Con un pequeño cambio normativo, en el decreto 37/2025, el gobierno nacional desdibujó la existencia del “sereno de buque” y el impacto que eso genera es doble. En primer lugar, lo padecen los trabajadores de los puertos que, de un día para el otro, dejaron de prestar servicios porque su contratación ya no es obligatoria sino optativa. Menos inmediato pero más profundo puede ser el efecto sobre la seguridad: el Sindicato Único de Serenos de Buques denunció que la medida elimina un control básico sobre los barcos de bandera extranjera en el río Paraná. Se prescinde de una figura que detecta y denuncia eventuales derrames de líquidos, acciones de contaminación, contrabando, trata de personas o narcotráfico.
El sereno es un civil, auxiliar de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que desarrolla su tarea dentro del barco y es contratado por la agencia marítima extranjera responsable. No es un gasto para municipios, provincias o Nación. Es una carga que afronta o afrontaba la empresa internacional porque su presencia era obligatoria hasta el 17 de enero pasado.
Esa tarea tiene cien años de historia en los puertos pero el gobierno libertario, con su premisa de desregular la economía, la puso al borde de la extinción porque pasó a ser un servicio opcional. Las navieras pagan por ese control solo si quieren, ya no hay un Estado nacional que se los demande. ¿Qué empresa financia que la controlen o sancionen?
El decreto 37 afecta de manera directa a 65 trabajadores de los puertos de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes que dejaron de prestar servicio y este lunes se decretaron en “estado de alerta y movilización” junto a la Intersindical Marítima y Portuaria del Cordón Industrial. Eso mismo se replicaría, con variantes, a unas 800 fuentes de empleo de los complejos portuarios del país.
“Exigimos, urgentemente, retrotraer los efectos del Decreto 37/2025, promovido por el Gobierno Nacional, que desafecta a los compañeros serenos de buques, vulnerando derechos laborales históricos”, señalaron en un comunicado.
El drama personal de esos empleados quedó cubierto por cierto desconocimiento de su existencia y porque no fueron despedidos, ni hay una fábrica que cierra. Solo fueron excluidos de una cadena: son, de ahora en más, prescindibles. José Planissig es uno de ellos.
Planissig vive en San Lorenzo, tiene 59 años y 20 como sereno de buque. Le faltan edad y aportes para jubilarse. Trabajó hasta el fin de semana anterior al decreto y, cuando quiso retomar porque estaba tercero en la lista de turnos, ya no había demanda. Prefectura había comunicado a las agencias navieras internacionales del cambio de normativa y, al dejar de ser obligatorio ese servicio, cesaron los contratos.
“Nos quedamos sin trabajo. No nos echaron entonces tampoco cobramos indemnización. Quedamos a la deriva, sin ingresos, ni obra social, ni aportes jubilatorios”, reclamó el cuidador y explicó a Rosario3 que la modalidad de contratación es la de un jornalero.
Un rol invisible
Los serenos son habilitados por Prefectura después de cumplir requisitos y rendir un examen. Están en una lista de espera hasta que llega el llamado. Prestan sus servicios embarcados en un buque amarrado (con bandera de otro país) por ocho o doce horas y vuelven a sus casas cuando se activa el relevo. Cobran de las navieras hasta que el buque zarpa y vuelven a aguardar por una nueva demanda. En época de cosecha gruesa, el trabajo es frecuente. En temporada baja, pueden tener dos o tres días sin acción.
“Somos los ojos y los oídos de Prefectura en cada buque. Porque esa fuerza no puede patrullar todos los puertos, son muchos kilómetros entre muelles”, dijo Planissig y contó intervenciones de él y sus colegas para denunciar desde derrames (por accidente o intencionales) hasta maniobras de lanchas y botes por hechos de contrabando o narcotráfico. Incluso de trata de personas.
El cuidador también puede ser el primer contacto del Estado nacional para detectar la presencia de migrantes que no forman parte de la tripulación oficial, en general jóvenes polizones de origen africano. Se trata de personas que a veces el capitán del buque no quiere notificar a las autoridades y quedan desprotegidos.
“Los buques de bandera extranjera ya están entrando a los puertos sin seguridad a bordo. Ya existe el riesgo por la falta de controles”, denunció el experimentado sereno.
Planissig advirtió que su rol es invisible porque su accionar es el primer eslabón de una cadena que tramitan luego otros organismos oficiales: desde Prefectura a Medio Ambiente, Aduana o la ex Afip. El rédito del control de esas irregularidades en los barcos se lo llevan otros. Pero, por ejemplo, los derrames de líquidos y desechos contaminantes suelen ser advertidos en primer lugar por un sereno.
Eso ocurrió el año pasado con el aceite virgen de soja vertido en el muelle San Benito (Molinos Río De la Plata) en San Lorenzo. La advertencia alertó a las tomas de agua de Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, recordaron desde el sector. En septiembre de 2024, hubo otro derrame de fluidos de hidrocarburos que fue noticia porque llegó a Rosario.
Río Paraná liberado
A punto de cumplir 60 años, José dejó de tener ingresos. “En marzo me quedo sin la obra social y dónde consigo otro trabajo si tampoco hay para los más jóvenes. Estoy desamparado”, resumió.
“Además, están liberando la zona. No entiendo, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Dejan de cuidar lo que pasa en el río y la mano negra siempre está ahí”, agregó.
La propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al adelantar la medida en un acto de Puerto Madero, dijo a los empresarios del sector que habrá menos burocracia para navegar, menos costos y que “ya no los van a parar cada dos minutos para preguntarles qué están haciendo”.
"Queremos pasar de un Estado controlador a ciudadanos responsables", explicitó en su discurso. El cambio se presentó bajo el título de “Libertad económica y de contratación”.
La misma funcionaria que firmó el decreto contra los serenos defendió la construcción de un alambrado en la frontera de Salta con Bolivia para “para cuidar a los argentinos del narcotráfico". Remueven controles en los puertos y buques oceánicos pero construyen un cerco de 200 metros en una frontera de 742 kilómetros de extensión.
El decreto
La normativa 37/2025, publicada en el Boletín Oficial con fecha del 17 de enero, estableció el "Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre" (Reginave). Sin debate legislativo, el texto crea un nuevo marco regulatorio para el sector y deroga la obligatoriedad de contratar serenos de buques.
Firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Bullrich, el decreto se sustenta en el artículo 2° del polémico 70/23 (“Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”).
"La contratación de serenos por parte de toda embarcación será opcional”, dice el punto 4. Según la mirada del gobierno, esa virtual eliminación del puesto que controla el buque amarrado otorgará "mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usuarios accedan a sus requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias".
"Resulta necesario –dice el texto– modificar el Decreto N° 890/80, que aprobó el “Régimen de la seguridad portuaria” (Regiserport) y estableció, entre otros aspectos, la obligación para los buques, estando en puerto, de contratar serenos". Para el Ejecutivo, ese "servicio no está alineado con los estándares modernos de seguridad de los buques y puertos".
