Después de la imputación y detención de Andrés "Pillín" Bracamonte, el concejal Rodrigo López Molina propuso impedir el trámite de nuevas chapas de taxi y la suspensión o caducidad de las vigentes para quienes tengan antecedentes o causas judiciales por narcotráfico, lavado de activos o asociación ilícita.
El vicepresidente primero del cuerpo y titular del bloque Cambiemos planteó por eso verificar los antecedentes sobre los titulares y mandatarios de licencias de taxis y remises. Este año, desde el Palacio Vasallo se requirieron informes por seis chapas adjudicadas después por la Justicia provincial a "Pillín" Bracamonte, preso por lavado de activos.
La nueva iniciativa surgió luego de la acusación que formuló el fiscal Miguel Moreno por lavado a Bracamonte, reconocido como jefe de la barra brava de Rosario Central, en la que incluyó licencias administradas por su entorno –actividad que referenció públicamente su abogado defensor–, y al recordar que ya en 2013 otra causa penal detectó que allegados a quienes después fueron condenados como cabecillas de Los Monos administraban servicios a través de terceros.
"Hoy en día la reglamentación vigente exige solo la presentación de un certificado de conducta por quien pretende acceder a una licencia, pero nada dispone en el caso de que existan antecedentes penales, quedando en una discreción de la autoridad de aplicación otorgar o no la licencia solicitada", explicó Roy López Molina.
El proyecto establece que quedarán impedidos de tramitar licencias de taxis o remises "por sí o por medio de apoderados aquellas personas humanas que hayan sido condenadas por delitos dolosos, por un lapso igual al de la condena".
La iniciativa pretende, además, la caducidad definitiva de la chapa para casos de delitos dolosos en general, frente a la existencia de una imputación por alguno de los delitos que se definen por los operadores judiciales como "complejos", como ser lavado de activos, tráfico o comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas y asociación ilícita.
En el caso de una imputación, "se determina la suspensión y caución de la licencia hasta que se encuentre finalizado el proceso judicial con sentencia firme o con suscripción de procedimiento abreviado, donde a partir de allí se procederá a declarar la caducidad de la misma", comentó el edil.
El proyecto contempla convenios del Departamento Ejecutivo Municipal con la Justicia provincial y federal "a los fines de intercambiar información y actualizar de manera permanente la base de datos de los titulares de las licencias otorgadas" y establece un plazo de ciento veinte 120 días para solicitar documentación complementaria a todos los titulares actuales.
Cumplidos esos términos, "se procederá a resolver la caducidad definitiva de aquellas licencias cuyos titulares se encuentren comprendidos dentro de las restricciones previamente establecidas".
