El juez de San Lorenzo, Ariel Cattaneo, dispuso la prisión preventiva por el plazo máximo para dos hombres acusados de instigar el crimen de Cristian Joel Barreto (31), quien fue ejecutado el 30 de diciembre pasado en las afueras de Puerto General San Martín. La investigación dio cuenta de un crimen mafioso relacionado con el control territorial de la venta de drogas. Uno de los detenidos, Federico “Gordo” Pérez (34), posee domicilio en Rosario y antecedentes por delitos contra la propiedad. Según testimonios, junto con su socio Miguel Ángel Farías, estaban habilitados por Los Monos para regentear la venta de cocaína en el barrio San Sebastián. Barreto, un ex convicto, había incursionado en ese mercado y el conflicto de intereses no tardó en estallar.
Este miércoles, el fiscal Aquiles Balbis acusó a Pérez y a Farías de haber instigado el crimen de Barreto, con el objetivo de sacarlo de juego en el paño de la venta de drogas. El funcionario reveló que un familiar de la víctima recibió un aviso por parte de Farías el 29 de diciembre, es decir, un día antes del asesinato.
La orden ya estaba dada: Barreto debía morir por vender en territorio prohibido.
Al día siguiente, ejecutaron la amenaza. Una persona aún no identificada bajó de un Peugeot 208 rojo y se adentró en un pasillo ubicado a la vera del kilómetro 336 de la Ruta 11, en las afueras del barrio San Sebastián. Cuando tuvo a Barreto enfrente, le disparó alrededor de 15 tiros con una pistola nueve milímetros. La víctima había salido de la cárcel semanas antes. Según un testigo, al momento de morir estaba desmalezando un terreno.
Sin embargo, el sicario que mató a Barreto cometió un error garrafal. Usó un auto legal, ya que el Peugeot 208 estaba a nombre de Federico Pérez. Una cámara municipal lo filmó ingresando al barrio San Sebastián minutos antes del crimen, a las 14:34.
A todo esto, tanto Pérez como Farías ya se encontraban investigados por regentear un búnker en Misiones y Cayetano Silva, en Puerto San Martín. En el mundo criminal los nombraban como “Los Gordos”. Y según testimonios que obtuvo el fiscal Balbis, operaban con la venia de Ariel “Guille” Cantero. El dato llegó a los detectives del caso Barreto.
Para colmo, Pérez ya había sido allanado en su casa de pasaje Calandrias –zona de Provincias Unidas y Juan B. Justo– el 7 de noviembre pasado. Aunque no encontraron drogas ni armas, la PDI dejó asentada la presencia del 208.
El 2 de enero, el personal de la PDI fue en busca del Peugeot al barrio Larrea, del noroeste rosarino. Mientras aguardaban fuera del domicilio de Pérez, observaron el 208 a 50 metros, en Ñandubay y Juan B. Justo. Así, lo siguieron hasta una rotonda cercana al Puente Rosario-Victoria, donde el conductor frenó la marcha y se encontró con un hombre que iba en un VW Gol.
Allí cayeron Adrián U. (47 años) y Mariano A. (44), al parecer los encargados de descartar u ocultar el 208. En el teléfono del primero quedó asentada la gestión con Pérez para hacer desaparecer el auto, indicó el fiscal.
Por ello, ambos, Adrián U. y Mariano A. –quien primero dio una identidad falsa y además tenía cuentas pendientes con la Justicia Federal– fueron acusados de encubrimiento agravado.
El día después, la PDI ubicó a Farías mientras circulaba por el Cordón Industrial en un Toyota Corolla.
Mientras tanto, Pérez se puso a derecho en las últimas horas luego de que sus padres fueran allanados dos veces. En la segunda irrupción, los investigadores dieron con armas que complicaron aún más la situación penal del sospechoso. Ocultos en un parrillero, encontraron dos revólveres, dos pistolas y una ametralladora casera, por lo que también sumó cargos por tenencia de armas.
