La salida de circulación de la línea Q desató una polémica en el que las responsabilidades parecen multiplicarse, pero no asumirse. Tras la confirmación desde el municipio que los trolebuses rusos adquiridos en 2017 presentan problemas en sus baterías, y por ende no pueden realizar el trayecto autónomo, se conocieron otras fallas en las unidades e incumplimientos en el contrato por parte de la empresa. 

Los troles, hoy sin posibilidad de hacer el recorrido autónomo para el que fueron adquiridos, llegaron a la ciudad gracias a aportes provinciales por 62 millones de pesos. Antes de eso hubo proceso licitatiorio que se comenzó elaborar luego de que una comitiva viajó a Rusia a conocer la empresa Trolza que finalmente ganó la licitación e incumplió con el contrato. Pese a esto, el municipio mantuvo siempre una actitud contemplativa con la firma extranjera que luego se declaró en quiebra. 

Pero para entender cómo se gestó la llegada de las unidades Trolza Megapolis a la ciudad de Rosario es preciso remontarse al 2014. En mayo de ese año el municipio envió una comitiva a Rusia para visitar la fábrica de trolebuses. El objetivo era conocer de primera mano la nueva tecnología que ofrecían para poder hacer recorridos autónomos, es decir, sin necesidad de estar enganchados a una catenaria (cable aéreo).

Esa comitiva estuvo integrada por quien en ese entonces era subsecretaria de Movilidad de Rosario, Mónica Alvarado (que luego fue secretaria del área entre 2015 y 2019 ), el presidente de la comisión de Servicios Públicos del Concejo, Carlos Comi (que luego fue presidente del Ente de la Movilidad entre 2017 y 2019) y la gerenta del Ente de la Movilidad, Eva Jokanovich (que fue secretaria de Movilidad entre 2019 y 2022).

A su regreso, se comenzó a trabajar en la elaboración de un pliego nacional e internacional que permitiese la adquisición de 12 nuevos trolebuses. La confección técnica estuvo a cargo de la Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Pasajeros (Semtur), que presidía el también ex titular del Banco Municipal, Gustavo Perrone y que actualmente fue absorbida por la empresa Movi.

Para ser precisos, el área a cargo de la elaboración del pliego licitatorio fue la Jefatura administrativa de la Semtur que hasta 2017 la encabezó el actual presidente de la empresa Movi, Alejandro Gentile (entre 2017 y 2018 ocupó cargos en la gerencia de la empresa pública). 

Una vez que se abrieron los sobres, había dos empresas interesadas en el negocio. Por un lado, la rusa Trolza y por el otro la cordobesa Materfer (Material Ferroviario S.A.). Al analizar las propuestas, la Semtur optó por la empresa extranjera a la que habían visitado las autoridades.

En declaraciones a la prensa en enero del 2018, el propio Carlos Comi, ya en su cargo como presidente del Ente de la Movilidad y con los trolebuses rusos funcionando, explicó que esta decisión tuvo que ver con el requerimiento técnico de poder hacer trayectos autónomos.

“Ha sido una licitación pública nacional e internacional donde se presentó otra empresa local Materfer que ha prestado este servicio en Mendoza. Pero que no lo podía prestar porque nosotros, de la mano de las nuevas tecnologías, requeríamos esto que tenemos ahora, que un coche pueda hacer un pedazo con catenarias y otro con baterías. Esto no lo ofreció en su momento Materfer”, destacó en LT8.

El presupuesto oficial de la licitación fue 39.054.000 de pesos y para costearlo el municipio acordó con el gobierno provincial la entrega de un aporte no reintegrable de 30 millones de pesos que debía ser destinado exclusivamente a la “adquisición de unidades para el proyecto de transporte eléctrico”.

Una vez que se le adjudicó la licitación a Trolza, la Semtur suscribió un contrato con la comercializadora de la empresa rusa para Latinoamérica (Trolza Market S.R.L). Por la entrega de 12 trolebuses se acordó el pago de 4.104.000 dólares (334.224 de dólares por unidad) que se iban a ir depositando a medida que llegaban los colectivos.

El acuerdo formal establecía un primer pago del 30% del contrato (1.232.200 USD). A partir de ahí, la empresa se comprometía a entregar de, al menos, dos unidades, hasta completar la docena de colectivos en un plazo inferior a los 180 días.

El segundo depósito del 35% se tenía que hacer efectivo a los 15 días del arribo al puerto argentino de las unidades. Este pago se iba a hacer de forma proporcional a la cantidad de unidades que llegaran. En tanto que el saldo restante se tenía que abonar a los 90 días de la puesta en funcionamiento de las unidades.

En junio del 2016, cuando el dólar estaba a $13,85, la Semtur realizó el primer depósito. Pero la empresa incumplió con las entregas y el 28 de diciembre de ese año hubo que firmar un nuevo convenio donde Trolza se comprometía a entregar las primeras dos unidades el 1º de marzo del 2017 y las diez restantes antes del 16 de abril.

Por el incumplimiento, la firma rusa ofreció entregar dos trolebuses más de los acordados a modo de compensación. 

La empresa municipal aceptó los nuevos plazos, pero éstos tampoco se pudieron cumplir. Los primeros dos colectivos llegaron recién el 12 de abril del 2017. En tanto que el 27 de ese mismo mes arribaron tres y la entrega se completó entre el 3 y el 12 de mayo.

Si bien en el contrato original se establecía un plazo de 15 días para pagar los coches a medida que arribaran al país, la Semtur demoró los depósitos. Recién el 28 de julio, tres meses después de su llegada, transfirió el dinero de las primeras dos unidades y el 18 de septiembre se abonó la totalidad.

Parte de esta demora se explica en la devaluación que el peso argentino tuvo durante el 2017. Al subir el precio del dólar, los fondos que había entregado el gobierno de Santa Fe para la compra de los trolebuses perdió valor y la provincia tuvo que hacer un segundo aporte no reintegrable por 32 millones de pesos con el que se canceló la totalidad del contrato.

Cabe destacar que esto se hizo sin que Trolza envíe las dos unidades de trolebuses que se había comprometío a entregar en concepto de compensación por el incumplimiento del contrato original y en medio de las distintas fallas que las unidades ya empezaban a presentar en el recorrido diario.

En la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas Municipal se advierte también que la empresa Semtur no realizó tampoco la retención del 5% de cada pago que fue realizando en concepto de "fondo de reparo". "El mismo se mantendrá como depósito y garantía hasta la recepción definitiva y completa del objeto de la presenta". 

"Se visualiza que en los pagos no se efectúa la retención del 5% en concepto de fondo de reparo tal como lo establece el pliego y el contrato", remarcaron los auditores. De haberse cumplido con esto, la firma estatal habría tenído mayor poder de negociación con la empresa rusa al momento de reclamarle por los trolebuses restantes y las fallas de los equipos.