El gobierno nacional y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) comunicaron este miércoles que alcanzaron un acuerdo que garantice el abastecimiento de aceite de girasol con suba de precios trimestrales que prometen no serán desbocados.

El anuncio se conoce un día después de que el gobierno bloqueara las exportaciones de maíz hasta marzo en un intento por frenar el alza de los alimentos ya que el maíz, que vino subiendo fuerte, es un insumo clave en la ganadería y la lechería con impacto directo en las góndolas.

En concreto, el gobierno -en línea con la decisión tomada con el maíz- avanzaba con la prohibición de exportaciones de girasol. Ante esa amenaza, las industrias pidieron que no se las prohíba ofreciendo como alternativa diagramar un sistema que permitan que las subas de precios sean más controladas y garantizando el abastecimiento.

El Gobierno tiene precios máximos y cuidados desde marzo para el aceite mezcla de girasol y de soja, a pesar de que el precio del girasol tuvo un fuerte incremento internacional (ahora también la soja) que nunca fue trasladado al consumidor local. Como la brecha es superior al 80%, las alimenticias ya no pueden sostener los precios al consumidor.

Y ante el riesgo de quebrantos, el gobierno analizaba prohibir las exportaciones para bajar el precio del girasol y así descomprimir la tensión en las fábricas que trabajan en el mercado internok. Pero el negocio de exportación es más importante para las aceiteras globales  (los grandes traders multinacionales no venden el aceite fraccionado y envasado en el país)  y por eso negociaron un entendimiento con el gobierno.

"Por eso, se acordaron dos compromisos: El Gobierno decidió instrumentar medidas legales para establecer un mecanismo de financiamiento del consumo de aceite de girasol y soja en el mercado interno, que tenga ajustes trimestrales de precios y que busque mitigar efectos negativos", sostuvo Ciara. "De lado de la Cámara,  se evaluarán opciones para que ese mecanismo sea transparente y no distorsione la producción, la exportación y la libre competencia. Todo este esfuerzo se realiza para evitar medidas restrictivas como la que anunciaron en maíz", agregó la entidad empresaria.

En concreto, se tomaron ahora 30 días para diseñar ese mecanismo. En líneas generales, se buscará reflotar el "fideicomiso para el aceite" que se organizó durante el gobierno de Cristina Fernández pero buscando no repetir las distorsiones que generó. Por ejemplo, ocurrió que los grandes consumidores mayoristas de aceites (hoteles y supermercados), cuyos precios estaban libres, terminaban vaciando las góndolas de los aceites en los supermercados con precios controlados generando desabastecimiento para el consumidor minorista.

"Toda restricción a las exportaciones termina desincentivando a la producción y la inversión tecnológica, sea en el maíz, en el girasol o en la soja.Ciara procurará que siempre se logre el abastecimiento al mercado interno", concluyó la organización empresaria.

HISTORIA POLÉMICA

En mayo de 2008, Ciara y del gobierno nacional llegaron a un acuerdo por medio del cual se estableció un régimen de compensaciones a las aceiteras para evitar que se dispare el preci de los aceites comestibles que se financiaría, según menciona el acuerdo, con “aportes que realizarán los exportadores de aceite, pellets, harinas y otros derivados de girasol, soja y biodiesel”. Es decir: los subsidios al aceite eran por cuenta de la propia industria aceitera.

Posteriormente, a fines de junio de 2008, Ciara y el gobierno nacional firmaron un acuerdo denominado “esquema de autocompensación privado” por medio del cual se estableció que el nuevo sistema sería instrumentado por “un fideicomiso privado con control estatal”. En los hechos, el subsidio privado al aceite quedó en manos de las propias industrias oleaginosas (fundamentalmente Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Nidera, Vicentín, Germaíz y Tanoni Hnos).

El acuerdo generó un conflicto con grandes y medianas cadenas de supermercados, cuyos titulares denunciaron en 2008 que los aceites del acuerdo se ofrecían a precios mayoristas tan elevados que recortaban al mínimo el margen del sector supermercadista. La cuestión es que, para que el acuerdo no sea tergiversado en la góndola, las fábricas aceiteras comenzaron a comercializar los aceites con el precio minorista final impreso en la etiqueta. En ese marco los supermercados decidieron dejar de comprar aceite<

Entonces desde el segundo semestre de 2008 hasta fines de 2010 el subsidio quedó a cargo de las propias empresas aceiteras, las cuales se valieron –cada una por su cuenta– de diversas herramientas para intentar transferir el costo del subsidio a los productores (aunque eso no siempre fue posible).

Para 2011 finalmente quedó constituido el fideicomiso operado por un banco privado). A partir de entonces el 1,2% del monto de todas las exportaciones argentinas de poroto de soja y de pellets/harina de soja y de girasol pasan a integrar el “fideicomiso aceitero” por medio del cual se financia el subsidio a los aceites comestibles destinados al consumo interno (en el caso de los pellets/harina, el 1,2% se aplica sobre el volumen de ambos productos medido en equivalente grano. Esta suerte de retención adicional es transferida por los compradores de soja y girasol (traders + industria) a los productores, quienes no advierten el descuento al  tratarse de un recorte del precio de apenas el 1,2%. 

Ese sistema, con todas esas distorsiones, funcionó hasta que el gobierno de Mauricio Macri lo eliminó liberando los precios. Con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, y el impacto del coronavirus, el gobierno puso en marzo precios máximos para el aceite, que ahora volverán a liberarse.