La pesada causa federal por narcotráfico y lavado de activos llamada “Cosecha blanca”, donde se investiga a una banda que trae droga de Bolivia y blanquea el dinero de la venta de droga a través de distintas actividades comerciales de Rosario, quedó curiosamente empantanada. Mientras los presuntos cabecillas de la organización permanecen prófugos desde octubre pasado –cuando comenzaron los allanamientos–, un abogado fue procesado y excarcelado, y hubo dos resonantes balaceras, una hacia la casa de un empresario mencionado en el expediente y otra hacia una propiedad de Aldea.

La investigación, en la que intervino la sección de Investigaciones de Antidroga de Gendarmería, expuso el funcionamiento de una presunta estructura que, con sus tres aeronaves, movía cocaína desde Bolivia hasta la zona de Carrizales, para posteriormente distribuirla en la región y en Buenos Aires. Las ganancias obtenidas por la venta narco, según las tareas de campo, fueron a parar a empresas, flotas de taxis, franquicias de medios de comunicación y bares de Rosario. 

Los tres aviones que Gendarmería incautó a la presunta organización fueron entregados –mediante una resolución– por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Ministerio de Justicia de Santa Fe en medio de los atentados y crímenes considerados “narcoterroristas”.

Uno de los operativos de octubre pasado fue en Campo Timbó, donde la banda operaba con aviones propios.

Lo curioso de la causa es que, básicamente, permite interpretar a investigadores judiciales que los prófugos recibieron información sobre los operativos que se iban a hacer y entregaron su cadena logística para salvarse. 

No es menor que los arrestados hayan sido los colombianos Juan Manuel Gómez Orrego (piloto), Santiago Arbeláez Zapata (ingeniero aeronáutico), José David Hurtado Osorno (mecánico de aeronaves), Wilmer David Bolívar Cano (copiloto y asistente mecánico) y Julián David Correa Posso (asistente mecánico de aviación).

De los eslabones de peso, en los allanamientos de “Cosecha blanca” fueron detenidos Ángel Ramón Narvay, quien está detrás de VyA Digital, una empresa radicada en la comuna de Álvarez que está dedicada a la colocación de pantallas LED, Mauricio Dardo Aranda, presunto testaferro del jefe de la banda en la titularidad de un auto y en un taxi, Claudio Darío Di Mare, la cara visible de dos compañías de taxis y remises (Taxideral SRL y Remitaxi SRL). Según se investiga, esas firmas habrían sido adquiridas por la estructura para lavar plata.

Sin embargo, el expediente tiene aún a siete prófugos:  Brian Walter Bilbao –presunto jefe de la organización–, su hermano Waldo Alexis Bilbao, Pablo Javier Raynaud, Paola Vanesa Acuña –pareja de Brian Bilbao y presunta testaferro–, Yoel Denis Aragón –hijastro de Brian Bilbao y presunto prestanombres–, Mariano Miguel Zuviría –chofer y asistente del líder de la banda– y Maximiliano Javier Martínez.

Uno de los siete prófugos ni siquiera dejó de operar comercialmente en la región, como lo hacía habitualmente, otro dato que levantó sospechas, ya que no tuvo ningún reparo en ocultarse. 

Por otra parte, de acuerdo a las tareas investigativas, Acuña, pareja del presunto capo narco de esta estructura, tuvo numerosos contactos con un empresario que esta semana sufrió un gravísimo episodio de violencia en su domicilio.

En tanto, también está involucrado en la causa Germán Antonio Durán –actualmente, excarcelado–, quien fue gerente comercial de Vórterix Rosario y está sospechado de haber realizado maniobras comerciales en favor de Brian Bilbao –le habría vendido un bar de Catamarca y Cafferata–. Misma situación procesal tiene Tomás Abel González, que se encuentra en libertad después de haberse presentado ante la Justicia para dar respuestas por su posible participación en operaciones desde su agencia de autos J.B. Exclusivos. 

Otra persona que aparece es el abogado Pablo Mariano Stradiotto, sospechado de haber “asesorado” a Bilbao en presuntas maniobras comerciales. Ya compareció ante la Justicia federal, recibió la excarcelación bajo el pago de una caución y fue procesado. 

En la parte de lavado de activos, la Fiscalía Federal Nº 3, la Procunar y la Procelac hicieron hincapié en las operaciones económicas hechas por la presunta organización –mediante supuestos testaferros– en Vórterix Rosario, Vórterix Mar del Plata; las empresas Remitaxi y Taxideral; compraventa de vehículos a través de la agencia J.B. Exclusivos; venta, armado y colocación de pantallas LED, cartelería, sonido, afiches e impresos para eventos públicos y privados con la compañía VyA Digital; los bares Affascinante Pizzería y Affascinante Rock and Beer, la adquisición, reparación y reventa de maquinaria agrícola, explotación de establecimientos rurales, ganaderos y agrícolas para el cultivo de granos, cereales y oleaginosas; compra, venta, importación, distribución y acopio de materia prima y agroquímicos a través de la empresa Glycine; fabricación de biodiésel y aceite hidráulico; compraventa ilegal de divisas extranjeras; negocios inmobiliarios con la empresa Adelante Broker Inmobiliario; compraventa de materiales de construcción en Ladrillera Rosario; y alquiler mensual de cocheras con lavadero situadas en Pueyrredón al 300 y en Vélez Sarsfield al 700.