Tres años de gobierno, cuatro ministros de Seguridad y una incontable cantidad de jefes policiales. El presidente de la Corte Suprema dice que “la Policía perdió el control de la calle”; el intendente brama en busca de ayuda; los fiscales miran espantados cómo peritos policiales omiten levantar de la escena del crimen ya no una imperceptible huella dactilar, sino carteles con amenazas; también llaman a “no naturalizar” que la violencia corra los límites hasta la incredulidad, como ocurrió con la ejecución en la puerta del estadio de Newell’s, donde menos de 24 horas después se jugó con la cancha a reventar, haciendo como si nada, como si Rosario viviera en dimensiones paralelas.

Esas dimensiones se cruzaron hace tiempo y ya son una sola, por más que duela. Un desmadre de violencia criminal y delito que alimenta la espantosa sensación que sobrevuela a muchos habitantes de Rosario, de que la vida no está garantizada. Y no hay nada más político que la vida de los seres humanos.

Hacía tiempo que un sector del gobierno provincial empujaba por la salida de Rubén Rimoldi del ministerio de Seguridad y el reemplazo por quien hasta el miércoles fue el segundo, Claudio Brilloni, un ex gendarme con expertise y valorado por dirigentes de la oposición, entre ellos el intendente Pablo Javkin. Como sucedió en otras oportunidades, un reemplazo que estaba sentenciado hace tiempo se prolonga hasta que estalla por los aires. 

A esta altura del partido, a seis meses de las elecciones y a diez del recambio de gobierno, la valoración ciudadana sobre la gestión de seguridad provincial ya está jugada. Cualquier mejora que el nuevo ministro consiga será circunstancial, en el mejor de los casos apaciguará algo los ánimos populares. Aunque nadie lo va a admitir, la misión de Brilloni es hacer un control de daños para el gobierno. No hay margen ni tiempo para otra cosa.

A tres años de iniciado, el balance sobre la política de seguridad provincial del actual gobierno ha resultado inconsistente y contradictoria. Cuatro recambios en tres años no es un problema de un ministro. Más si se arranca con una cruzada moralizadora y se termina con todo el funcionarado del ministerio imputado por la Justicia; se comienza con un ministro de discurso progresista y reformista, y se termina con un ex comisario de los años 90 como Rimoldi, que el miércoles llegó a decir ante los legisladores de la comisión bicameral que habría que volver al esquema de doble cuadro policial. No sólo Rimoldi no acordaba con la reforma policial de Marcelo Sain, que a regañadientes Omar Perotti mandó a la Legislatura, sino que proponía volver dos décadas atrás: de la reforma a la contrerraforma sin escala. 

Mientras Sain machacaba sobre combatir el autogobierno policial y el control político de la Policía exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo, desde su reemplazo por Jorge Lagna en 2021, la llave pasó a manos de sectores de poder policial y progresivamente volvieron a ganar juego los senadores departamentales. 

Lagna es un político histórico que terminó siendo ministro del mismo modo que antes había puesto el ojo en un cargo judicial que no consiguió y ahora es presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, pero conservaba una mirada prioritariamente política de la gestión. Por el contrario, la llegada de Rimoldi significó un renunciamiento de la política a gestionar la seguridad, implicó darle la llave del ministerio a un sector de la Policía, que tuvo su época de oro en otros tiempos, cuando la sociedad, la propia fuerza y el Poder Judicial eran otros. Un diputado de la oposición hizo esta semana una semblanza cruda tras el paso del ministro por la Legislatura: “Rimoldi es un comisario del siglo XX. Pero de la primera mitad del siglo XX”.

Cuando Rimoldi asumió hace seis meses, el gobernador tomó el micrófono y con gesto severo lanzó aquel renovado eslogan: “Menos palabras y más acción”. El comisario retirado solo cumplió el cincuenta por ciento de ese objetivo, y lo hizo al pie de la letra: el de menos palabras.

A pesar de una crisis mucho más grave que la que se llevó puesto a Lagna, el miércoles a la noche Perotti le tomó juramento a Brilloni sin comunicar las directivas ni hacer referencia a los conmocionantes hechos ocurridos en la última semana. Elige preservarse, no exponerse y atenuar sus responsabilidades, al punto de darse por defraudado en el mismo plano que los ciudadanos, cuando fue él, en su rol de gobernador quien puso al ex comisario al frente de la cartera de Seguridad. 

La ministra de Gobierno Celia Arena, de las más cercanas al mandatario, dijo este jueves que "Perotti no estaba de acuerdo con las políticas que se tomaban en el ministerio de Seguridad". En esa lógica, la Casa Gris dispuso que sea el propio Brilloni quien dé un paso al frente y explique lo que se va a hacer ahora que es el número 1, mientras Arena y el ministro de Gestión Pública Marcos Corach se llevan las marcas lo más lejos posible del gobernador. La línea es muy delgada: el silencio y la ausencia durante un tiempo ayudan a la preservación, pero luego pueden resultar tan corrosivos como la exposición. 

Habrá que ver si en los próximos días esa actitud se modifica, aunque es para dudar: hasta ahora Perotti no dio explicaciones públicas sobre la causa por acopio ilegal de información sobre empresarios, periodistas, políticos, sindicalistas y empresarios desde el ministerio de Seguridad, ni sobre el intento de compra de armas a medida de un proveedor. Ambos casos tienen al ex ministro Sain y a gran parte de sus colaboradores imputados por la Justicia. 

Rosario necesita de forma urgente que el gobernador se ponga al frente y se ocupe personalmente de la conducción política del problema. En diez meses no va a resolver lo que no se hizo en tres años, pero se necesita cortar la inercia, liderar, tomar y asumir decisiones, comprometer al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Acusación, ser la polea que lleva el mensaje claro hacia los costados y hacia abajo, que haga que los jefes policiales sepan cuál es su trabajo, a quién obedecen y para qué. Otro tanto con el gobierno nacional si las cosas no funcionan, más allá de diferenciarse por matices más o menos kirchneristas que tanto lo incomodan. 

Cuando una comunidad siente que está en juego la propia vida y la de sus seres queridos, es hora de patear puertas y escritorios. Mientras este cambio no ocurra, el nuevo ministro será tan impotente para cambiar algo como lo fueron sus antecesores.

El gobierno actúa como si el problema de criminalidad y violencia fuera un asunto más de los que tiene que atender, entre tantos. Increíblemente, así lo transmiten en reuniones en off sus principales funcionarios. Los que no son de la ciudad, claro.

Santa Fe es una provincia muy grande y diversa, con muchos frentes que atender y asuntos relegados, pero Rosario es lo urgente y condiciona todo el resto. Es de lo que habla el país entero, pero muy poco el gobierno provincial, responsable directo, hoy, de la seguridad pública.

Perotti entendió esto durante la campaña electoral de 2019, habló del tema, pidió y consiguió el voto con esa promesa. Cuatro ministros y 11 jefes de Policía después, prevalece un sentimiento de abandono muy extendido en la ciudad. 

Las incertidumbres propias de los tiempos líquidos acá se han posado sobre la vida misma y los seres queridos. La violencia impregna las relaciones sociales, de producción, institucionales, educativas y familiares. Maestras y trabajadores de salud que en razón de las experiencias vividas no quieren volver a sus lugares de trabajo, policías que se ponen uniforme, pero no quieren trabajar de policías, carteles de venta que florecen como hongos en los frentes de casas de barrios tradicionales, ya no solo los periféricos.

Es cierto que los problemas no empezaron ayer ni en diciembre de 2019, pero tanto en términos cualitativos como cuantitativos, se agravaron en lugar de empezar a mejorar. Para este ciclo ya es tarde a pesar que falta recorrer todo 2023.

Hay que empezar de nuevo.