Los beneficiarios del fallo por el juicio de la expropiación de YPF buscan saber dónde están los activos de la República Argentina, entre los que se encuentran las reservas de oro en el Banco Central, para tenerlos en la mira ante eventuales embargos. La jueza Loretta Preska, que preside el caso en el Tribunal del Distrito Sur Nueva York, ordenó este martes al país entregar toda la información requerida por los demandantes como parte del proceso judicial en curso.
En su fallo, hecho público por Sebastián Maril de Latam Advisors, Preska criticó la actitud del país en relación con la entrega de estos documentos, indicando que “se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”. Este señalamiento puso de manifiesto las demoras en la producción de la información exigida por el tribunal y solicitada por el fondo de inversión inglés Burford Capital.
Los documentos solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, lo que genera un alto interés internacional y podría tener implicancias importantes en el caso por la expropiación de la petrolera YPF, considerada una de las disputas más significativas en la historia reciente entre un Estado soberano y acreedores internacionales. La Argentina fue condenada en primera instancia a pagar USD 16.000 millones y en el último año se sumaron intereses por otros USD 1.000 millones.
Adicionalmente, Preska aclaró que, independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del BCRA o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la obligación del Estado de cumplir con las órdenes judiciales del tribunal estadounidense.
La autoridad monetaria comunicó a principios de septiembre pasado que completó “exitosamente” transferencias de parte de sus reservas en ese metal a una cuenta en el extranjero, aunque no precisó el destino, luego de las denuncias que realizó la oposición sobre estas operaciones ante la vulnerabilidad de los activos frente a eventuales embargos y pedidos de acceso a la información pública. El último balance de la entidad arrojó que las reservas de oro representan el equivalente a más de USD 5.400 millones.
En ese marco, el Banco Central destacó: “La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria, que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos. Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.
“Estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente USD 4.981 millones, según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024″, agregó en ese momento la entidad que preside Santiago Bausili. Finalmente, el BCRA expresó su preocupación por lo que consideró “difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”.
El BCRA realizaba desde hace meses estos envíos al exterior como parte de una estrategia para administrar sus reservas.
Sin embargo, explicaron a este medio fuentes al tanto de la operación, el traslado brinda a la entidad herramientas para generar rendimientos por el depósito del metal en el exterior –tasa de interés– o, en caso de requerirlo, utilizarlo como garantía para conseguir dólares líquidos a través del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés).
De hecho, el BCRA había informado en abril que completó la cancelación de la deuda con el BIS, que ascendía, al asumir Javier Milei, a los USD 3.117 millones, por un swap por el que Argentina entregó oro durante la gestión de Alberto Fernández. Es por eso que ahora el camino para volver a solicitar liquidez se encuentra allanado.
La utilización del metal en manos de la entidad y, en especial, su traslado al exterior generó controversia en los últimos años cada vez que se habló del tema, a pesar de que no es algo nuevo en la Argentina. Es en ese marco que el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, realizó varios pedidos de acceso a la información pública para conocer el destino de esos activos y luego se sumaron otros dirigentes de la oposición que señalaban el riesgo por eventuales embargos por los fallos adversos que enfrenta el país.
