombia allá por 2010 o 2011 unas 700 hectáreas eran afectadas al cultivo de la hoja de coca y en 2023 había 2 mil hectáreas destinadas a la siembra de coca. La producción de clorhidrato de cocaína de máxima pureza pasó de las 700/800 toneladas métricas en 2011 a las 1750 en el 2023. De un kilo de cocaína de máxima pureza le puede salir al productor unos 1000/1200 dólares y en los países desarrollados comprarlo puede costar entre 30/40 mil dólares. El negocio del narcotráfico, estiman, maneja más de 500 mil millones de dólares al año. No dejemos de tener en cuenta esos números.
—¿Usted no haría cambios en la ley de seguridad interior entonces?
—No soy político. Debe haber otros elementos de juicio en el país para analizar esa posibilidad. La actual ley de seguridad interior es de 1991 y cuando se sancionó se completaba con la ley de defensa. Las fuerzas armadas podrían contribuir con las fuerzas de seguridad en materia de logística, transporte, alojamiento o racionamiento, por orden del Presidente de la Nación. Ahora si a las fuerzas armadas van a llevarlas para controlar el tránsito, las otras fuerzas son las más capacitadas para una tarea así. He visto a la Prefectura haciendo controles de tránsito en los lagos de Palermo, cuando es una fuerza completamente especializada para controlar la hidrovía Paraná-Paraguay por ejemplo. Tenemos que emplear las fuerzas específicas para cada función. El hombre que entra a un instituto militar quiere ser militar. El que entra a la Policía o Gendarmería quiere ser policía o gendarme. Si le cambiamos la misión estamos afectando su moral.
—¿Qué opina del presidente de la Nación y de la vice?
—Como militar retirado he luchado junto a miles de oficiales de las fuerzas armadas y hemos contribuido para lograr la democracia. Nunca voy a ser una apreciación sobre el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Tanto al presidente como a la vicepresidente no los conozco y nunca los he visto. Fueron elegidos por el pueblo y hay que respetar al pueblo.
