Un grupo de abogados penalistas que representan a 70 ahorristas damnificados por el financista Luis Herrera, cuyo millonario default en 2021 todavía sacude a la ciudad, le pidió una reunión urgente a la fiscal regional María Eugenia Iribarren para expresarle su preocupación por el lento avance de las investigaciones contra el empresario a raíz de la falta de recursos (tanto económicos como humanos) en la unidad de delitos económicos complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA)
Con la firma de los abogados Hector Superti, Sabrina Superti, Mariano Pujol, Guillermo Mionnet, Florencia Bire, Jorge Resegue y Viviana Cosentino, la carta de dos páginas (a la que tuvo acceso Rosario3) expresa el rotundo apoyo de los querellantes a las investigaciones que encabeza el fiscal Miguel Moreno y pone el acento en la falta de acompañamiento a su estructura para encarar investigaciones tan complejas.
"Somos conscientes, que esta causa no es la única trascendente que lleva adelante la unidad de delitos económicos, y es precisamente por ese motivo que no resulta aceptable que, lejos de dotarse de mayor personal y recursos a los Fiscales que llevan adelante las investigaciones, se tenga relegada a dicha unidad, al punto tal de no contar ni siquiera con un personal especializado, por ejemplo contadores propios, que puedan analizar la extensa documentación contable y financiera que son propias de esta clase de delitos complejos", se quejan los firmantes.
Y es que la unidad de delitos económicos, que conduce Moreno, tiene en sus manos casos muchos muy complejos para abordar en lo que hace a seguimiento de movimientos bancarios, bursátiles, contables y societarios como el de Herrera. Por ejemplo, siguen las investigaciones del default de Vicentin y de otros operadores financieros como Daniel Casanovas, Sebastián Grimaldi y Roberto Mondaini. Y ahora se suman las investigaciones contra el líder de la barra brava de Central y el secretario de la UOCRA en Rosario.
"Estamos observando desde hace tiempo un agravamiento general de las condiciones de trabajo de la Fiscalía de delitos económicos, y ello termina perjudicando directamente a las víctimas que representamos y a tantas otras que esperan justicia, mientras los fiscales hacen esfuerzos por dar respuesta a situaciones sobre las que ellos mismos no cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante adecuadamente la investigación penal", insisten los profesionales.
La carta también aparece en un momento institucional delicado en el MPA, que estalló en una crisis interna de todos contra todos, que en la práctica complica el trabajo diario porque no las autoridades del MPA no reúnen el consenso necesario para ordenar la estructura. Crisis que tiene bajo la lupa política el desempeño de las autoridades del MPA, que ya está en la Legislatura y cuya urgente resolución buscará abordar apenas asuma el gobernador electo Maximiliano Pullaro.
Urgente reunión
"Como es de público conocimiento, la investigación que se sigue contra los imputados reviste es de un notorio interés público y de suma complejidad. En efecto, las maniobras denunciadas e imputadas alcanzan a una gran cantidad de víctimas (más de 350) y un daño ocasionado de gran magnitud (que supera los U$S20.000.000), surgiendo in re ipsa de los datos expuestos la trascendencia que esto tiene en nuestra ciudad. La gravedad y el impacto social de los delitos cometidos no pueden pasar por alto al Ministerio Público de la Acusación y al Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Más aún, si se considera que muchas de ellas perdieron la totalidad de sus ahorros, entre las cuales además existen personas de avanzada edad o con enfermedades graves que hoy no tienen como afrontar los costos que demandan sus tratamientos", arranca la carta que fue enviada ayer jueves.
"Queremos destacar el trabajo que hasta el momento viene realizando la fiscalía, y que derivó en la imputación de más de 60 hechos de estafa y administración fraudulenta, en concurso con los delitos de lavado de activo y asociación ilícita, obteniendo además la traba de diversas medidas cautelares", señalan los abogados.
"No obstante ello, es muy extenso y complejo el trabajo que aún queda por realizar, en tanto que se debe procurar la trazabilidad del dinero obtenido con motivo de estas maniobras, y a su vez avanzar con la imputación de todas aquellas denuncias que se realizaron con posterioridad a la referida imputación (de la cual ya pasó un año), como así también poder obtener todas las evidencias necesarias para que la causa pueda ser elevada a juicio a la mayor brevedad posible", agregan.
"Cabe destacar que el paso del tiempo y el hecho de que los imputados se encuentren en libertad, pese a la peligrosidad procesal invocada y acreditada por la Fiscalía, hacen que las posibilidades de poder cautelar más bienes o dinero que en el futuro puedan ser decomisados para resarcir a las víctimas, se tornen cada vez más ilusorias", advierten.
Sobre la falta de recursos humanos, los abogados querellante sostiene: "Vale destacar que en muchas ocasiones esta tarea ha sido suplida por profesionales contratados por las victimas/querellantes o se ha debido recurrir, en el mejor de los casos, a contadores del Organismo de Investigaciones o peritos de la Corte, que muchas veces no cuentan con tiempo para realizar un análisis detallado de la misma porque también deben responder a otras Fiscalías. A ello se suma que por distintos motivos el personal que ha dejado de trabajar en la unidad no ha sido reemplazo por otros empleados".
En otro tramo de la carta, los profesionales agregan: "Rosario es una ciudad con un importante movimiento industrial, productivo y financiero, donde los delitos económicos han venido creciendo de manera sostenida, y así también la importancia de contar con un cuerpo especializado para su combate. Consideramos que la Fiscalia Regional debe procurar que los fiscales trabajen en las mejores condiciones posibles para poder obtener una tutela judicial efectiva de todos los involucrados, ya que las demoras y faltas de recursos muchas veces también perjudican a los imputados que tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable, que muchas veces no se cumple"
Finalmente, los abogados solicitaron tener una reunión urgente con Iribarren, en tanto como autoridad máxima a cargo de la Segunda Circunscripción, porque entienden que tiene la posibilidad de arbitrar los medios necesarios para revertir esta situación. "En caso de no contar con la posibilidad de brindar las soluciones correspondientes, en dicha reunión podrá informarnos los motivos de tales impedimentos, a fin de que los suscriptos estemos en condiciones de ejercer los derechos que nos asisten ante quien corresponda", se despiden los firmantes de la carta.
