En medio de la feria judicial de enero, cuando el edificio de los Tribunales provinciales arde solo por sectores, por ejemplo en la esquina donde está la Defensoría pública o en el pasillo del juzgado de Familia, el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Erbetta analiza los motivos de una primera quincena muy movida: “A mayor crisis social, mayor conflictividad y a mayor conflictividad, obviamente va a haber una mayor resonancia en el funcionamiento de los Tribunales”.
Con las planillas que terminaron de elaborar los jueces responsables en los primeros diez días hábiles (del 2 al 15 de enero), Erbetta aclara: “Los delitos y la violencia familiar nunca paran”. Por eso inicia el repaso por el área penal. Hubo 106 audiencias imputativas con detenidos, 32 juicios abreviados con condenas, cuatro juicios orales (programados y acordados) y otras 36 audiencias por prisiones preventivas o probation. Un total de 184 acciones, alto para la época, aunque menor que meses ordinarios.
Los otros picos de actividad se vieron en los fueros de Familia y Laboral (ver aparte la crónica y los datos). “No sé si es récord porque debería ser un estudio comparativo de al menos los últimos diez años pero con relación a 2023 y al anterior sí hubo un crecimiento de la demanda de trabajo, que ha podido ser satisfecha”, afirma el ex presidente de la Corte.
“Será un año en el cual los conflictos van a tener mucho impacto. Depende de lo que pase con algunas decisiones que se deben tomar a nivel nacional, que se están discutiendo en el Congreso. Siempre en momentos de crisis sociales profundas, aumenta la conflictividad social. Esto es de manual”, señala.
La lógica de la feria y los andariveles
Desde su oficina en el tercer piso de Tribunales provinciales, Erbetta explica en diálogo con Rosario3 que la feria está pensada para hacer coincidir un parate de la actividad en el derecho privado por “las vacaciones que se toman los abogados particulares” y que no llevan nuevos planteos. Aclara que hay excepciones y divide el mundo judicial en “dos grandes andariveles”.
“De un lado, está la violencia familiar o doméstica y lo estrictamente penal que no paran. Ni la violencia, ni los delitos se toman vacaciones. Y, del otro lado, el resto de la conflictividad de naturaleza civil, laboral o los juzgados civiles de circuito”, dice y cita como ejemplo la escasa actividad que hubo en las Cámaras de Apelaciones de Rosario y de Santa Fe.
“En civil y comercial es un trabajo absolutamente controlable por un solo juez. En materia laboral, la actividad crece pero fundamentalmente lo que tiene que ver con órdenes de pago. Lo que nosotros tratamos de reforzar es la capacidad de respuesta de los Tribunales de Familia, fundamentalmente por el tema de violencia que aumenta", sigue el ministro de la Corte.
“El trabajo –continúa– crece más con los problemas de medidas excepcionales vinculadas a la ley de niñez. Tampoco se toman vacaciones los problemas que tienen que ver con el control de legalidad de las internaciones involuntarias por motivos de salud, la Ley de Salud Mental. Allí sí aumenta exponencialmente el trabajo de los tribunales. En materia de violencia familiar en Rosario han entrado solo en la primera quincena 312 expedientes para habilitar fuero y esto ha generado una actividad consecuente que uno trata de fortalecer o apuntalar”.
El problema es Rosario
–¿Cómo fue la feria en materia penal?
–Tenemos un sistema de audiencia pública y oral que exige una coordinación en los recursos que quedan en la feria entre la Defensa Pública, que es autónoma, y el Ministerio Público Fiscal, que es autónomo, y la jurisdicción de los colegios de jueces, de modo que estos requiere una conversación o una articulación previa entre las tres estructuras. Rosario tiene aproximadamente el 60% de toda la conflictividad penal de la provincia, es decir que el problema es Rosario.
La actividad de feria en regiones como Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista es muy limitada, incluso en la actividad penal. En el año 2023, en el departamento General López no hubo más de cinco homicidios dolosos mientras que en Rosario hubo 288. En Rafaela, creo que hubo cinco homicidios dolosos. Entonces, son realidades totalmente distintas. En materia penal, de seguridad, de conflictividad y de justicia siempre hay que desagregar.
–¿Hay que diseñar distintas planificaciones para cada una esas realidades?
–Nosotros tenemos una provincia extensa, muy grande, pero también muy asimétrica, con realidades muy diferentes. La carga de trabajo en la región norte no es lo mismo que la región sur. Son necesarias distintas planificaciones. Lamentablemente, hasta hace unos largos años atrás, no siempre se contemplaba esta forma de trabajar. Si creaban un tribunal en la ciudad de Rosario tenían que crear un tribunal en la ciudad de Santa Fe. A instancias del Poder Judicial, nosotros tratamos de que se generen estructuras en función de la carga de trabajo. No tiene sentido crear juzgados donde no hay trabajo, nombrar fiscales o defensores donde no hay conflictividad. Hoy tenemos muy medida la realidad de la provincia, con una necesidad de una red adecuación y eventualmente de una discusión con el Poder Ejecutivo para tener un buen mapa judicial.
En nuestra región la dinámica de la conflictividad es muy, muy alta. Tenemos la ciudad, probablemente, con la mayor cantidad de delitos del país. Esto se refleja y repercute en la actividad y también pasa en la feria. En Rosario, solo en la primera quincena de enero se tomaron 106 de audiencias imputativas. Se llevaron a cabo 32 juicios abreviados, o sea, que hubo 32 condenas en diez días hábiles y se llevaron a cabo cuatro juicios orales, que finalmente terminaron con condenas en abreviado.
–En general se le reclama más actividad al sistema judicial o se critica la feria, ¿qué responde a eso?
–He hablado con funcionarios del área de justicia y algunos son abogados que tienen experiencia y práctica; conocen esta realidad. Uno de los proyectos, que eventualmente hay que discutir, prevé la posibilidad de un funcionamiento más normal, sin feria, solamente en el ámbito penal. Debo presuponer de que se toman en cuenta estas realidades y estas particularidades. Tiene que ver con un criterio racional, vuelvo a repetir, no tiene sentido afectar jueces y funcionarios que van a estar sin trabajo porque el trabajo no lo generan las partes. De modo que para el Poder Judicial no es un inconveniente programar actividad en la feria de hecho. Soy ministro de la Corte y trabajo todo el mes de enero no tengo ningún problema. He trabajado muchísimos meses de enero y durante las ferias de julio. Lo que uno trata es de que una organización como es el Poder Judicial pueda distribuir y aprovechar sus recursos en función de los momentos donde mayor exigencia y carga de trabajo hay.
Conflictividad en ascenso
–En el Juzgado Laboral 9 que estuvo en feria tuvieron 100 ingresos promedio por día y que llegaron a 138 en un día, cuando en la misma fecha del año pasado habían tenido 77, un incremento de más del 70%. La explicación que nos dieron es que la mayoría son órdenes de pago y por la crisis económica y la inflación pedían cobrarlo de forma urgente y no esperar a febrero por la pérdida que implica. ¿Hay otras modificaciones por el contexto en esta feria?
–Sí, no hay ninguna duda. No soy analista, pero por lo que dicen los voceros oficiales que anuncian que esta situación se va a mantener por unos largos meses, cuanto menos la cosa va a ir empeorando. El impacto de lo que fue el mes de diciembre con la devaluación, los aumentos de precios y la pérdida de capacidad adquisitiva repercute siempre en los juzgados laborales y también en los civiles. Nosotros somos muy cuidadosos de que los jueces y la cámara habiliten la feria cuando se trata de cuestiones de contenido alimentario. En el caso laboral es aún más dramático, porque este aumento exponencial de la cantidad de órdenes de pago es impresionante. Han estado despachando más de 500 órdenes de pago en diez días hábiles. También se ve con la violencia familiar asociada a una vulnerabilidad social. Esto verdaderamente también es un incremento respecto de lo que fue el año pasado.
–Con todos estos datos de aumento de actividad, ¿podemos hablar de una feria récord?
–Hubo más trabajo tanto en penal como en violencia familiar y en los juzgados laborales con las órdenes de pago, sin ninguna duda. No sé si es récord porque debería ser un estudio comparativo tomando al menos los últimos diez años pero con relación a 2023 y el anterior sí. Hubo un crecimiento de la demanda de trabajo que ha podido ser satisfecha adecuadamente con los recursos que hemos predispuesto. Esto nos sirve también de experiencia para repensar, fundamentalmente en materia penal, la forma de proyectar las próximas ferias judiciales.
–¿Puede ser también el anticipo de un año más conflictivo?
–Sí, se viene un año que seguramente los conflictos van a tener mucho impacto, creo que en la mayoría de los fueros. Depende mucho de lo que pase con algunas decisiones que se deben tomar a nivel nacional, que se están discutiendo en el Congreso, pero según cuál sea el resultado, sin duda el impacto va a ser general hasta diría en la materia contencioso administrativo, no solo laboral, familiar y penal. Siempre en momentos de crisis sociales profundas, aumenta la conflictividad social. Esto es de manual.
–¿Eso es lo que se empieza a ver?
–Sin duda. La dimensión histórica siempre es muy rica porque permite visualizar como determinados modelos y crisis tienen impacto en distintas relaciones. Hasta el Banco Mundial sostiene esto: a mayor crisis social, mayor conflictividad y a mayor conflictividad, obviamente va a haber una mayor resonancia en el funcionamiento de los Tribunales.
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