El plomo y el humo no paran. Por el contrario, cada vez son más y más graves los hechos de violencia, al igual que los incendios en las islas. Ambas situaciones copan la agenda informativa local por una razón clara: degradan día a día la calidad de vida de los rosarinos.
Con respecto al ecocidio que afecta al humedal, el viento dio días atrás una mano: empujó el humo hasta Buenos Aires, lo convirtió al fin en noticia nacional y eso llevó a que las autoridades del gobierno central, el de Entre Ríos y la Justicia de esa provincia intentaran mostrarse más activos. Tanto que hubo cuatro detenciones: apresaron a tres apicultores y un pequeño ganadero, es decir no a un pez gordo en busca de grandes negocios agropecuarios o inmobiliarios, sino a pequeños productores que encontraron en el descontrol que reina en la isla una forma de ganarse la vida.
Más allá de si se trata o no de perejiles para desviar la atención, como sugirieron familiares de los apicultores, parece mentira pero es real: son los primeros detenidos por un ecocidio que ya lleva dos años de quemas casi ininterrumpidas, presentaciones judiciales y protestas varias formuladas desde este lado del río.
Todo esto, en un marco de una sequía y una bajante que complican todo, tal como lo reflejó Ricardo Robins en una crónica publicada en Rosario3 el jueves: “El horizonte son 360 grados de humo. El piso está negro y tibio. Nos hemos acostumbrado a verlo. Impacta tocarlo. Y mientras todos se señalan, el fuego se come la mayor reserva verde de la región y el cambio climático anuncia más fenómenos extremos”.
Así, los tremendos esfuerzos de las brigadas que combaten en el terreno nunca son suficientes: el fuego gana con holgura la batalla y los efectos son la devastación del humedal y ahora también el acecho del humo sobre la ruta que une Rosario con Victoria, donde este viernes hubo dos camioneros muertos en un choque fatal.
¿Se sostendrá la actitud más activa que generó en autoridades nacionales y entrerrianas la llegada del humo a Buenos Aires cuando pasen los días y, como sucedió en 2008, la cuestión pase nuevamente al olvido para los medios porteños? ¿Aceptarán que se necesitan más esfuerzos, más recursos puestos a disposición del combate del fuego y también sacar de los cajones los proyectos de ley para ordenar y limitar la explotación económica en el humedal?
Por lo pronto, montado en el nuevo escenario de los últimos días, el gobernador Omar Perotti incluyó el tema en su agenda de este viernes en Buenos Aires, y apuntó a la urgencia: pidió que las Fuerzas Armadas se sumen a las tareas para frenar las quemas, atento a que "los numerosos operativos desplegados para dar respuesta a la emergencia provocada por el avance de las llamas, mediante el envío de brigadistas, maquinaria pesada, helicópteros y aviones hidrantes, que buscan contener los incendios forestales y extinguirlos, han resultado insuficientes para lograr la mitigación absoluta".
Otro combate, otra derrota
También en el combate del delito, de la violencia lesiva que sacude a Rosario, el escenario es de derrota permanente. Tanto que el nuevo ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi, asumió el 10 de agosto con 173 homicidios y hasta este viernes, apenas 9 días después, ya eran 186 y se encaminan a superar el récord de 2013, cuando comenzó la guerra entre bandas dedicadas al narcomenudeo que aún continúa.
No solo es cuestión de cantidad. Los hechos son cada vez más violentos, con un preocupante aumento del porcentaje de menores de edad y personas no involucradas en las guerras narco entre las víctimas. Como pasó, por ejemplo, con el repartidor de carne asesinado delante de su esposa y de su hija en zona sur, a pocas cuadras de donde también mataron a la asistente escolar Claudia Deldebbio y dejaron malherida a su hija Virginia, mientras esperaban en una parada la llegada del colectivo.
No hay una lógica única entre los que matan o, sobre todo, los que dan las órdenes a los gatilleros, que en muchos casos son adolescentes como sus víctimas. Por un lado, están las disputas por las locaciones para la venta de droga al menudeo, por el otro las venganzas por los mismos crímenes que esta ya larga guerra genera desde 2013.
Por caso, el asesinato de Osvaldo “Popito” Salazar, a quien balearon el domingo pasado en un ataque a la camioneta del Servicio Penitenciario que lo trasladaba de regreso a la cárcel tras una salida transitoria, se sospecha que fue un “vuelto” de la banda de Los Monos por el homicidio de quien era su jefe, Claudio “Pájaro” Cantero, en 2013. Ese hecho, fundacional de la violencia que padece la ciudad y cuya terrorífica estela continúa 9 años después, desató una secuencia criminal que ya lleva al menos 14 asesinatos, la mayoría impunes.
Nada hace pensar que esta locura vaya a parar. La lógica de las balas domina el mundo criminal de Rosario y se expande, favorecida por un marco económico-social también en crisis –donde ni siquiera tener un trabajo garantiza salir de la pobreza– más una cultura de la violencia que se impone no solo en ese mundo. “En el centro también se ve. Pero no es lo mismo una discusión por un lugar para estacionar, que una disputa por un espacio para vender droga”, comenta un funcionario del Ministerio de Seguridad con mucho conocimiento del territorio.
Esa fuente menciona un agravante que, a su entender, explica en parte el recrudecimiento que tuvo en las últimas semanas la violencia en los barrios , además del hecho de la mayor atomización, juventud y rusticidad de los actores criminales: “Hay poca droga en la calle y es de mala calidad, pero la demanda sigue siendo muy alta”.
¿Por qué hay poca droga? “Problemas en Bolivia entre cocaleros y la policía, y en Paraguay recién empieza la cosecha de marihuana”, explica. Es decir, esto no tiene que ver con la acción preventiva de las fuerzas de seguridad en la frontera. Pero además, todo un símbolo del fracaso, lo que debería ser un objetivo –que no ingrese la droga al país– se convierte en un problema extra para Rosario. .
Es parte del círculo vicioso que tiene atrapados a los pibes que creen que en el delito está, para ellos, la salida. Esos chicos, por ejemplo, están condenados a dejar la escuela, a la imposibilidad de acceder a una educación que les permita pensar en otro horizonte, sea o no esa su voluntad. ¿Qué chances tendrían de sobrevivir en un lugar tan expuesto si la lógica que impera es la de la venganza, la de la matar hasta por las dudas? En realidad, aun sin eso, las expectativas de vida se reducen dramáticamente en los barrios de Rosario.
Silencios y palabras
“Más acción y menos palabras”, planteó el gobernador Perotti en la asunción de Rimoldi. Y el nuevo ministro, a quien prácticamente no se le conoce la voz, se llamó a silencio después del recambio.
A tal punto llegó la estrategia de eludir la cuestión que la provincia no anticipó que Rimoldi se iba a reunir con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y luego de la misma solo el gobierno nacional informó sobre lo que se había conversado.
El problema es que la falta de palabras puede generar vacío e incluso la sensación de inacción. Es también deber de los gobiernos informar a la población que están haciendo, cuáles son sus estrategias para enfrentar los problemas que afectan a la sociedad. La no comunicación oficial, en este caso, abona la incertidumbre e incluso hasta la sensación de que falta liderazgo, algo esencial en la actual situación.
¿Cuál es el plan?
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Off the récord, la fuente de la cartera de Seguridad consultada por Rosario3 mencionó que con la llegada del comisario retirado Rimoldi, un hombre con “ADN policial”, una de las apuestas es garantizar la “cohesión y disciplina” de la fuerza, devolviendo facultades de mando y control sobre la tropa a los jefes intermedios, algo que a su criterio había entrado en una zona gris por las “intervenciones políticas”.
El funcionario aclaró que, siempre subordinada a los lineamientos del gobernador, la idea es que los jefes recuperen autoridad. Es decir, no un autogobierno policial –sobre el que alertaron dirigentes opositores e incluso del propio oficialismo por la designación de Rimoldi– pero sí el regreso de algo que consideró parte de la doctrina policial: que los jefes tengan autoridad real.
“Si un policía que debe patrullar en determinado sector está mirando el celular eso lo tiene que corregir el jefe. Si los vecinos se quejan por falta de patrullaje, también es un tema del jefe de calle. A veces se salteaban estas instancias y eso fue socavando la autoridad policial”, explicó.
También sostuvo que es necesario mejorar la coordinación con las fuerzas federales con presencia en el territorio, a la par que se incorpora tecnología y se trabaja en una mejor capacitación de los agentes, además de optimizar recursos humanos para contar con más patrulleros en la calle.
Justamente a la falta de coordinación entre los distintos estamentos del Estado involucrados en la problemática apuntó este viernes, en declaraciones a Radio 2, el titular del Observatorio de Política Criminal, el especialista porteño Ariel Larroude.
“La impresión que hay es una falta de diálogo que es contundente entre todos los actores. Lo que emerge de esa falta de diálogo es que hay un acuerdo implícito en no hacer nada. En no modificar el status quo, porque puede traer consecuencias", fue el inquietante diagnóstico del analista.
