Una avioneta cargada desciende sobre un camino rural. Desde una camioneta Amarok, alguien filma la maniobra. Se ve que la aeronave aterriza y desde el interior tiran un bulto. En ese momento, la chata frena al lado y se corta la grabación.
El material que forma parte de una causa judicial por narcotráfico es una rareza: implica el registro de un delito gravísimo. Los investigadores revisaron cada detalle de las imágenes. En el parabrisas delantero de la chata, se ve el número de dominio. Ese dato vinculó las imágenes a la banda de Alvarado.
Aunque poco filmada, la escena forma parte de una trama repetida en la última década: el movimiento de droga en aviones ligeros que bajan en caminos rurales de la región o pistas clandestinas.
Una pista, un video, un capo narco
El ingreso de los grandes cargamentos de droga a Rosario se hace por el aire. Es, al menos, una de las vías más utilizadas por las organizaciones narco que contratan el flete aéreo o bien traen los estupefacientes en sus propias aeronaves.
Esteban Lindor Alvarado fue condenado porque la Justicia federal consideró que era dueño de un cargamento de media tonelada de marihuana que cuatro personas transportaban en General Roca, Río Negro. Antes había sido investigado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por transportar cocaína desde Bolivia y Paraguay hasta pistas clandestinas del Gran Rosario, pero no tuvo sentencia por eso, a pesar de los indicios que se tenían hace una década.
Aquel video de una avioneta hecha desde el interior de una camioneta fue uno de los materiales que utilizaron en el juicio provincial para mostrar ante el tribunal penal de primera instancia que Alvarado tenía una organización con tres estamentos: uno dedicado a delitos violentos; otro al lavado; y otro orientado a “brindar impunidad”, como es el caso de siete policías.
Las imágenes eran una exhibición de una operatoria que, de acuerdo a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, hacía parte de la organización de Alvarado, que también cometía delitos violentos.
En la filmación se ve el parabrisas delantero de la chata, que se presume que es una Amarok a nombre de Jorge Benegas –ya condenado por asociación ilícita por la Justicia provincial–. Se ve el número de dominio. Los fiscales provinciales y federales pudieron determinar que ese vehículo tenía un seguro que era pagado por Rosa Natalí Capuano, que por entonces era esposa de Alvarado. Era evidencia suficiente, entienden desde la PSA y los fiscales, para interpretar cómo hacía llegar la droga hasta la región. Pero de eso solo quedó el video, porque la Justicia federal no lo acusó por ese tipo de maniobras.
Alvarado fue condenado también por el fuero provincial, pero a prisión perpetua por instigar el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, lavado, amenazas y balaceras.
Bombardeos
Pero ni Alvarado es el único responsable, ni las pistas clandestinas son el único espacio donde se descarga droga. En varios expedientes federales, se constató que desde aeronaves se “bombardean” bultos de cocaína y marihuana en campos de Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires o Córdoba, y desde allí se recogen los estupefacientes en distintos vehículos para distribuirlos en los puntos de destino.
Eso quedó plasmado en el caso de Fabián Gustavo Pelozo, la mano derecha de Alvarado, según declaró Carlos Argüelles, el mecánico imputado como miembro de la banda de Alvarado. Después de ese testimonio como “arrepentido”, Argüelles fue asesinado en su taller en septiembre de 2021.
Los aviones, al menos en la investigación contra Pelozo, entraban desde Paraguay con droga de Perú. Y el proveedor de los estupefacientes, el proveedor de nacionalidad boliviana Jorge Adalid Granier Ruiz –detenido– cobraba 320 mil dólares por el “flete aéreo” y pedía 50 mil dólares de adelanto.
Campos privados
Una tercera manera de transportar la droga por el aire se constató en la causa contra la presunta organización liderada por el rosarino Brian Bilbao, que está prófugo desde octubre del año pasado.
La banda, de acuerdo al expediente, tenía tres aviones propios y los usaba para buscar cocaína de una región de Bolivia.
Luego, según las tareas de campo, “bajaba” los cargamentos mediante “bombardeos” en caminos rurales o en dos lugares específicos: en un hangar en un sector rural de la comuna de Carrizales o en el hangar privado del country de Campo Timbó de Oliveros, donde fueron secuestradas las aeronaves por la Sección de Investigaciones Antidroga de la Gendarmería.
