El juez federal Marcelo Bailaque, cuyo despacho fue allanado la semana pasada, será imputado este jueves en los tribunales federales de Oroño al 900 por tres fiscales que intervinieron en causas donde se investiga su presunto accionar irregular. La audiencia tenía lugar este mediodía y se espera el pedido de varias medidas cautelares.
Una de las investigaciones contra el juez la impulsa el fiscal Federico Reynares Solari del Ministerio Público Fiscal de Rosario por el manejo de fondos que determinó Bailaque sobre el dinero de la intervenida cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, que había sido conducida históricamente por el sindicalista Herme Juárez, conocido por su apodo “Vino Caliente”, quien había sido detenido en 2019 por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.
El juez de Campana, por un conflicto de competencia, ordenó el bloqueo de los mil millones de pesos de la cooperativa y la resolución sobre qué tenía que pasar con el dinero recayó en el escritorio de Bailaque. Bajo el fundamento de que daba mejor interés, direccionó la plata a una mutual que es del empresario Fernando Whpei en lugar de depositarla en el Banco Nación o Macro, que eran las otras opciones.
Lo resuelto por el magistrado fue recusado por un grupo de estibadores, quienes apuntaron que era irregular la medida porque la mutual no era una entidad regulada por el Banco Central, y porque sabían que Whpei tenía una amistad con el juez. La presentación judicial fue revisada en la Cámara de Apelaciones, a través de los jueces Aníbal Pineda y Fernando Barbará, donde se ordenó girar la plata a un plazo fijo del Banco Nación. No obstante, la situación quedó expuesta como una posible maniobra de Bailaque para beneficiar al empresario.
Otra causa que ya tomó estado público es la presunta vinculación entre Bailaque y el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. Es porque el contador personal del juez es Gabriel Mizzau, el mismo que firmó los balances contables de las firmas que supo poner a su nombre Alvarado y por las cuales terminó condenado por lavado de dinero.
Además, el hijo de Mizzau trabajó como empleado del magistrado en su juzgado de instrucción hasta hace pocos meses que pasó a un tribunal oral.
A esas sospechas se agrega que Bailaque tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura donde se evalúa su accionar en la causa contra el capo narco Alvarado, después de que los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieran que se analice si hubo irregularidades.
La solicitud de Edery y Schiappa Pietra radicó en evidencias ventiladas durante el juicio provincial donde fue condenado a perpetua Alvarado, donde se exhibieron algunas de las informaciones que estaban desde 2013 en el expediente federal que Bailaque no movió contra “Esteban”. Es más, el por entonces jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Rosario, Emilio Maximiliano Lencina, declaró en ese debate oral y público y sugirió que el juez rechazó intervenciones telefónicas y allanamientos pese a todos los indicios que tenían contra el narcotraficante.
Bailaque, por su parte, siempre se defendió al manifestar que la única condena por narcotráfico de Alvarado había sido instruida por él. Sin embargo, no era por una causa por transporte o comercio de droga en Rosario o la provincia de Santa Fe, sino por un cargamento que había sido incautado en 2017 en Río Negro a cuatro personas que se desplazaban en vehículos de las firmas que tenía “Esteban” a través de testaferros.
La otra investigación contra el juez es por la que se hicieron los allanamientos la semana pasada, donde se incautó el teléfono del magistrado y de su secretario Gustavo Guazzaroni, quien fue suspendido preventivamente por la Cámara de Apelaciones. Es un legajo en el que trabaja el fiscal Juan Argibay Molina en el que también están involucrados trabajadores de la ex Afip y Aduana, actualmente reconvertida en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Desde la Procelac se comenzó a investigar una serie de presentaciones judiciales que elevó Claudio Iglesias, quien fue trabajador de San Cristóbal, estaba por asumir como presidente de la aseguradora y terminó siendo afectado por allanamientos que se hicieron en 2019 tras una denuncia anónima en la que lo sindicaban por evasión tributaria y lavado de activos en sociedad con el agente de bolsa Jorge Oneto.
A diferencia de otras causas en las que intervino, en esa denuncia anónima Bailaque no delegó la instrucción, ordenó los procedimientos y pocos meses después le dictó falta de mérito al denunciado. Sin embargo, el solo hecho de haber sido objeto de los operativos le valió a Iglesias no asumir nunca como presidente de San Cristóbal.
Los otros investigados en las presuntas maniobras que habrían sido direccionadas para afectar a Iglesias con el objetivo de beneficiar a otras personas habría contado con información girada desde la reconvertida ARCA, donde están bajo sospecha Carlos Andrés Vaudagna –dirección Regional Santa Fe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero–, Fernando Duncan Amante, Luciano Martín Giunta y Pablo Andrés Allegri, de la dirección Regional Rosario de la ARCA, Román Scattolon de la dirección General Aduanera Hidrovía de la ARCA, y del abogado Omar Rizzo.
