El pacto fiscal que porotean el gobierno nacional y las provincias va más allá de los recursos para que éstas últimas equilibren sus cuentas. Es una necesidad sistémica, para apuntalar el nuevo orden estatal que propone Javier Milei, en el que lo nacional se reduciría a una mínima expresión para descargar competencias en lo provincial y municipal. Para funcionar, el sistema requiere nuevas reglas que rediseñen responsabilidades y garanticen los recursos para llevarlas adelante. En definitiva, el pacto fiscal que se discute debería reflejar el nuevo sistema estatal que Milei está definiendo a los pechazos, meta DNU.
Para avanzar necesita el apoyo del Congreso y los gobernadores, pero esa relación es puesta en entredicho todo el tiempo. Volvió a suceder esta semana con la eliminación por decreto de los adelantos de fondos previsionales a provincias como Santa Fe, un contrasentido si se tiene en cuenta que los gobernadores estaban convocados el jueves a hablar de la ley Bases y el pacto fiscal.
Hasta el correntino Gustavo Valdés, uno de los radicales más entusiastas con Milei, se pintó la cara y advirtió que si el decreto era un apriete para que su provincial apoyara la ley Bases, era el camino errado. Fue más gráfico: “Ya les dije que los correntinos no se amansan con guachasos”.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio arrimaron posiciones en una reunión virtual el miércoles, menos de 24 horas antes de entrar a la Casa Rosada. Maximiliano Pullaro volvió a plantear su rechazo al blanqueo, como se contó la semana pasada aquí, y sus reparos a la reposición del impuesto a las Ganancias. También dijo que era necesario hablar de un plan educativo y productivo, porque distintas cámaras empresarias ya le hicieron llegar la preocupación por el impacto de los tarifazos dispuestos por el gobierno de Milei, en particular en gas.
Con respecto a Ganancias, en esa reunión el entrerriano Rogelio Frigerio propuso una escala progresiva que se acerca más a la idea que había propuesto el santafesino de gravar ingresos y bienes de los sectores más ricos. Si bien los ministros Posse y Francos no mostraron la letra fina del proyecto de ley, pareciera que ese esquema confluye con el del gobierno: establecer el piso en ingresos de 1,6 millones de pesos partiendo de una escala de 5% sobre el excedente, con porcentajes progresivos de acuerdo al incremento de haberes hasta llegar a 30/35% en los más abultados. Con lo de los patrimonios nadie se quiere meter.
Como ocurrió en enero, Juntos por el Cambio hace lo imposible por ayudar a Milei, aunque el presidente dinamita los puentes todo el tiempo. El conflicto le es innato y no admite distinciones entre adversarios y aliados.
Hablando de adversarios, en ese ese tríptico que componen Casa Rosada, Congreso y gobernaciones, destacan a los peronistas Axel Kicillof y Martín Llaryora, después de Sergio Massa, los dos peronistas con más proyección en el pos kirchnerismo.
El cordobés se comió la cancha desde el primer minuto, entró en el golpe a golpe con Milei y se posicionó como un punto de referencia del peronismo. Se configuró como “el peronista blando, capaz de concitar la atención de votantes no peronistas que pueden enojarse con Milei”, dice un analista de opinión pública.
El bonaerense, que viene de sortear la reelección con autoridad en un clima de época adverso, también se posiciona para la pelea grande del peronismo. El acto inaugural de esta nueva etapa fue la facilitación de los patrulleros a Santa Fe en medio de la crisis de seguridad.
"Logró poner un freno al ímpetu de Llaryora. Avanzó unos cuantos casilleros en despegarse de la mirada dura que tiene el kirchnerismo con respecto a todo aquel que esté fuera de su marco ideológico”, completa el mismo analista.
En adelante Kicillof hará muchas más movidas en la misma línea, a pesar de que paga costos dentro de su provincia: los del PRO le pegan por prestar patrulleros, y La Cámpora por salir en auxilio de un gobernador radical. Para él son jugadas a futuro que empiezan a rendir frutos de a poco. Pasó el jueves, cuando Pullaro, un gobernador que tiene llegada en los medios de Buenos Aires, con Patricia Bullrich a la par, recalcó esa colaboración. “Maxi va a repetir hasta el último día de mandato que Buenos Aires lo ayudó durante una situación muy difícil”, avisa un funcionario cercano al radical.
Hipótesis inquietante
A partir de la ola de crímenes ocurrida en marzo en Rosario, Patricia Bullrich renovó el planteo de bajar la edad de imputabilidad penal de los menores. Tiene en Pullaro un aliado invaluable: es el gobernador de la provincia donde un menor de 15 años ejecutó delante de una cámara al playero Bruno Bussanich. Un crimen abierto y crudo, cuya mecánica está a la vista y no admite dudas.
Bullrich, fiel a su estilo, abusa de la sobreactuación. Llegó a plantear la imputabilidad a partir de los 12 años. El proyecto oficial finalmente la fijaría a partir de 14.
Pullaro tiene una posición más extrema aún. “Menor que comete delito de mayor hay que juzgarlo como mayor”. Y embistió contra quienes piensan diferente: “Quienes creen que los menores (que matan) son víctimas de un sistema injusto, llévenselos a sus casas". Una frase innecesaria, que no suma nada a su posicionamiento a favor de la baja de imputabilidad.
Al margen de las frases, el posicionamiento de Pullaro está influido por lo que va surgiendo de la investigación sobre los crímenes de marzo. En primer lugar, el adolescente detenido no vivía en contexto de marginalidad ni hay una adicción que explique su conducta.
En segundo lugar, lo sabido hasta aquí: el o los autores intelectuales de la ola de terror en Rosario usaron a un menor –al menos en el caso de la estación de servicios– justamente por su edad y su estatus diferenciado en la ley penal.
Ahora bien, ¿qué pasaría si el día de mañana se esclarecieran los otros tres crímenes y se concluyese que se eligieron adrede todos menores para ejecutarlos? Se sumaría a los adolescentes que participaron del intento de liberar a un preso del Hospital Provincial donde fue asesinado el policía Leoncio Bermúdez y el ataque incendiario a un colectivo en zona norte, entre otros.
Es decir, no solo los crímenes de inocentes escalaron por encima de lo que hasta aquí conocíamos, sino que podríamos estar ante un cambio en el perfil y las motivaciones de los menores responsables de delitos contra la vida.
No solo eso: en el caso del menor detenido por el crimen del playero, si se confirmase la principal hipótesis de los investigadores, tiene el agravante de ser partícipe de un plan orquestado para atentar contra el orden público y el Estado.
Será importante que cuando se trate el proyecto, el Congreso contemple estas y otras complejidades, para poder diferenciar situaciones y evitar caer en un punitivismo indiscriminado de adolescentes. También apoyarse en experiencias de otros lados, así como en los operadores y expertos del sistema.
Mientras se afina la baja de edad de imputabilidad, la “ley antimafia” y la de nuevas funciones a las Fuerzas Armadas, el gobierno provincial se dispone a reglamentar el Código Procesal Penal Juvenil aprobado en noviembre pasado. Esa reglamentación llegará atravesada por las situaciones y escenarios arriba descritos. Un dato a propósito de la conveniencia de no simplificar respuestas: el debate del CPPJ en Santa Fe insumió diez años y tres legislaturas hasta su aprobación.
Comunión peronista
El peronismo santafesino terminó de sellar una lista de unidad para la renovación de autoridades partidarias. Guillermo Cornaglia, en representación de los senadores del PJ que comandan Armando Traferri y Rubén Pirola, reemplazará en la presidencia a Ricardo Olivera, que se va con la satisfacción por el reconocimiento interno a su labor, pero la amargura por la coincidencia con la peor catástrofe electoral de 1983 a la fecha.
El paso al costado de Marcelo Lewandowski, que no aceptó asumir en persona la conducción partidaria, habilitó que las vicepresidencias quedaran para el sector de Agustín Rossi y la otra para los intendentes que referencia Pablo Corsalini, de Pérez. Todos los sectores se aseguraron una silla en el órgano ejecutivo y representación en el congreso partidario.
En términos generales el PJ santafesino muestra un posicionamiento sin fisuras contra el gobierno de Milei, pero es menos rígido frente al gobierno provincial, por razones relativas a la lógica acuerdista de los senadores y a la vulnerabilidad de los gobiernos locales.
Para los peronistas santafesinos, las elecciones de 2025 servirán para consolidar referencias, jubilar otras y revalidar títulos. Eduardo Toniolli estará en la grilla para renovar banca y Agustín Rossi buscará revitalizar La Corriente, que viene de pérdidas importantes. Es muy comentada la desconexión entre Roberto Mirabella y el exgobernador Omar Perotti. Incluso se menciona al primero buscando en el cordobés Martín Llaryora una nueva referencia, y al segundo con ganas de mudarse desde la Legislatura al Congreso.
Lo más novedoso en el horizonte del peronismo sigue siendo la alianza entre el Movimiento Evita y Ciudad Futura que apuntaló la candidatura de Juan Monteverde en Rosario. De hecho esa experiencia podría replicarse en el centro norte provincial. Leandro Busatto, exrossista de La Capital que se lanzó a hacer su propio camino, es uno de los promotores de la idea.
El PROblema
Por el contrario, el PRO santafesino va camino a una confrontación interna entre los sectores de Federico Angelini y la vicegobernadora Gisela Scaglia. El viernes se definió la junta electoral, donde los de Angelini sentaron dos de los tres representantes.
Las puertas a un acuerdo no están cerradas, pero el cronograma electoral para votar en 60 días corre.
Los dos sectores están contenidos en el gobierno de Pullaro, aunque los de Angelini raspan cada vez que pueden. Las esquirlas de una elección interna belicosa podrían trasladar ruidos al hasta ahora aceitado esquema político de Unidos para Cambiar Santa Fe, máxime si lo que se pone en juego es qué perfil de PRO viene: si seguirá siendo un partido alineado con la línea política del expresidente Macri como todos estos años, o si en Santa Fe la prioridad estará puesta en la gestión que lleva adelante alianza Unidos.
