El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, le exigió al directorio de la EPE terminar con la discrecionalidad que existe al elegir qué causa de robo de energía se lleva a la Justicia y cuál mantiene en sede administrativa. Además, le exige a la EPE que las sanciones a quienes roban energía no se agoten en un trámite administrativo, como pasa en la actualidad.
El pedido, por carta, del alto funcionario de la Casa Gris tiene su origen en que tomó conocimiento de un instructivo interno para la radicación de denuncias ante el hurto de energía eléctrica emitido el 25 de noviembre de 2022 por la empresa distribuidora.
“Entiendo necesario rever de inmediato tanto el procedimiento a llevar a cabo luego de la detección de las infracciones -en especial cuando la misma pueda implicar un hurto o robo de energía- así como el convenio firmado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA)- ya que a futuro es esencial evitar una posible discrecionalidad por parte de la EPE en los procesos y, fundamentalmente, tratar al delito como tal, que el procedimiento respectivo no se agote en un trámite meramente administrativo y sea llevado adelante por el sistema judicial, único facultado para juzgar si una acción es penalmente punible”, sostiene la carta de Puccini a al que tuvo acceso Rosario3.
Con fecha del 10 de mayo, el ministro le envió esa carta en la que se queja de la discrecionalidad, lo que abre la puerta al lobby para evitar que un caso llegue o no a Tribunales, ya que no hay criterios estables conocidos de cuando aplicaría esa posibilidad y cuando no correspondería.
Pero además, señala que es insostenible que no exista sanción administrativa de peso para quienes robaron energía, sobre todo, si no se trata de un caso de emergencia social, ya que -hasta ahora- con regularizar la situación se limpia de culpa y cargo al infractor. La energía robada es energía que la EPE pagó a las generadoras, pero que no cobró, por lo cual se producen millonarias pérdidas para la empresa o supone cargar sobre todos los contribuyentes de la provincia que sí abonan el servicio el costo extra.
El gobierno provincial apuesta a sanear las finanzas de la empresa pública. Pero además de buscar eficientizar todos sus procesos internos, hoy muy cuestionados, también apuesta a cuidar sus recursos económicos. Además, busca que la EPE sea parte de un plan de desarrollo económico y no un escollo, como lo es ahora. Además, la idea es que la gestión se acople a los planes de gestión de todo el gobierno, dejando de funcionar, como ocurre en la actualidad, guiada por sus intereses gerenciales y sindicales.
“La regularización técnica, administrativa y económica de los infractores no desplaza el hecho que el accionar constituya un posible delito y en todo caso esto no puede ser -de ninguna manera- determinado por la empresa, sino que corresponde que sea la Justicia quien dictamen al respecto”, dice Puccini en la carta.
“Por ello y con el propósito de tomar conocimiento integral de la situación, es que les solicitó un informe detallado sobre las acciones realizadas por la EPE desde el 10 de diciembre en relación con las denuncias de conexiones ilegales a la red eléctrica”, agrega el ministro.
“En particular, requiero que se proporcione un listado exhaustivo de todas las denuncias recibidas por la EPE durante este período, detallando la fecha de recepción de cada una, la ubicación, dónde se reportó la presunta conexión ilegal y toda la acción tomada a raíz de esta, incluyendo investigaciones realizadas, medias de corrección implementadas, sanciones impuestas (si las hubiere), y en especial cuáles de ellas fueron denunciadas al MPA”, completa Puccini.
