El gobierno nacional tiene el decidido interés de que la operación de la Hidrovía deje de estar bajo administración estatal, pero primero debe acomodar el rojo financiero en el área que heredó de la gestión de Alberto Fernández. Uno de ellos es la millonaria deuda contraída con la dragadora actualmente contratada que puede demorar la concesión del sistema un nuevo operador privado provocando que la empresa belga Jan de Nul se quede varios años más trabajando en el sistema fluvial argentino. 

La situación es la siguiente: el gobierno encontró un fuerte rojo en la Administración General de Puertos (AGP), el organismo estatal que conduce la vía navegable desde que se terminó la concesión privada en 2021; un déficit que el Ministerio de Economía ordenó solucionar rápido.

Un imprevisto costo impositivo (vinculado al IVA) producto de la desprolija y apresurada forma en la que se pasó la concesión a la AGP, más gastos extra operativos explican parte del rojo. Y como en paralelo también subieron en el último semestre los costos de operatoria, la AGP le propuso a Economía subir la tarifa del peaje para que le cierren las cuentas. Fue así que se pusieron sobre la mesa propuestas de subas de un 30%, 46% y hasta 63% en un plazo de tres años. Por ahora, el Ministerio no comunicó definición.

La posibilidad de que se suban las tarifas activó cartas de protestas de los usuarios privados del sistema troncal de navegación, reunidos en entidades como la Cámara de la Industria Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario, entre otras.

Y en ese contexto fue que asomó un rojo financiero que cubrirlo puede complicar los planes oficiales de licitar antes de fin de año. Es que la AGP mantiene una deuda de casi 80 millones de dólares con la dragadora Jan de Nul por servicios no pagados. 

Y una alternativa que apareció en las conversaciones entre la AGP y en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación es que el Estado, apremiado por urgencias financieras, cancele la deuda contratando los servicios de Jan de Nul por más tiempo; en principio por cuatro años más de trabajos.

Es más, hasta se barajó en ámbitos oficiales que la dragadora realice en ese plazo extra algunas de las mejoras que el sistema troncal de navegación demanda con urgencia. Y es que con la combinación nuevas obras para una mejo. navegabilidad y el envío al freezer de la suba de tarifas, se piensa que los usuarios privados no pondrían el grito en el cielo por la postergación de la prometida licitación.

No en vano, sabiendo que esa deuda podría demorar el cambio de manos, cuando le presentó al gobierno una oferta de hacerse cargo del servicio con una rebaja del 30% (tal como publicó Rosario3), la dragadora top mundial belga Deme Dredging también ofreció un mecanismo para hacerse cargo de esa deuda de AGP

Ahora bien: ¿Quien propuso saldar el pasivo con más años de servicio? ¿La AGP o la propia Jan de Nul? 

Situación precaria

En efecto, cuando se acabó la concesión privada, la AGP se hizo cargo de la administración de la Hidrovía, pero como no tenía capacidad técnica de prestar el servicio de acondicionamiento, contrató de manera directa a los mismos privados que hasta ese momento eran concesionarios para realizar los trabajos (Jan de Nul el dragado, y Emepa, el balizamiento) ahora como contratistas; una fórmula jurídica que la propia Sindicatura de la Nación observó. 

Para emprolijar el proceso, se licitaron ambos servicios por un plazo “provisorio” hasta que se defina, también por licitación, nuevos operadores pero ya no para administrar y mantener lo actual sino con nuevos requerimientos de inversiones (más obras, más dragado) en una concesión que sería de largo plazo.

Emepa se impuso en esa “licitación corta” de balizamiento, que -formalmente- terminó en diciembre del 2023. Pero en lo que hace a la licitación del dragado (que es la más importante) fracasó el llamado por impugnaciones, quedando más precaria la relación contractual con Jan de Nul. En concreto, el contrato actual entre AGP y Jan de Nul tiene vencimiento cuando inicie los trabajos el nuevo operador que resulte ganador de la licitación “de fondo”. 

Por su parte, los usuarios privados de la Hidrovía (agroexportadores, puertos, siderúrgicas, navieras etc.) todavía confían en la palabra del gobierno nacional de que este año se llamará a licitación para un nuevo operador privado que llegue con un mandato de profundizar, ampliar y tecnificar la noventosa Hidrovía argentina.

Y hasta estiman que como el pase no será inmediato (además del tiempo que insumirá el proceso de definir un nuevo concesionario, la preparación del cambio de manos llevará meses) en ese lapso se pueden ir ordenando las cuentas de AGP sin la necesidad de extenderle el negocio a Jan de Nul.