Los pliegos enviados a la Legislatura por el gobernador Maximiliano Pullaro para integrar la recién creada Cámara de Ejecución Penal generaron críticas en ámbitos políticos y judiciales pero el Poder Ejecutivo los defiende con una fuerte convicción. La controversia, que involucra los pliegos de Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes, quedará zanjaba en unos veinte días cuando se reúna la Asamblea Legislativa para darles acuerdo o rechazarlos. Seguramente habrá votos en contra de la oposición y reproches internos en Unidos, pero lo verdaderamente interesante es que el debate condensa como pocos el pasado y el futuro de cómo se eligieron y elegirán los integrantes del único poder del Estado que no surgen del voto popular. En 40 años de democracia Santa Fe no encontró una forma institucional estable de seleccionar jueces, fiscales y defensores. La posibilidad de una reforma constitucional a largo plazo es la oportunidad para zanjar esa deuda.
Las críticas
La controversia surgió por la decisión del Ejecutivo de enviar a la Legislatura los pliegos de quienes en el orden de mérito “sugerido” que elaboró el Consejo de la Magistratura al finalizar el concurso ocuparon los puestos 8°, 9° y 12° entre los que superaron las pautas de evaluación.
A eso se sumó que Haurigot (actual fiscal en Rosario) y Pueyrredón (fiscal en Venado Tuerto) fueron reprobados en el examen. Ambos impugnaron la eliminación ante el Ejecutivo, que en un hecho dentro de las normas pero sin antecedentes, les permitió seguir en el concurso. Ambos completaron la entrevista personal y aprobaron.
Las críticas fueron variadas. “Muy desprolijo”, es la que más se escucha. Unos plantearon para qué se hace un concurso si después no se respeta el orden de mérito; otros vieron un vaciamiento del sentido del Consejo de la Magistratura; otros vieron el germen de una tendencia a concentrar poder y moldear una Justicia a medida; y están los que ven una decisión de baja calidad institucional. Finalmente se generó algún malestar dentro del interbloque de Unidos, porque sectores aliados, entre ellos el socialismo que tiene mucho peso, aducen no haber sido informados ni consultados.
Sin embargo ninguno de esos argumentos son volcados públicamente en posicionamientos institucionales o políticos, al menos hasta el momento. La excepción fue el Partido Justicialista que envió notas a sus diputados y senadores transmitiéndoles “la necesidad de pedir informes y transparentar el proceso para el nombramiento de los funcionarios que estarán a cargo de la Cámara” teniendo en cuenta que “estas personas (las propuestas) no son quienes ganaron el concurso” y que hay que “ser justos” con los otros postulantes.
La justificación
Por el gobierno, el encargado de explicar la elección de Haurigot, Guedes y Pueyrredón fue el ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni: “El Consejo de la Magistratura hizo una evaluación técnica y nosotros además hacemos una valuación más sensible porque nos jugamos la política penitenciaria de las próximas décadas".
Pullaro y su equipo pensaron la nueva cámara como una pata esencial de su política de seguridad. Y entienden que es una herramienta que va a cumplir su propósito si se asegura un determinado perfil de jueces. En el pullarismo están muy a flor de piel las controversias casi cotidianas que el actual gobernador mantenía cuando era ministro de Seguridad (2015-2019) con los jueces penales por los beneficios que concedían a los presos. Si bien se percibe un cambio de mirada en los magistrados en los últimos años, persisten situaciones muy polémicas.
Es el caso del “Rengo” Ficcadenti, detenido días atrás por las amenazas contra Ángel Di María que generaron conmoción social y provocaron un enorme daño a la imagen de la ciudad. El hombre, que encabeza una de las facciones enfrentadas a Newell’s, estaba en libertad por decisión judicial a pesar de que la fiscalía lo tiene imputado y lo llevará a juicio con expectativa de una pena de prisión perpetua por el operativo comando que terminó con la vida del barra Chivo Saravia.
La apuesta a fondo por sus preferidos Haurigot y Pueyrredón tiene como trasfondo la pulseada del pullarismo con el Poder Judicial y que se juega en varios frentes, como la no cobertura de vacantes, reformas en marcha, la renovación de la Corte, los alcances de la reforma previsional para el subsector judicial y el señalamiento de que la Justicia de Santa Fe es “cara e ineficiente”. En esa pelea el gobierno no regala ni un milímetro.
Una voz muy cercana al gobernador sintetizó la mirada del asunto y por qué el Ejecutivo actuó como actuó: “Si dejábamos que esto pasara (lo de los pliegos de Haurigot y Pueyrredón), nos perforaban la política de seguridad. Ordenamos las cárceles, tenemos funcionarios y fiscales que se juegan la vida, que viven amenazados. No vamos a invertir miles de millones en cárceles de máxima seguridad para que una jueza o juez desde un escritorio nos diga que no podemos aislar a un preso que manda a matar gente desde adentro porque se vulneran sus derechos. A Pullaro no lo van a agarrar de boludo”, subrayó.
El pasado
El sistema de selección de cargos judiciales lleva décadas de controversia en Santa Fe, entre otras cosas por no haber renovado su Constitución. La actual de 1962 le da mucho poder al Ejecutivo al establecer que los jueces “son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa”.
En 1990 el ex gobernador Víctor Reviglio estableció una primera autolimitación al crear por decreto el Consejo la Magistratura, órgano asesor con la participación de distintos estamentos encargados de seleccionar postulantes como un primer filtro técnico sobre el que luego el Ejecutivo elige.
Le siguieron otras autolimitaciones, como la del exgobernador Jorge Obeid con los jueces comunales. Fue la contracara al desparpajo con el que su antecesor, Carlos Reutemann, designó allegados suyos como jueces de paz en distintas localidades.
La batería de autolimitaciones más profunda se dio en 2008 con Hermes Binner en la Gobernación, primero en la designación de miembros de la Corte Suprema y luego con un nuevo reglamento de selección del Consejo de la Magistratura, que desplazó a la Corte de ese organismo y estableció un orden de mérito vinculante en los concursos, del que el gobernador no podía apartarse.
Durante la última década hubo todo tipo de cambios, algunos más objetivos que otros. Desde los que modificaron la valoración de antecedentes y buscaron agilizar los concursos, hasta las pautas de evaluación de los postulantes.
Los cambios más sensibles fueron en materia de calificación de los concursantes y el orden de mérito. Ese es el nudo central a través del cual se fue ampliando progresivamente el margen de discrecionalidad.
Primero se retocaron las pautas de puntaje, luego se pasó a la eliminación del puntaje en los concursos y su reemplazo por “superó ampliamente”, “superó”, o “no superó”. En la siguiente oportunidad esa escala se limitó a los que superaron las pautas de evaluación y los que no las superaron.
A su vez, se pasó de un listado de ganadores que se enviaban al Ejecutivo con un orden de mérito vinculante a otro “sugerido” en 2016. A partir del cambio de 2024, el listado se organiza por orden alfabético, lo que pone a todos los que aprueben en igualdad de condiciones para que el gobernador elija, por más que uno haya hecho un examen excelente y otro haya pasado con lo justo.
Cabe aclarar que antes el gobernador también podía alterar el orden, como hizo Pullaro en el caso de Haurigot, Guedes y Pueyrredón, que estaban 8°, 9° y 12°, pero lo exponía a pagar costos como ocurre en este caso puntual. Con el nuevo reglamento, la discrecionalidad es inherente al sistema, porque estarán todos en igualdad de condiciones para que el Ejecutivo elija según su criterio.
Cada uno de esos retoques de la última década, desandaron el camino de las autolimitaciones, desde el punto máximo que se dieron en la época de Hermes Binner hasta la actualidad. Motivos objetivos existieron, pero también hubo presiones de espacios políticos, sectores corporativos de la propia Justicia y factores de poder privados que pretenden tener jueces y fiscales amigos en distintos fueros y territorios.
A la hora de hilar fino en la historia de las últimas décadas, se podrá ver un paralelismo entre las modificaciones en los mecanismos de selección de cargos judiciales y los cambios en el escenario político-institucional de la provincia y las relaciones de fuerza resultantes.
Las autolimitaciones de los poderes ejecutivos, como hizo Néstor Kirchner en 2003 con la Corte nacional, fueron una necesidad de la democracia. En Santa Fe, con el modelo de la Constitución de 1962 más todavía, porque favorecía una concentración de poder que chocaba con el espíritu del sistema republicaano. No es una cuestión filosófica sino práctica: no hay casualidad en que las grandes causas de corrupción del período 1983-1991, o la causa inundaciones de 2003, hayan quedado impunes (salvo la condena a algún actor de rerparto) por prescripción del paso del tiempo –los juguetes de Vanrell, la estafa IBM-Banco de Santa Fe, el cohecho de Fibraca y el fraude a la Caja de Jubilaciones, entre otras–.
Llegó a ser tal la concentración en el Poder Judicial que la misma interna del partido que gobernó los primeros 24 años de democracia comenzó a generar mecanismos de oxigenación.
Muchas voces del Poder Judicial creen que el reglamento que hizo el actual gobierno habilita ese riesgo. Particularmente el Colegio de Magistrados –uno de los estamentos que la Casa Gris señala como histórico lobista a la hora de designar jueces– dijo en un comunicado emitido semanas atrás que se pone en juego la independencia del Poder Judicial.
El entorno del gobernador lo niega. Sostiene que “el sistema necesitaba transparentarse”, porque han ocurrido experiencias gravísimas en la Justicia a partir de malas decisiones o influencias de sectores de poder y nadie se hace cargo de las consecuencias.
“¿Quién se hace cargo de Serjal, de Ponce Asahad, del juez Basualdo en Reconquista o Postma en Rosario; quién se hace cargo de los graves problemas de gestión que hubo en la fiscalía regional Rosario; quién se hace cargo de que designaron a una fiscal que desde que asumió nunca fue a una audiencia porque tiene miedo escénico y está con carpeta médica, y de tantos otros casos?”, plantea una fuente de la administración actual.
El mismo funcionario pullarista que hace la pregunta, se responde: “Bueno, ahora Pullaro se hace cargo con su firma de la elección. De ahora en más el Consejo de la Magistratura le da un listado de candidatos con un piso técnico mínimo y él elige a quién manda a la Legislatura. Y si esa persona hace las cosas mal se lo van a reclamar a él. Él se hace cargo”.
El futuro
La nueva Constitución, si se concreta la reforma, tendrá mucho que decir sobre este asunto que en Santa Fe no encontró un acuerdo institucional duradero en el tiempo.
Si hay reforma, no solo estará en discusión el rediseño del Poder Judicial futuro, sino el mecanismo de selección de sus integrantes. ¿Habrá Consejo de la Magistratura con estatus constitucional? ¿Qué tipo de Consejo? ¿Uno con preeminencia de la política, que es la que conduce el Estado por mandato popular, o en equilibrio con los estamentos judiciales que concentran la experiencia y el saber técnico? ¿Un consejo que administre el Poder Judicial o su gobierno seguirá en manos de la Corte Suprema? ¿Dónde pondrán los constituyentes la vara que determina el grado de discrecionalidad que se le permitirá al gobernante de turno?
