No hay lugares sagrados ni seguros en Rosario, donde más que los 132 homicidios en lo que va del año, otro dato da cuenta del fracaso del Estado en las tareas de prevención y combate del delito: desde 2019 pasaron 11 jefes de Policía.
Que en los últimos tiempos las escuelas y comisarías se hayan convertido en mojones fundamentales del circuito de balaceras marca no solo la falta total de herramientas para revertir la situación sino también cómo la crisis de violencia pone en riesgo acuerdos de convivencia democrático básicos y nos ubica en una frontera inquietante: la del Estado narco.
"Con los chicos no", suele plantearse cuando son niños quienes quedan atrapados por la espiral de violencia que atraviesa la sociedad. "Que me ataquen a mí, no a mi hijo", puede decir cualquier padre o madre. “Es una matriz cultural: en esta sociedad deteriorada en la que a nadie le importa nada, algo que sí aún tiene consenso unánime es que todavía importa la niñez, las infancias”, sostiene el psicólogo Hernán Reynoso, que forma parte de los equipos territoriales de salud mental de la Municipalidad.
Cuando las mafias se meten con las escuelas, cuando eligen ese blanco para dar sus mensajes a través de las balas, no es ya una cuestión entre grupos delictivos o una acción extorsiva hacia alguien en particular. Pues se trata de una acción que claramente busca generalizar el terror ya que atacan ese lugar que aloja a las infancias, que les brinda desde alimento a enseñanza a “eso que nos importa a todos”.
“Si hay un homicidio en un barrio todavía está el argumento de que se matan entre ellos. Pero con los niños este discurso no funciona. Las mafias evidencian su posicionamiento perverso cuando apuntan a eso que interesa a la sociedad toda”, explica Reynoso.
La escuela, los chicos, los maestros, se convierten finalmente en una especie de rehén. “No se ataca a la escuela para matar a los niños, la idea es enviar un mensaje”, dice el psicólogo consultado por Rosario3. Y más allá si el destinatario en las notas que dejan junto con las balas es tal banda u organismo estatal, la comunidad decodifica lo que le toca: “Socialmente queda que no podemos. Que ellos, sin que el Estado tenga herramientas para intervenir, están en condiciones de hacer lo que se les antoja incluso con aquello que es lo que más queremos proteger”.
¿Quién tiene el poder entonces? ¿El Estado que no es capaz de garantizar ni la seguridad ni la educación de sus ciudadanos o las bandas criminales que día a día diversifican y extienden sus negocios?
Mientras el poder formal hace un nuevo movimiento de fichas, otra jugada que en realidad solo sirve para ganar un poco más de tiempo, los grupos mafiosos responden en su idioma, el de las balas, y atacan comisarías, como pasó este martes a la noche en la seccional 20ª.
Así, abren otra pregunta inquietante: si quienes deben imponer el orden y protegernos no pueden evitar que los ataquen en su propia casa ni atrapar a quienes lo hacen, ¿entonces quién podrá defendernos?
