Una fundación de abogados de Buenos Aires despoja a más de 20 familias de productores de Bigand y la región. Lo hacen en nombre de la heredera del fundador del pueblo ya fallecida. Los últimos en resistir son Sandra y Oscar, un matrimonio de 60 años que termina cercado en su chacra de seis hectáreas por un violento operativo policial. Cincuenta agentes, algunos encapuchados, y siete patrulleros rompen la tranquera y los expulsan de su casa.
Esa familia de productores agroecológicos, con una historia de cien años en el lugar y tercera generación de colonos, es echada por una resolución de un juez de apellido Verdura. La Fundación, que lleva el nombre de Honorio Bigand, del padre del fundador del pueblo, porque así lo quiso la nieta antes de morir en 2004, logra el control de 3.500 hectáreas que trabajaban unas 26 familias. Incluso intenta cercar el acceso al cementerio del pueblo (y limitar su expansión). Ni los muertos quedan a salvo de la ofensiva para concentrar las tierras.
Parece un cuento maniqueo. Es el resumen de la denuncia de la familia desalojada, y legisladores de diversas fuerzas políticas que los apoyan, de lo ocurrido en los últimos 20 años en ese pueblo del sur santafesino, a 70 kilómetros de Rosario. Una trama de avances basados en artilugios legales y resoluciones judiciales que no termina aún. Como si lo legal y lo justo se hubiese divorciado.
La Fundación según la Fundación
En la conferencia de prensa realizada este viernes en Rosario, un grupo de legisladores y funcionarios anunciaron que pedirán revertir el desalojo concretado el martes 28 de febrero contra el matrimonio de Oscar Marinucci y Sandra Gobbo, presentarán un juicio político contra la jueza de causas menores Carolina Mozzi, por la forma en que ejecutó el lanzamiento, y señalaron que el propio gobernador Omar Perotti reconoció que era una barbaridad lo ocurrido en esa chacra, donde policías encapuchados impidieron el acceso al lugar de dos diputadas provinciales (ver aparte).
Pero ese fue, apenas, el hecho más reciente de una cadena de acciones que se remonta a dos décadas atrás. El 15 de junio de 2001, María Mercedes Octavia Bigand, última heredera sin descendencia, creó la Fundación Honorio Bigand "en homenaje a la bendita memoria de su abuelo quien con su ejemplo y esfuerzo construyó los pilares sobre los que se levanta la localidad de Bigand", según expresa la página web de esa institución que carece de teléfono o dirección.
Siempre según la versión del austero sitio Bigand.com.ar, la mujer constituyó esa fundación junto a “personas de su absoluta confianza”, aunque no hay integrantes de Bigand sino abogados y profesionales de Buenos Aires. La anciana de 93 años, soltera, sin hijos, falleció en abril de 2004. Se activó su testamento y desde septiembre de 2005 funciona la “Fundación Honorio Bigand de Asistencia y Desarrollo Solidario”.
El conflicto empezó ese mismo año y la Revista Viva del diario Clarín realizó un informe titulado “Infierno Grande”. “Una herencia sin herederos y tierras millonarias en manos de colonos que temen que los desalojen”, dice la presentación del texto sobre la puja desatada tras la muerte de María Mercedes Bigand en Barrio Norte “lejos del pueblo donde nació y está sepultada”.
El caso generó varias notas posteriores y la Fundación optó por salir al cruce en 2007. Negó que el pueblo haya sido el beneficiario de la herencia, desestimó que los bienes en disputa valgan 40 millones de dólares y aclaró (en mayúsculas y negrita): “ES TOTALMENTE FALSO QUE SE PRETENDA DESALOJAR A LOS APARCEROS”.
“La renovación de los contratos de aparcería se ha realizado conforme a la Ley vigente y a las propias cláusulas testamentarias, con el agregado de haber sido judicialmente autorizado en todos los casos, adecuando las cláusulas contractuales a las imperantes en el mercado”, señalan en su descargo.
Más de 15 años después, el 28 de febrero de 2023, fue desalojada la última de las familias en cuestión (los Marinucci Gobbo) por un operativo policial alejado de la “Asistencia y Desarrollo Solidario” promocionado y más cerca de un pool de siembra que busca maximizar ganancias.
El proceso de expulsión
Pablo Paillole, productor, abogado y referente de “Base Federada”, un grupo de Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró a Rosario3 que el trasfondo es el vaciamiento de la ley 13.246 de arrendamientos rurales. Los Bigand se manejaban con esa normativa con las 26 familias que trabajaban la tierra, algunas hace cien años, y que pagaban un porcentaje de su producción.
Pero la Fundación rompió con esa tradición y propuso nuevos contratos con alquileres más altos y fijos. Casi todos acordaron entre 2006 y 2007 con esa lógica y a los pocos años tuvieron que dejar esas explotaciones. “Una sola familia no firmó esos contratos, la de Sandra y Oscar. ¿Por qué tanta saña con ellos? Es un caso disciplinador con quien se rebela”, comentó.
El periodista Lalo Falcioni difundió la historia en este medio (ver “Resistiendo desde la chacra al desalojo...") en 2019 y también hubo reclamos previos en los Tribunales provinciales. Pero el proceso no se detuvo.
De las 58 hectáreas que trabajaban los Marinucci Gobbo, en 2020 les quemaron sus cultivos y alambraron la mayor parte de esa parcela, denunciaron los legisladores. La familia se refugió en una mínima porción donde tenían la casa y producción con animales, hasta el martes pasado. En rigor, fueron casi 17 años de reclamos judiciales de la Fundación por la propiedad de esos terrenos.
Del cementerio a la iglesia
Uno de los puntos de inflexión en la vinculación de la Fundación con el pueblo ocurrió en junio de 2022 cuando los vecinos de Bigand, encabezados por el jefe comunal Alejandro Ruggeri, se manifestaron para impedir que un predio lindero al cementerio sea vallado.
En aquella reunión se realizó una asamblea picante. “La Fundación Honorio Bigand lleva adelante diversos procesos que afectan gravemente los intereses de la comunidad toda. Diversos asambleístas denunciaron a viva voz diversos hechos que darían cuenta de un conflicto social generado a partir del accionar de la mencionada fundación”, cuenta sobre aquella reunión el proyecto de expropiación presentado por la diputada Dámaris Pacchiotti.
“A modo de ejemplo –sigue el texto–, se señaló que abogados de la Fundación utilizaron instalaciones de la Iglesia como oficina para recibirles cánones a los aparceros, en efectivo y sin mediar debido respaldo documental, una suerte de canon por los frutos del contrato”.
El proyecto de Pacchiotti cita declaraciones de vecinos y testigos en esa reunión de resistencia que ella presenció: "Los abogados de la Fundación realizaron operaciones en efectivo por 10 millones de pesos en la propia Iglesia de Bigand, usando una oficina y con permiso del cura".
La Fundación, por su parte, se presenta como benéfica y de asistencia a instituciones en todo el país. Sí reconoce que debe aportar al “desarrollo del Hogar de Ancianos, el hospital, la Escuela N° 215 Octavia Ricardone” de Bigand por pedido de la heredera. También menciona entre los favorecidos a “la capilla San Antonio y la iglesia de Nuestra Señora de Luján”, cuyas modificaciones y ampliaciones resaltan en el pueblo.
Una comuna rehén
"Lo del martes fue otro capítulo negro en la historia de nuestro pueblo, con el desalojo de los últimos colonos originales que seguían trabajando la tierra de los Bigand", lamentó el jefe comunal Alejandro Ruggeri en diálogo con Rosario3. El cambio de manos de los arrendatarios es vital porque corta la línea sucesoria de quienes tenían prioridad de compra, según el testamento de la última heredera.
El mandatario local explicó que además de ese conflicto persiste la tensión por el cementerio. "Seguimos con estupor porque no pudimos solucionarlo. Nosotros pedimos la usucapión porque se trata de una hectárea que tiene un uso público hace 50 años. Es el estacionamiento para ingresar al cementerio pero también lo necesitamos para ampliarlo porque hay pocos nichos disponibles", agregó.
Ruggeri mencionó otra disputa abierta. "Les pedí a los abogados de la Fundación acceso al canal de desagüe que pasa por sus campos para limpiarlo y no me responden. Es algo necesario porque hay riesgo de inundación en caso de lluvias para un cuarto del pueblo".
Las más de tres mil hectáreas rodean a la comuna y en el caso del sudoeste le ponen un límite a la expansión de la localidad. Es como si el pueblo Bigand quedara rehén de la Fundación Bigand. “Nosotros les pedimos diálogo pero no nos responden”, denunció el presidente comunal.
