La construcción de dos tramos importantes del acueducto del Gran Rosario se encareció un 65% por las demoras del gobierno nacional en abonar las obras hídricas y de saneamiento  que financia en Santa Fe. 

En efecto, esta semana se licitaron dos ramales claves, el de Funes y el de Ibarlucea, que tenían un presupuesto oficial de $3.000 millones de pesos. Pero la oferta más baja fue la presentada por la UTE entre Obring, Pecam y Edeca por $5.300 millones de pesos. Hubo una segunda oferta por $5.700 millones presentados por la constructora Rava.

En concreto, se trata de la licitación 1113 correspondiente al Acueducto Gran Rosario, etapa II, Licitación 3, Ramales de Circunvalación, Ramal Funes y Ramal Ibarlucea. Una diferencia de hasta el 20% puede aprobarse sin problema por el organismo concedente de la licitación, pero una brecha como la registrada ameritará una explicación bien a fondo para justificar que un funcionario avale pagar un 65% más de lo presupuestado. 

La obra pública atraviesa el problema de que por la alta inflación los presupuestos oficiales quedan desactualizados y por eso las empresas se cubren pasando ofertas más caras. Y es que durante mucho tiempo las contratistas podrían hacer frente a ese desfasaje con financiamiento bancario, pero ante la disparada de tasas, que oscilan el 80%, esa alternativa ya no está al alcance de la mano sin poner en estrés sus finanzas. Al ritmo del aumento de precios, no es menor que la adjudicación se demore entre tres y cuatro meses, como viene ocurriendo.

Pero en lo que hace a las obras hídricas que financia la Nación, a través del Enohsa, el problema es que además arrastra retrasos en los pagos de 6 a 8 meses, que en tiempos de alta inflación está provocando que las empresas opten por bajar el ritmo de las obras o directamente suspenderlas. 

Es por eso que ahora, las constructoras para participar en las licitaciones (realizadas por la Provincia, Assa o los Municipios, pero financiadas por el Enohsa) realizan ofertas tan fuera de presupuesto. Es más, también están las demoras en adjudicar.

Incluso, en la licitación de estos dos ramales hubo mucha gestión de las autoridades para convencer a las contratistas de presentar ofertas. Incluso, una de las empresas de la UTE que presentó la oferta más baja acumula millonarias acreencias con el Enohsa y decidió, finalmente, sumarse con el objetivo de apuntalar desde adentro el cobro de los certificados pendientes.

Obras paradas

Es más, no sólo los pagos se demoran mucho en el Enohsa, sino que el otro gran problema es el retaso en el trámite burocrático de redeterminación de precios.  Por ejemplo, hay obras de cloacas en Rafaela que están pagando con valores de agosto de 2021. Sí, de agosto de 2021. Es por eso que hay obras paradas o trabajando al mínimo en ciudad de Santa Fe, Rosario, Tostado, Baigorria, Sunchales, Calchaquí, Reconquista, etc.

No se trata de un problema de que el gobierno nacional (vía el Enohsa) no manda la plata a Santa Fe, sino que es nacional, y sus retrasos ya son temas de análisis en la sede central en Buenos Aries de la Cámara Argentina de la Construcción.

Lo distintivos del caso del Enohsa es que hay un problema de gestión que se suma a los inconvenientes relatados más arriba por la inflación. Según relatan los empresarios del sector, hay un serio problema de gestión derivados de las internas del gobierno nacional. En efecto, hasta el año pasado el ente pagaba en plazo con 2.000 obras en marcha en el país. Pero un cambio en la gerencia financiera del Enohsa alteró todo.

Resulta que el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, en interna con el presidente del ente, Enrique Cresto, corrió a la gerente de finanzas de carrera, que era Lucía Olivieri, y puso allí a Silvia Manganese, sin experiencia alguna en gestión financiera porque venía de recursos humanos. Con la nueva gerente, dicen los contratistas, se trabó todo y se sumó burocracia quedando el resultado a la vista. 

Por ejemplo, el acto burocrático de la redeterminación de precios pasó a realizarse en una semana a demandar meses. Operativamente, Manganese impuso el TAD, trámite a distancia de los certificados, que en las municipalidades no tienen ni idea como hacerlos y siempre viene rebotado. Y no es el único trámite extra que puso la nueva gerencia que, dicen las empresas, complico todo. Ante las encendidas quejas de los contratistas, finalmente Cresto renunció en septiembre y quedó al mando el sub-administrador, Nestor Alvarez. Pero los atrasos en los pagos y en el trámite de redeterminación siguen.

Frente a esta situación, hay contratistas que le están pidiendo al gobierno provincial que presione por los pagos al Enohsa. En rigor, desde que comenzaron los retrasos la ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana, está sobre el tema en gestiones permanentes con el ente. En rigor, se trata de una jugada de precisión, ya que la Nación tiene muchas obras en Santa Fe y la Casa Gris busca siempre no romper lanzas con la Casa Rosada. Pero los reclamos se vienen haciendo y ahora que la situación se tensó más (con reclamos de la Uocra frente a Assa por despidos en contratistas que están haciendo el acueducto, pero pararon por falta de pagos). No en vano el viernes, la ministra estuvo en contacto con Álvarez.